Crisis, recesión y medidas
Para evitar que la crisis se profundice aún más se requieren medidas de efecto rápido, sostiene la autora. Por ello, dado que no es fácil inducir de forma indirecta al sector privado a llevar a cabo programas de gasto y de producción, lo más lógico es, en su opinión, que sea el Estado quien directamente los realice
De la discusión sobre la naturaleza, origen, propagación y soluciones a corto y medio plazo de la crisis financiera se ha pasado al diagnóstico y recetas sobre la situación de la economía real. Así, por un lado, algunos autores señalan que existe un peligro claro de deflación, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, otros consideran que la evolución de la inflación está muy influida por los precios del petróleo y que es posible que se produzca una reacción en sus países productores. Existen, por otro lado, distintos puntos de vista sobre si estamos en recesión, o en sus puertas, y sobre cuándo y cómo se producirá la salida.
Las medidas a aplicar son también motivo de controversia. Por un lado, en el caso de Estados Unidos especialmente, hay economistas que recomiendan que se haga 'cualquier cosa', incluso medidas que pueden 'parecer locura' con tal de evitar la recesión. Así se explican las inyecciones amplias de liquidez, extensibles a entidades fuera de la órbita de la Reserva Federal o las ayudas a ciertos créditos personales o el planeado rescate de la industria automovilística. Sus medidas de ayuda suponen un 6% de su PIB. En el lado opuesto asistimos a la actitud cautelosa de muchos Gobiernos europeos, cuyo paradigma es el caso alemán.
La Unión Europea ha propuesto un plan de estímulo de 200.000 millones de euros para evitar la recesión, de los cuales 170.000 procederían de los 27 países y los 30.000 restantes de la Comisión y del Banco Europeo de Inversiones. Estas medidas suponen sólo un 1,5% del PIB de la Unión. La idea es acelerar programas de gasto ya previstos. No obstante, el plan debe ser respaldado a mediados de diciembre por los ministros de Economía y por los presidentes de Gobierno y existen dudas sobre ello. De hecho, la canciller alemana Angela Merkel parece que apoya que las medidas de estímulo sean modestas porque argumenta que podrían dedicarse a incrementar la ya de por sí elevada tasa de ahorro alemana.
La actitud de Alemania en la crisis no se caracteriza por su efectividad, pero tampoco sirve para reforzar su papel político en el mundo. La semana pasada Merkel declaró que la política monetaria de Estados Unidos supone inundar el mundo de dinero barato, lo que implica plantar una semilla para que ocurra una crisis similar en cinco años. Aunque pueda existir algo de lógica en esta idea, resulta sorprendente su expresión pública dado que uno de los elementos que ha contribuido al deterioro de la confianza de los mercados ha sido la descoordinación de las autoridades económicas, cuestión en la que la mandataria alemana ya tiene antecedentes en el anuncio por sorpresa de la elevación del fondo de garantía de depósitos. Posteriormente su ministro de Economía expresó el rechazo a la propuesta de la Comisión Europea por no desear cubrir un cuarto de su coste. Además, reforzó la imagen de ausencia de empatía político-económica al afirmar que esperarían a ver el efecto de estímulo de las políticas de los demás países sobre las exportaciones alemanas.
La necesidad de evitar una recesión económica que complique la dificultosa resolución de la crisis financiera aconseja tomar medidas fiscales que tengan efecto de forma rápida. Parece difícil que las medidas de estímulo monetario sean efectivas, cuando existen problemas en su canalización hacia el crédito dado que las entidades bancarias no acaban de restaurar su normal funcionamiento. Las alternativas fiscales pueden variar desde reducciones impositivas sobre la renta o sobre el consumo hasta programas de gasto público.
El temor de que los estímulos fiscales se destinen a incrementar el ahorro encuentra cierta justificación. Es muy lógico que las medidas de rebajas fiscales se destinen al ahorro y no al consumo dada la incertidumbre existente sobre la evolución del empleo, las expectativas de reducción de la inflación, o incluso de deflación, y dado que no hay que olvidar que la población en los países desarrollados tiene una edad media elevada, lo que aumenta su propensión a ahorrar en cualquier circunstancia y más en la actual.
Todo ello hace que tengan plena justificación las medidas directas de gasto público y, dada la necesidad de actuar con prontitud, parecen muy sensatas las que impliquen el adelantamiento de planes ya previstos o la aceleración de gastos necesarios. La necesidad de evitar que la economía entre en recesión requiere medidas y dado que no es fácil inducir de forma indirecta al sector privado a llevar a cabo programas de gasto y de producción, lo más lógico es que sea el Estado quien directamente los realice.
Nieves García-Santos. Economista