Una experiencia fructífera
El modelo de legislación laboral que recibimos en 1980 -y en cuyas sucesivas reformas pude participar, primero como dirigente de UGT y posteriormente como ministro de Trabajo y Seguridad Social- era básicamente herencia del viejo sistema franquista. Un derecho construido en torno a un único paradigma de empleado y de relación laboral, con una muy escasa preocupación por fenómenos entonces incipientes pero llamados a tener un largo recorrido como la incorporación en igualdad de la mujer al mercado de trabajo; la conciliación de la vida laboral o familiar o la formación y la empleabilidad de sus trabajadores.
Tampoco resultaba más esperanzadora la visión que ofrecían los aspectos colectivos. El Derecho del Trabajo que heredamos era un modelo que se caracterizaba por su alta conflictividad y su excesiva judicialización; en el que brillaban por su ausencia sistemas extrajudiciales eficaces; donde la negociación colectiva era igualmente rígida y formalizada, y en la que se infravaloraba su vertiente de gestión y de vehículo de participación permanente de los empleados.
Además, la negociación colectiva adolecía de unos contenidos ciertamente limitados y centrados casi exclusivamente en una rígida y detalladísima clasificación profesional, en cuestiones salariales o de tiempo de trabajo. Y todo ello en un marco en el que las políticas activas de empleo eran un elemento prácticamente desconocido. Frente a este modelo, el actual marco normativo, convencional y de Seguridad Social, se nos muestra como un instrumento que, con sus inevitables insuficiencias, no sólo nos ha permitido modernizar nuestro sistema de relaciones laborales, sino también lograr unas cotas de actividad y de ocupación desconocidas. El diálogo social ha permitido así modernizar todo este aparato, otorgando un marco lo suficientemente flexible dentro de la necesaria seguridad.
El actual modelo laboral se sustenta sobre organizaciones responsables, de amplísima implantación social, y que en estos últimos decenios ha apostado claramente por la formación y por la empleabilidad. Y todo ello en un marco en el que la negociación colectiva ha pasado a asumir un papel fundamental, convirtiéndose en auténticos pactos por el empleo, en la lucha, no sólo por el empleo de calidad, sino también por una prevención dialogada y plenamente inserta en la gestión de la empresa. Un Derecho del Trabajo que ha establecido, en definitiva, un sistema de relaciones laborales dinámico, en el que se han sabido implantar auténticos medios extrajudiciales de solución de conflictos, y en el que Pactos Sociales como el reciente Acuerdo para la Mejora y el Crecimiento del Empleo han sido destacados por la propia Comisión Europea como un ejemplo. En Andalucía, entretanto, hemos logrado que la concertación social se convierta en el rasgo identitario de nuestro sistema de relaciones laborales
Soy partidario de continuar en esa labor constante de ajuste, mejora y desarrollo de nuestra legislación laboral a través del diálogo social permanente. Pero desde luego lo que debemos rechazar es que haya sido esta misma normativa, su teórica inadecuación, la causa directa de una crisis cuyas raíces deben ser buscadas y, no se olvide, atajadas en otra parte.
El impacto que la actual crisis financiera está teniendo sobre nuestro mercado de trabajo ha motivado que renazcan voces que plantean la posibilidad de utilizar reformas estructurales de la normativa social como vía para paliar los efectos de la crisis.
Me limitaré a apuntar tres ideas fundamentales. En primer lugar, es necesario desmitificar el papel que las posibles reformas normativas del marco laboral pueden tener sobre la creación neta de empleo. Sin desmerecer su importancia a largo plazo, o para determinados colectivos específicos, hoy parece obvio que la creación neta de empleo depende básicamente de otros factores económicos y productivos que son, sin duda, los que deben ser abordados prioritariamente en este momento. La adecuación de la normativa laboral puede ayudar, pero sólo eso.
En segundo lugar, estos momentos de crisis no deben hacernos olvidar que tan importante como la creación de empleo es el sostenimiento de los niveles de cohesión social alcanzados. Cada reforma debe ser objeto de reflexión pausada, valorando no sólo las necesidades más ingentes, sino también otras cuestiones fundamentales que van desde la superación de retos como el envejecimiento de la población y su repercusión sobre nuestro sistema de protección social, hasta la necesidad de potenciar la formación a lo largo de toda la vida o la I+D+i empresarial, como vehículos clave para potenciar la empleabilidad y la productividad de nuestras empresas.
Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, no debemos olvidar que las decisiones nunca deben adoptarse desde la unilateralidad sino desde el diálogo con todos los agentes económicos y sociales; nunca desde la precipitación sino desde la reflexión y la experiencia histórica, con el objetivo de evitar efectos indeseados a largo plazo y dotar de eficacia y legitimación a las acciones que se implanten.
Manuel Chaves González. Presidente de la Junta de Andalucía y ex ministro de Trabajo y Seguridad Social (1986-1990)