Un impulso moderado
Presupuestos Generales del Estado El Gobierno presenta la próxima semana su proyecto de cuentas públicas para el año que viene, el primero elaborado en la actual crisis económica. Restricciones en el gasto o impulso anticíclico son las dos opciones contrapuestas a la hora de configurar el texto
El momento esperado está al llegar: la semana que viene, el vicepresidente del Gobierno Pedro Solbes presentará en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2009. Unas cuentas públicas sobre las que existe una inusitada expectación, debido a que se trata de las primeras realizadas con pleno conocimiento del brusco deterioro de la economía española e internacional.
El parón está siendo mucho más brusco de lo esperado, porque al previsible estallido de la burbuja inmobiliaria interna se ha unido el descalabro financiero internacional, que está poniendo en solfa las cuentas de las grandes potencias de Europa y América. Las patronales de la construcción reclaman al Ejecutivo que 'no tenga miedo' a incurrir en déficit a costa de conceder 'ayudas coyunturales' para contener la caída en picado del sector, argumentando que esto sería más barato que 'subvencionar el desempleo'. Es sólo un ejemplo de por dónde va el debate presupuestario, y lo que cabe esperar de las enmiendas que los grupos parlamentarios vayan presentando al texto gubernamental. La cuestión es saber hasta qué punto las cuentas de 2009 deberán seguir por el camino de la expansión anticíclica o tendrán que caracterizarse, más bien, por el conocido como ajuste del cinturón.
El principal grupo de la oposición, el Partido Popular, mantiene una apuesta clara por esta segunda opción y reclama que el incremento del gasto público no supere el 2% en 2009. El equipo económico popular sostiene que la receta ya funcionó con el primer Gobierno de Aznar, a partir de 1996: entonces, el control del gasto apuntaló la salida de la crisis y abrió paso a una estabilidad macroeconómica que posibilitó la entrada de España en el selecto grupo de fundadores del euro. Sin embargo, cabe matizar que en aquella etapa se partía de niveles de déficit público sangrantes, mientras que ahora se parte de tres ejercicios consecutivos de superávit. Las situaciones, pues, no son iguales.
En las filas gubernamentales la postura no es tan unívoca. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado una congelación salarial para los altos cargos de la Administración, aunque en paralelo recalca que no habrá recortes en el gasto social. Incluso, ha avanzado que las pensiones mínimas seguirán creciendo por encima de la inflación. El responsable de Economía, Pedro Solbes, ha reconocido que actúa de cortafuegos ante las peticiones de gasto del resto de los ministerios, de forma incluso más acusada que en años anteriores. Todos tienen propuestas brillantes para ayudar a salir de la crisis, aunque el titular de la llave de la caja desconfía.
Una de las claves del dilema parte de la corriente de la teoría macroeconómica que se tome como referencia. Mientras el pensamiento liberal aboga por un control exhaustivo del déficit público, el modelo keynesiano afirma que el desequilibrio presupuestario debe tolerarse en aras a la capitalización de la economía y como elemento contracíclico en las fases bajas de la actividad económica. Numerosos analistas se decantan por esta opción, dado que la economía española sigue presentando lagunas graves en términos de capital humano y tecnológico. Así, invertir en educación e investigación se presenta como una forma de impulsar el próximo ciclo alcista y, sobre todo, de lograr que éste sea más sano y tenga menos desequilibrios que el ciclo recién finalizado. Por otro lado, no cabe duda que los llamados 'estabilizadores automáticos' actuarán en las cuentas del próximo año de forma expansiva sobre la debilitada actividad. El fuerte aumento del desempleo está encareciendo ya la factura del paro para el Gobierno, en tanto que la atonía económica afecta y afectará aún más a la recaudación impositiva. Dos movimientos difícilmente limitables, salvo con un alto coste social complicado de asumir políticamente, que llevan a un incremento del gasto neto del Estado claramente contracíclico.
La actuación de los estabilizadores y las necesidades inversoras son poco discutibles, aunque el aumento global del presupuesto se enfrenta con la cruda realidad del deterioro de las condiciones económicas. Las previsiones de organismos internacionales y centros de análisis se corrigen cada pocas semanas, e invariablemente a la baja, a la vista de la sucesión de datos macroeconómicos e indicadores de confianza menguantes. La crisis financiera global, que estalló hace poco más de un año al otro lado del Atlántico, está lejos de señalar un apaciguamiento de las aguas. Sin ir más lejos, la semana pasada trajo consigo el fin de Lehman Brothers (la mayor bancarrota de la historia) y la venta de Merrill Lynch, dos de los principales bancos de inversión del planeta.
El Gobierno mantiene oficialmente sus previsiones de crecimiento en el 1,6% para este año y en el 1% para el próximo, aunque oficiosamente habla de un 0,4% para 2009. La Comisión Europea estima que España estará en recesión a finales de año. El equipo de Solbes sigue situando en la segunda mitad del año próximo la salida de la crisis, aunque la mayoría de los analistas la retrasan a 2010. El momento del punto de inflexión es muy relevante, porque puede indicar hasta qué punto puede asumirse déficit presupuestario. Solbes ya ha trasladado a la oposición que en 2009 será del 2%.
Aunque siempre cabe margen de mejora, lo cierto es que la economía española ha aprovechado la inusualmente larga fase expansiva de la actividad (desde 1994 hasta 2007) para poner coto a lo que solían ser endémicos desequilibrios en sus cuentas públicas. Los niveles de déficit cercanos al 6% fueron reduciéndose año a año, hasta que, desde 2005 hasta 2007, el conjunto del Estado logró superávits.
Eso significa, sencillamente, que el sector público gastó menos de lo que ingresó, de modo que pudo ahorrar para cuando las cartas viniesen mal dadas en forma de reducción de deuda. El momento ha llegado, y la rebaja fiscal de 400 euros (que ha costado a las arcas 6.000 millones de euros) es una de las medidas de estímulo de la economía decididas por el Gobierno. En realidad, significa devolver a los ciudadanos parte del dinero que se recaudó de más en los años del superávit. Se puede discutir su utilidad económica, pero la medida tiene un componente de equidad evidente.
La cuestión que se dilucida a partir de la próxima semana es en qué medida puede la Administración seguir ayudando a la economía, sea elevando el gasto o recortando impuestos. El límite de déficit en el 3% del PIB que señala el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea parece una buena referencia, porque es de sobra conocido que el descontrol de las cuentas se paga con el tiempo. Sin embargo, no sería justo que un país que ha hecho los deberes durante muchos años renunciase en tiempos de vacas flacas a hacer uso de su política fiscal como estímulo económico.