¿Adónde van las finanzas públicas?

Para intentar vislumbrar por dónde puede ir el proyecto de Presupuesto del Estado para 2009 es necesario analizar el entorno económico en el cual dicho Presupuesto va a desenvolverse.

Para el próximo año, Funcas ha previsto que continuará la caída de la actividad económica, situando el crecimiento del PIB español en el -0,5%, con una tasa de paro de 14,8% (en 2008, del 11,3%) y un déficit público del -2,4% (0,6% en 2008). Con este entorno macroeconómico de Funcas, la política pública manifestada por el presidente del Gobierno es que no sólo no habrá ni un solo recorte en las prestaciones de la protección social, sino que inclusive algunas de ellas tendrán una subida por encima del índice de precios al consumo.

En cuanto a medidas para impulsar la salida de la crisis, considera el Gobierno que las adoptadas son suficientes. En el periodo de recesión en que nos encontramos, creo que debe primar la eficiencia a través de medidas que aumenten la productividad, pues sin ella la política de aumento de los gastos sociales no será sostenible. Pero la ganancia de productividad sólo se conseguirá a través de medidas de ajuste que a veces son dolorosas y, como dice el profesor Schiller, los políticos prefieren que las generaciones presentes, que son las que votan, cobren sus pensiones, reciban la sanidad gratuitamente y puedan disfrutar de otros servicios gratuitos, imponiendo cargas a futuras generaciones a través de los déficit, cuya financiación se efectuará con los impuestos que pagarán estos últimos.

El problema que tiene la economía española es que la demanda interna de vivienda y de consumo experimentaba tan altas tasas de crecimiento que el ahorro interno era incapaz de financiar, y hubo que acudir a préstamos del exterior. Pero esto se ha acabado, tanto por causas internas como externas, y el problema es que si queremos salir de la crisis, que el paro no siga aumentando y se recupere el crecimiento del PIB, no queda otro camino que sustituir la disminución de la demanda interna que hemos tenido por un aumento de la demanda exterior.

Pero esto no se resuelve por decreto, sino por una mejora en la eficiencia de los procesos productivos y de los factores de la producción, que hará posible una mejora de la productividad y, por tanto, que seamos competitivos frente a otros países, aumentando las exportaciones y disminuyendo las importaciones, pero no por caída del crecimiento, sino por incremento de la productividad.

La mejora de la productividad puede conseguirse tanto con medidas que no incidan en el Presupuesto como con decisiones que sí tienen repercusiones presupuestarias. Entre las primeras podemos citar: la reforma del mercado de trabajo y la liberalización de los mercados de bienes y servicios.

Con relación a la primera, el Gobierno ha dicho que se estará a lo que acuerden los agentes sociales (sindicatos y empresarios), lo cual quiere decir que nada se conseguirá respecto a sustituir que los salarios se indexen con la inflación por una relación con la productividad de cada empresa, es decir, interesar a los trabajadores en el aumento de la productividad.

También la rebaja del coste del despido al nivel de la media comunitaria dará lugar a un incremento de la contratación de trabajadores fijos, ya que las empresas estarían interesadas en la mejora de la formación de sus trabajadores, lo que incidiría en un aumento de la productividad, sin que afectara al Presupuesto. La liberalización de los mercados de bienes y servicios aumentaría la competencia y por tanto la productividad, eliminando las trabas de 17 mercados regionales creados por las comunidades autónomas.

Las medidas que aumentan la productividad, pero que tienen incidencia presupuestaria, son las inversiones en educación, investigación, desarrollo e innovación, que a juicio de la Comisión Europea deben aumentarse. Nuestra educación es de calidad ínfima, como han puesto de manifiesto los informes PISA de la OCDE y el más reciente, que sitúa a España a la cola de los países de la OCDE. Los alumnos españoles son incapaces de transformar información en conocimiento, éste en innovación y ésta en crecimiento, y en la economía moderna tal posibilidad depende del capital humano y del capital tecnológico, pero es necesario que la gestión de estos factores se efectúe con eficiencia. La reforma de todo el proceso productivo de la educación y de la I+D+i y su conexión con las necesidades de las empresas es imprescindible, justificaría una fuerte asignación de recursos a estas partidas.

Por último, la reforma de la Administración pública, con el objetivo de ganar eficiencia, debe ser una tarea inmediata, suprimiendo estructuras administrativas desorbitadas y el crecimiento continuo de funcionarios. Un fuerte ajuste en el gasto de funcionamiento de los servicios públicos es necesario (personal y compra de bienes y servicios corrientes) y en subvenciones, que últimamente han proliferado sin justificación alguna.

Un Presupuesto expansivo para ayudar a salir de la crisis tiene sentido; sin embargo, que el Presupuesto tenga un fuerte déficit para aumentar de forma descontrolada el gasto social no haría más que agravar los problemas.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid