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Trabajo

Los empresarios reclaman castigar el absentismo laboral

Una de cada tres empresas considera que el absentismo laboral está incidiendo de forma negativa en su productividad. Por ello piden que se introduzcan cláusulas en los convenios para penalizarlo y que las mutuas se hagan cargo de gestionar las bajas cuando éstas superen el 3% de la plantilla.

La productividad se ha convertido en la asignatura pendiente de las empresas en España. Y las compañías lo achacan al fuerte crecimiento del absentismo en el trabajo, al aumento de los costes laborales y a la falta de adecuación entre la demanda y la oferta de trabajo. Así queda reflejado en el informe sobre crecimiento y productividad, presentado ayer por el Instituto de Empresa Familiar (IEF), en el que se adelantan 50 propuestas para mejorar este indicador.

Para su elaboración, el IEF realizó una encuesta en marzo entre sus 100 socios (cuya facturación equivale al 16% del PIB en España) para conocer cuáles eran los principales problemas que encontraban para lograr mejoras de productividad. Y el primero, sin duda, es el absentismo laboral. Cuatro de cada diez encuestados considera que la falta del trabajador en su puesto es el primer factor que lastra la productividad y que el absentismo supera el 6% en uno de cada tres casos.

Por ese motivo, solicitan que sean las mutuas laborales, 'más objetivas y con mayor capacidad', según Fernando Casado, presidente del IEF, las que se encarguen de dar las altas y las bajas cuando el nivel de absentismo supere el 3% de la plantilla. Además, reclaman elementos correctores para luchar contra el absentismo, como la introducción de cláusulas en los convenios colectivos que lo penalicen o una reducción de dos puntos en la aportación a la Seguridad Social de las empresas siempre y cuando consigan reducir el absentismo por debajo del 1%.

El segundo gran problema detectado por el IEF es el aumento de los costes laborales, que afecta al 33% de los encuestados. A la tradicional petición de que los salarios se liguen a la evolución de la productividad y no a la de la inflación, los empresarios piden que el coste de las medidas para la conciliación laboral y familiar (permiso de paternidad, maternidad, ayuda a dependientes o concentración de jornadas laborales) no recaiga en exclusiva sobre ellos. Por este motivo, solicitan una deducción anual de cuatro puntos en la aportación a la Seguridad Social de la empresa por cada trabajadora embarazada y por cada cónyuge de mujer embarazada.

La escasa formación práctica y la poca relación de la Formación Profesional con el mundo empresarial centran gran parte de las críticas. A su juicio, es necesario prestigiarla y para ello se propone un pacto nacional para que el presupuesto para educación crezca al menos una décima más por encima de la variación anual del PIB. Los empresarios también apuestan por aprobar un plan de incentivos, de tal manera que las familias puedan deducirse 1.000 euros al año por cada miembro que curse FP.

Coste cero para el registro de patentes

España invierte poco en I+D. En 2006, último dato disponible, el gasto se elevó al 1,2% del PIB, la mitad que en la Unión Europea y aún lejos del objetivo fijado para 2010 (el 2% del PIB). Conscientes del retraso de España, los empresarios reclaman incentivos fiscales para que se eleve de forma sustancial esa partida y se logre un impulso definitivo al registro de patentes. En el documento piden la creación de una tarifa especial de 'coste cero' para el registro de patentes (el coste medio para una patente en Europa puede llegar a alcanzar los 2.000 euros) que tengan como objetivo alguna aportación a los proyectos recogidos en el Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Los empresarios también reclaman libertad para poder amortizar fiscalmente los equipos de media y alta tecnología que adquieran.

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