Los lobbies económicos actualizan sus agendas

Las minorías relevan a los nacionalistas en el Congreso ante los grupos de presión.

Si usted tiene un concesionario de coches y está interesado en que desaparezca, al menos temporalmente, el impuesto sobre matriculación; si lo que le quita el sueño a su empresa es el pago trimestral del IVA por las facturas pendientes de cobro o, sencillamente, si aspira a morder mayores subvenciones públicas a costa del I+D+i, refresque por favor su agenda e incluya en su memoria estas siglas: ERC, IU, Coalición Canaria y Nafarroa Bai. Probablemente, le suenan de la primera legislatura de Zapatero, pues fueron sus principales compañeros de viaje hasta el año pasado para escarnio de no pocos diputados socialistas. Sus ventanillas en el Congreso volverán a abrirse de nuevo al público una vez que el PNV, salvo sorpresas, pase a la oposición en el País Vasco y deje de servir al Gobierno en Madrid.

Los resultados electorales del 1 de marzo van a cambiar el paso a Zapatero, a los nacionalistas vascos y también a la tribu de lobbies económicos que pululan por el Parlamento y que, hasta ahora, solían canalizar sus intereses a través del PNV y de Convergència i Unió. Si el acuerdo con los nacionalistas vascos en Madrid se antoja casi imposible en cuanto pasen a la oposición en Euskadi, el pacto con los nacionalistas catalanes que dirige en el Congreso Josep Antoni Durán i Lleida se prevé complicado.

Valgan tres simples citas en el calendario: cierre en las próximas semanas de un nuevo modelo de financiación autonómica que dejará insatisfecha a CiU, sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, que armará el previsible revuelo en Cataluña, y, como colofón, elecciones autonómicas en esta comunidad para el año que viene. Si a ello se le suma el choque entre el componente táctico de Artur Más (Convergencia) y el perfil más lobbista de Durán i Lleida (Unió), las posibilidades de entendimiento se reducen de forma considerable.

Sin el respaldo del PNV y con la desafección de CiU, el Gobierno va a verse obligado a conseguir entre las minorías los siete votos que le hacen falta en el Congreso para sacar adelante sus iniciativas legislativas. En el cambio de cromos y en el pago de contrapartidas para lograr que prosperen la docena de proyectos de ley que ahora se tramitan en la Cámara Baja y los que están por llegar, entrarán en el terreno de juego diputados poco conocidos en Madrid: Joan Ridao (ERC), Joan Herrera (IC-IU), Ana María Oramas (Coalición Canaria), Carlos Salvador (UPN) y Uxue Barkos (Nafarroa). Todos ellos se refugian en el Grupo Mixto, donde cohabitan con otros tres parlamentarios que, como consecuencia del triunfo del PP en Galicia o de la profunda antipatía que provocan en el Gobierno, se situarán fuera del radio de influencia del Grupo Socialista. Se trata de los dos representantes del Bloque Nacionalista Gallego y de la diputada Rosa Díez. Con el retorno de las miradas a las minorías, el PSOE estrena, en realidad, una nueva legislatura en la que encontrará cada vez mayores dificultades para trabar su acción legislativa.

Tanto es así, que alguien con mucha experiencia parlamentaria dentro del PP atisba, incluso, la posibilidad de elecciones generales anticipadas a nada que Mariano Rajoy vuelva a enredarse en la crisis interna que acaban de encerrar entre paréntesis, pese a los escándalos de corrupción, los comicios gallegos.

Abandonos

La inestabilidad en el Parlamento discurre paralela a la del Gobierno, donde no pocos ministros miran ya al verano como estación propicia para abandonar el coche oficial. Si escogiéramos como termómetro de la eficacia la producción legislativa ministerial y no sólo la mera gestión administrativa, saldrían desairados los titulares de once carteras. Todas, menos Economía, Medio Ambiente y Agricultura, Justicia e Interior. Estos cuatro Ministerios son los únicos que en estos momentos tienen en el Congreso proyectos de ley en tramitación, lo que contribuye a alimentar la sospecha de que más de medio Ejecutivo se encuentra desaparecido y ni siquiera se le espera.

Produce cierto escalofrío escuchar a estas alturas a algunos de los máximos responsables del Gobierno admitir en privado que Zapatero se encuentra aún en la fase donde predomina la tormenta de ideas para atajar la recesión económica. El problema, en boca de un alto cargo con responsabilidades ministeriales, no es tanto la carencia de un GPS adosado a La Moncloa para conducir por la crisis, sino, más bien, la falta de una señal clara que permita al grueso del Gobierno transitar por terreno seguro.

Hace dos semanas, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alertaba del peligro de que buena parte de los estímulos fiscales aprobados por el Ejecutivo en el último año, cercanos ya al 2% del PIB, alimenten el ahorro y no lleguen al gasto. Un sector del Gobierno le reconoce a Pedro Solbes el mérito de haber frenado muchas medidas de impulso presupuestario que hubieran terminado por ahogar a España en la deuda.

Margen reducido

Si añadimos que el margen de la política monetaria es ya muy reducido con los tipos de interés casi a cero en no pocos países, la tentación de combatir el riesgo de depresión o de deflación con iniciativas que disparen la inflación vuelve a ser grande. Pero en este debate tampoco hay posiciones nítidas en el Gobierno y al Partido Popular ni siquiera se le encuentra. Hace tres meses, ante la gravedad de la crisis, el PSOE pidió con la boca pequeña un compromiso de Estado a Mariano Rajoy para sacar adelante los Presupuestos.

El líder de los populares, menos sólido que ahora, le respondió con el envío por motorista a La Moncloa de una veintena de recetas económicas que, de haberse aplicado, hubieran reventado la deuda y el déficit público. Con la crisis como principal arma política de la oposición, un acuerdo entre los dos principales partidos para serenar la legislatura y arrimar el hombro se atisba por eso difícil. Vuelve a ser la hora, pues, de las minorías y de actualizar las agendas.