Presupuestos y empleo

Si tuviéramos que resumir en una palabra, aun arrostrando el riesgo de simplificación que ello comporta, la orientación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado desde el punto de vista del empleo, podríamos decir que son los presupuestos de la resignación. Las cosas vienen mal dadas, tendremos un crecimiento del desempleo, y por tanto habrá que prever recursos económicos adicionales para afrontar el pago de las prestaciones correspondientes, que, como no podrán ser financiadas con las aportaciones de empresarios y trabajadores, tendrán que recibir también la aportación del Estado. Y ya vendrán tiempos mejores.

No podemos decir que estemos ante unos presupuestos que encaren con decisión la situación económica de crisis y que, dentro de sus posibilidades, establezcan medidas no sólo para combatir sus efectos sino también para evitarlos. Bien es verdad que los presupuestos constituyen una planificación anual de la economía y que muchas de las medidas que resultan necesarias sólo pueden desplegar sus efectos a medio y largo plazo (como sucede, por ejemplo, en el terreno educativo). Pero precisamente por eso son más urgentes.

Llama la atención el raquítico crecimiento de las partidas dedicadas a educación, cuando el problema formativo, a todos los niveles (lejos de esa milonga ridícula de que estamos ante la generación joven mejor formada de la historia de España), es uno de los principales escollos con que nos encontramos a la hora de garantizar un crecimiento económico sostenible y un empleo estable y de calidad.

Y también llama la atención el escaso esfuerzo inversor en infraestructuras (cuyo crecimiento presupuestario es similar al de la protección del desempleo) y en investigación y desarrollo. La obra civil es intensiva en capital, y por tanto no basta de por sí para paliar el aumento de la desocupación, pero constituye un presupuesto necesario para el despegue económico. Y la investigación y desarrollo es nuestra eterna apuesta pendiente, sin la cual no podremos aspirar a competir con las economías más avanzadas.

Por otra parte, las partidas sociales que más crecen, las dedicadas a vivienda y a la atención de la dependencia, lo hacen partiendo de niveles de gasto muy bajos, por lo que siguen muy lejos de poder conferir un carácter auténticamente social a los presupuestos.

Si a todo ello unimos un aumento de la presión fiscal y una irrelevante reducción del gasto público, sin un mínimo esfuerzo significativo de austeridad, el panorama resultante es el de unas cuentas públicas continuistas, que parecen renunciar a las necesarias medidas de reactivación de una economía cuyas dificultades se consideran implícitamente transitorias y reversibles por sí mismas. No se creerá en la mano oculta del mercado, pero sí que parece creerse en la mano oculta de alguna providencia que nos haga superar las turbulencias y recuperar el esplendor perdido, sin tener que hacer ningún gasto para ello.

En lo que se refiere en concreto al empleo, casi no hay nada más que una potenciación, obligada por lo demás, de las políticas pasivas. Pero casi nada en el terreno de las políticas activas. Es cierto que muchas de las reformas estructurales que resultan necesarias no pueden afrontarse en la Ley de Presupuestos, tras los límites fijados por la doctrina constitucional en cuanto al alcance y contenidos posibles de la misma. Y es cierto también que la negativa evolución actual del empleo no proviene exclusivamente de la coyuntura, en particular de la caída de la construcción y de los sectores productivos asociados a ésta.

La crisis económica no es la única causa, en contra de lo que en muchas ocasiones, superficialmente, se da por sentado, de la destrucción de empleo y del aumento del desempleo. Existen causas estructurales, ajenas a la coyuntura, que hacen que el proceso de deslocalización de actividades no esté todavía culminado entre nosotros. Muchos de los procesos actuales de ajuste de empleo traen su causa de situaciones anteriores a las generadas con el desencadenamiento de la crisis. Y, por eso, resultan exigidas reformas estructurales, cuya adopción excede con mucho de las posibilidades de la norma presupuestaria.

Eso no debería impedir, sin embargo, unos presupuestos más atentos a las condiciones necesarias para la creación de empleo. Lo que podría definir el verdadero carácter social de los presupuestos no es el aumento de las partidas dedicadas a la protección del desempleo, sino la apuesta por aquellas que pueden evitarlo y fomentar la creación de empleo. Y, en ese sentido, la atención a los instrumentos de inserción en el mercado laboral, a los procedimientos de recolocación y a la formación a lo largo de toda la vida, no es, sin duda, la que debería ser.

Hubiera sido necesaria además una reducción de la carga fiscal y de las contribuciones sociales, una ejemplaridad en la revisión de las retribuciones de los funcionarios (el Gobierno no practica el santo temor al déficit, pero sí el santo temor al conflicto), y una mucha mayor austeridad en el gasto público. No es admisible que sigan existiendo tantas partidas inútiles o meramente clientelares en todas las Administraciones, y particularmente en la autonómica y local. La defensa habitual de que no vale la pena centrarse en ellas, porque son el chocolate del loro no es de recibo. Con la que está cayendo, el loro no tiene derecho a chocolate.

Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues