COLUMNA

Fannie Mae y Freddie Mac

Al final va a resultar cierta la creencia general de que las denominadas entidades promovidas por el Gobierno (GSE, su acrónimo de la expresión inglesa) ostentaban garantía pública, no por su origen y su nombre, sino por ser 'demasiado grandes para caer'. Entre la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) y la Federal Home Loan Mortgage Cororation (Freddie Mac) han realizado o garantizado casi la mitad de los créditos hipotecarios que existen en Estados Unidos. Ambas entidades titulizan los créditos que realizan y los que toman de otras entidades, lo que las sitúa como protagonistas del mercado secundario de hipotecas y de emisiones de bonos titulizados.

Los créditos que conceden o toman las GSE tienen un límite máximo, calculado según el aumento anual de los precios de las viviendas. No obstante, recientemente han entrado en el segmento de las hipotecas subprime aunque en los casos en los que los prestatarios fueran susceptibles de tener una buena calificación crediticia.

Ambas son entidades privadas desde finales de los años sesenta, cuando se privatizó la primera y se creó la segunda con el propósito de introducir competencia en el sector. Su regulación y supervisión recae en una oficina del Departamento Federal de Vivienda y Urbanismo de EE UU. El tamaño que fueron adquiriendo en el mercado hipotecario y en el de capitales y el relativo desconocimiento de sus finanzas han hecho que desde hace mucho tiempo la comunidad financiera haya pedido una revisión de regulación y hayan alertado a los inversores sobre la calidad de los bonos emitidos por ambas.

Estas entidades son nuevas víctimas de la crisis hipotecaria y económica, más que de la crisis específica de las subprime. Pero también son víctimas de un elemento que subyace en ésta última, la regulación inadecuada. Los niveles exigidos de capital son mínimos y en la actualidad cubren el 3% de los activos en un caso y el 5% en otro caso. Además, la valoración de sus activos está hecha a coste histórico y no a valor de mercado, por lo que si se hiciera esto estarían en quiebra.

Un último elemento de fallo en la regulación procede del hecho de que estas GSE han sido sancionadas en el pasado, no sólo por distorsionar sus cuentas públicas, sino por comportamiento inadecuado de sus gestores y por pago a políticos. A pesar de ello, el mecanismo de disciplina del mercado no ha funcionado porque siguieron siendo consideradas cuasi oficiales y pudieron financiarse a coste cercano a la deuda pública. Las declaraciones oficiales han sido que su regulación es adecuada y están suficientemente capitalizadas.

La crisis se ha desatado por la alarma planteada por un analista señalando lo conocido por todos de antiguo, lo que ha precipitado la caída de su cotización y la dificultad para colocar una nueva emisión de deuda. Tras diversos rumores, este lunes el Tesoro americano ha anunciado las líneas de un plan de rescate que contiene ayudas de liquidez, posibilidad de ayudas de capital y revisión de su regulación de solvencia.

Así, por un lado, se plantea que el Tesoro duplique las actuales líneas de crédito que tiene con cada una (de 2.250 millones de dólares) y la posibilidad de que el Tesoro inyecte capital de forma temporal si se necesita. Por otro lado, se propone que, en la reforma regulatoria que actualmente se debate en el Parlamento, la Fed sea consultada en la revisión de los requisitos de capital y de otros estándares prudenciales de las entidades. Por su parte, la Fed ha declarado que está dispuesta a proporcionarles liquidez. Muchos participantes en los mercados sospechan que el plan y las declaraciones por sí mismas buscan restaurar la confianza de los inversores para facilitar la emisión de deuda de Freddie Mac.

Las propuestas del plan del Tesoro simplemente implican ganar tiempo, no a que se reforme la regulación de las GSE, sino a que se nacionalicen o se sometan a administración pública temporal. Esto ocurrirá cuando se acumule evidencia de que no tienen capacidad para tomar nueva financiación o que resulta excesivamente costosa. Esto supondrá un nuevo agujero para el sistema financiero y para la economía norteamericana. Hay que recordar que la deuda de ambas entidades alcanza los 4.934 millardos de dólares, tamaño similar a la deuda pública. Los contribuyentes americanos soportarán su coste, pero también los tenedores de dólares, que seguramente caerá. La economía norteamericana sufrirá un nuevo coste financiero y, además, reputacional.

Nieves Garcia-Santos. Economista