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Columna
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Recesión y déficit

Carlos Sebastián

Debemos preocuparnos porque las cuentas públicas hayan pasado de registrar un superávit a tener un déficit? ¿Debemos preocuparnos por la velocidad a la que se está deteriorando la actividad económica? ¿Qué medidas deberían adoptar las autoridades económicas?

Sí que existen muchos motivos para estar preocupados por la evolución de la economía. Ninguno, realmente, por la marcha de las cuentas públicas. Es más, sin que esto pueda ser interpretado como una llamada al despilfarro, constituiría una mala señal la presencia de un superávit en un estado recesivo. Un pequeño ejercicio aritmético pone la cuestión en perspectiva: partiendo del actual endeudamiento del 34% del PIB, si se mantuviera un estado recesivo durante 3 años (con un crecimiento medio anual del 0,5%) y se registrara cada año un déficit primario (antes del pago de intereses) del 2,5% (en los últimos 22 años el mayor fue del 2,4% en 1992), al cabo de ese hipotético trienio negro con déficit el endeudamiento habría subido al 42% (he supuesto un tipo de interés real del 1,5%). Hay, por tanto, mucho margen. Margen que debe dejarse para que operen los estabilizadores automáticos y utilizarse para intensificar planes de inversión pública necesaria (infraestructura del transporte, desaladoras y vivienda protegida, por ejemplo).

Las incertidumbres sobre la evolución de la coyuntura siguen siendo enormes. La combinación del fin del ciclo constructor con las deficiencias de financiación por la crisis internacional (que están haciendo mucho más abrupto ese fin y creando dificultades a empresas en otros sectores) y con el shock de oferta ocasionado por el encarecimiento del petróleo y de la mayoría de las materias primas, todo ello en un contexto de elevado endeudamiento de las familias, están generando un círculo vicioso cuyas consecuencias son de difícil pronóstico. No es de extrañar que los datos estén siendo peores de lo esperado y que las previsiones sigan a la baja. En la última EPA, la capacidad de seguir generando empleo que muestran los servicios es una buena noticia, pero no lo suficientemente buena para evitar que el empleo a final de año vaya a ser inferior al de finales de 2007.

Constituiría una mala señal la presencia de un superávit en un estado recesivo

¿Qué medidas pueden adoptarse para romper ese círculo vicioso? Las propuestas tanto por el Gobierno como por la oposición no van a producir esa ruptura. Una política fiscal que intensifique los estabilizadores automáticos y que mantenga las redes de seguridad, que sería la opción gubernamental, parece aceptable como paliativo, pero no se dirige a las causas profundas del proceso. Las propuestas que estamos oyendo de la oposición contienen algunos elementos similares (como la reducción de la imposición sobre las empresas) y añaden un sorprendente incremento de la deducción fiscal por la vivienda, lo que supondría volver a estimular a los españoles a que dirijan su ahorro hacia los inmuebles, una de las causas de la mala asignación de recursos que hemos sufrido en los últimos lustros.

Probablemente, la pobreza de las propuestas es reflejo de lo extremadamente difícil que resulta la actual situación. Nada se puede hacer en lo concerniente al encarecimiento de las materias primas. Es difícil hacer nada preventivo con los problemas de liquidez y financiación, más que vigilar las consecuencias para el resto del sistema de crisis de solvencia de entidades (financieras o no).

En este sentido, sin embargo, hace bien el Gobierno en no dar respuesta a las peticiones de ayuda de los que se enriquecieron tomando riesgos excesivos. Si su suspensión afectara a terceros instruméntese alguna operación tipo Bear Stearns, pero sin evitar que gestores y accionistas de esas sociedades paguen por sus errores. Si la Administración necesita suelo para sus planes de viviendas protegidas, convóquese una subasta a todos los propietarios de suelo (estén o no en dificultades) y adquiérase el suelo a quien lo oferte más barato.

La economía española necesita de muchas reformas (Administraciones públicas, justicia, competencia en sectores energéticos, negociación colectiva y otros aspectos laborales, etcétera), y quizá momentos de crisis como el actual podrían ser una ocasión para plantearlas a fondo. No sé. La reforma de las Administraciones públicas (incluida la justicia) no sólo contribuiría poderosamente a dinamizar la actividad empresarial, sino que dotaría a los Gobiernos de mejores instrumentos para abordar las situaciones de crisis. Por ejemplo, la manida flexseguridad en el mercado laboral, con la que yo estoy de acuerdo, sólo se puede plantear si la agilidad y calidad de la administración de las políticas de empleo se acercan a las de la danesa y se aleja de la del Inem (sin intención de ofender).

Mientras, mejor no hacer nada en esta dirección y limitarse a imponer una reforma de la negociación colectiva que permita a las empresas, con acuerdo de sus empleados, desligarse de convenios de ámbito superior. Lo malo es que, si el Gobierno hace eso, se complica la foto con las cúpulas de la CEOE y de los sindicatos (los únicos interesados en mantener el actual statu quo).

¿Cómo saldremos del actual estado recesivo? No hay posibilidad de corregir la apreciación del tipo de cambio real (lo que tanto ayudó en la anterior recesión) y habrá que esperar a que opere, como decía sir John Hicks en 1950, el suelo de la inversión autónoma.

El mayor músculo del aparato productivo, el mayor peso de la inversión pública y la paulatina absorción del exceso de viviendas (para ello sería bueno que bajaran más sus precios, pero eso sería malo para la solvencia de familias y entidades bancarias) permitirán en un horizonte de varios trimestres que la economía rebote.

Carlos Sebastián. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense

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