EE UU nacionaliza parcialmente a la banca para dinamizar el crédito
El secretario del Tesoro reunió el lunes en Washington a los responsables de la gran banca de EE UU para informarles de que el Estado se convertiría en su accionista y que no era una opción que pudieran rechazar. Ayer, el Tesoro desveló esta inyección de capital que llegará a otras entidades, entre otras medidas, para dinamizar el crédito. Recapitalizar, y de hecho nacionalizar parcialmente, costará 250.000 millones de dólares de los 700.000 del Plan Paulson.
Henry Paulson ha dado un importante volantazo. El secretario del Tesoro dijo hace aproximadamente un mes que no era partidario de inyectar capital a la banca al defender su plan de comprar activos ilíquidos. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, uno de los más importantes estudiosos de la Gran Depresión, sí que favorecía esta medida al igual que lo hacían un buen número de académicos y economistas. Ayer, y después de que varios países de la zona euro aprobaban estas inyecciones, Paulson, reescribió el guión de su propio plan, el TARP (programa de compra de activos con problemas, en sus siglas inglés). Paulson anunció que el Estado invertirá los primeros 250.000 millones de dólares (unos 183.000 millones de euros) con los que está dotado el TARP en comprar acciones preferentes de miles de entidades bancarias.
Los primeros 150.000 millones de dólares se invertirán en acciones preferente sin derecho a voto, en los ocho primeros bancos del país a los que el lunes se les extendió esta propuesta sin derecho al rechazo. Al invertir en varias firmas a la vez y del tamaño y la influencia de las elegidas, no solo se trata de engrasar la maquinaria de los mayores bancos sino que también se retira el estigma que conlleva semejante acción, máxime en un país tan comprometido con el libre mercado como EE UU. A continuación, se invertirá en el resto en la banca mediana y pequeña que lo solicite antes del 14 de noviembre. 'El objetivo es restaurar la confianza y la estabilidad en nuestro sistema financiero y que el crédito vuelva a fluir de nuevo', dijo Paulson.
En concreto, el Gobierno invertirá 25.000 millones en Bank of America (con Merrill Lynch), Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo (y Wachovia). Para Morgan Stanley y Goldman Sachs reserva 10.000 millones para cada uno, para Bank of New York 3.000 y 2.000 más para State Street. Según calculó Moody's, los 250.000 millones equivalen aproximadamente 'al 25% de la totalidad del capital en acciones en el sistema bancario estadounidense'. Con la emisión de nuevas acciones preferentes en favor del Estado, la participación pública en Bank of América sería del 16%, en JP Morgan del 15,4% y en Morgan Stanley del 20%. Paulson advirtió que 'este dinero no es para acumularlo, es para ponerlo a trabajar' y señaló que la mayoría de los bancos de EE UU están sanos y bien capitalizados.
La fórmula será siempre la misma. El Estado comprará acciones preferentes que no diluyan la participación del resto de los accionistas y que no tienen derecho a voto más que en situaciones extremas. Los contribuyentes también tendrán derecho a warrants para acciones comunes. A cambio, y durante los próximos cinco años, recibirá un dividendo del 5% que se elevará al 9% si el banco sigue contando con la participación del Estado que puede vender a un tercero en cualquier momento. Los bancos intervenidos, además tienen que aceptar límites en las compensaciones de sus directivos y eliminar los llamados golden parachutes (paracaídas dorados) que aseguran despidos millonarios. Según Paulson, las medidas son 'amplias, potentes y transformadoras'.
El secretario del Tesoro reconoció, ayer que a la mayoría de los americanos 'el hecho de que el Gobierno tenga una participación en una compañía privada les parece objetable, a mi también'. No obstante, señaló que la alternativa de dejar a las empresas y a los consumidores sin acceso a la financiación es 'totalmente inaceptable'. Poco antes, el presidente George Bush, consciente de la impopularidad de estas ayudas, aclaraba que están diseñadas 'para el beneficio directo de los americanos ya que el objetivo es estabilizar el sistema financiero ayudando a que la economía mejore'. 'Estas medidas', explicó Bush, 'no están destinadas a controlar el libre mercado sino a preservarlo'.
El Estado mantendrá su plan de invertir parte del dinero que aún tiene a su disposición en esta legislatura, unos 100.000 millones, para comprar activos ilíquidos, el plan que tanto defendió Paulson. Mark Gertler, profesor de economía de la Universidad de Nueva York y coautor con Bernanke de numerosos estudios explicaba ayer a CincoDías que mantener esta otra parte del plan es una 'combinación buena'.
Gertler decía que hay tres razones para considerar este plan mejor que el inicialmente propuesto de comprar activos. 'La primera es que era muy difícil conseguir el precio correcto para la compra de activos sin mercado. La segunda es que con la inyección de capital el Gobierno se compromete con la labor del banco y una tercera es que ha funcionado antes'. Concretamente durante la Gran Depresión.
Además de la toma de participaciones, el Estado garantizará la nueva deuda que se emita por parte de los bancos en los próximos tres años, una medida destinada a garantizar la confianza en el mercado interbancario. Por otro lado, el FDIC, Fondo de Garantía de Depósito, ofrecerá una garantía ilimitada a las cuentas bancarias sin intereses. Con este seguro y el de la cobertura de 250.000 dólares acordada en el TARP, se quiere transmitir tranquilidad a las empresas que tienen en este tipo de cuentas el capital para sus operaciones corrientes. De esta manera, se evita también que haya una fuga de capitales a bancos europeos que si tengan esta garantía. Adicionalmente, la Fed dijo ayer comenzará a comprar comercial paper (deuda a corto) en dos semanas.
Con estas medidas, EE UU se pone a la altura de los gobiernos europeos. El presidente, que ya ha habla frecuentemente de cooperación y coordinación se reunirá el sábado con su homólogo francés y presidente del Consejo Europeo, Nicolás Sarkozy y el presidente de la Comisión José Manuel Barroso.