Reenfocando las medidas contra la crisis
Las noticias macroeconómicas y los resultados de las empresas no hacen más que reafirmar la gravedad de la crisis. Hay que señalar que tanto el desempleo como los resultados empresariales son indicadores desfasados de la situación, por lo que los datos que se conocen en la actualidad simplemente pondrían en evidencia la desaceleración económica registrada desde 2007 y el estancamiento de 2008. Pero estos mismos datos señalan un lastre al crecimiento económico en los próximos meses ya que hacen prever que ni las familias ni las empresas vayan a ser proclives al gasto, de consumo y de inversión, respectivamente.
Además, la situación actual no se conseguirá reactivar con la política monetaria porque ya se está viendo que las inyecciones de liquidez no se transmiten a una mayor disponibilidad de crédito, ni barato ni caro, porque las entidades crediticias no están por esa labor. Las empresas tampoco están teniendo fácil obtener financiación: los inversores piden una rentabilidad por concedérsela que no se paga porque, por otra parte, no hay perspectivas de demanda que estimule la producción. La conclusión es que el panorama se presenta bastante inmóvil.
Una de las causas de este estado, aunque no la única, se encuentra en la situación de las entidades crediticias, que hay que calificar, como poco, de incierta y, como mucho, de mala. A pesar de las ayudas de liquidez proporcionadas por los bancos centrales, y las ayudas en formas de garantías a las emisiones o de fórmulas de inyección de capital, estas entidades no han conseguido reanudar su actividad crediticia de forma visible. Esto es una realidad extendida internacionalmente que hace sospechar que los activos malos o problemáticos de los bancos son más que lo que se dijo en un principio. Mientras las entidades tengan problemas con un porcentaje alto de sus activos, evidentemente no van a conceder nuevos créditos.
Algunas de las soluciones planteadas en Estados Unidos abogan por aislar estos activos y, una de dos, dividir los balances bancarios en dos partes -una con los activos saneados y otra con los malos-, o vender los activos malos a una entidad de naturaleza pública creada al efecto. Con estas alternativas, las entidades con balances saneados sí tendrían capacidad de obtener financiación y de dar crédito. No obstante, estas medidas implicarían ser transparente sobre la parte del balance mala, que es algo que las entidades no desean hacer por mucho que haya sido una recomendación de los organismos internacionales.
La situación actual señala varias evidencias. En primer lugar, es obvio que la situación financiera condiciona, o casi impide, que se generen impulsos para la recuperación económica y que, por tanto, constituye un objetivo prioritario restaurar la normalidad. Por otro lado, parece intuirse que las entidades crediticias van a ir mostrando sus problemas y necesidades de capital de forma gradual, lo que implica que las medidas sobre este tema pueden tener que repetirse varias veces. En Reino Unido han aprobado nuevas medidas, en Estados Unidos van a aprobar un segundo plan TARP y no es descartable que esta iniciativa se siga por otros países.
También parece evidente que mientras que las entidades tengan partes sustanciales de sus balances con activos problemáticos, el crédito nuevo se va a conceder con cuentagotas. Si los Gobiernos desean condicionar las ayudas de capital a la concesión de crédito, tal vez se deba pensar en desempolvar los coeficientes de inversión obligatoria, que son una vuelta atrás en la intervención, pero que al menos es una fórmula clara.
Por último, es evidente que debe haber un replanteamiento de la política fiscal. Por una parte, la crisis aconseja medidas presupuestarias y fiscales para estimular la demanda pública, lo que aumenta el déficit público. Por otra parte, las medidas de ayudas financieras se traducirán también en aumento de la deuda pública. Y no hay que olvidar los compromisos de gasto por futuras pensiones de la población.
Con todo, puede que las previsiones de déficit y deuda se queden cortas. Las previsiones publicadas por la Comisión Europea anticipan que en el área euro el déficit público pasará del 1,7% del PIB en 2008 al 4,4% en 2010 y la deuda pública del 68,7% al 75,8% en el mismo periodo. En el caso de Estados Unidos el déficit se prevé que ascienda al 10% del PIB en 2009 y lo supere en 2010. Al final, también correremos el riesgo de que las necesidades de financiación pública limiten la financiación privada, el olvidado efecto crowding out.
Nieves García-Santos. Economista