La Constitución, el CES y la democracia participativa
Una reflexión desde el Consejo Económico y Social (CES) sobre los 30 años de democracia que para España ha supuesto la Constitución de 1978 podría comenzar por resaltar una cierta armonía de fechas, porque en 2008 se cumplen también 15 años de funcionamiento del CES, una institución que sirve, precisamente, para desarrollar aspectos del texto constitucional como los del modelo social y económico o la participación de los ciudadanos.
Desde su título preliminar, en el artículo 9.2, la Constitución encomienda a los poderes públicos la promoción de la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Este mandato se concreta en el título VII, dedicado a la economía, cuando mandata a la ley para establecer formas de participación de los interesados en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general. La Constitución contempla, pues, un papel activo de los ciudadanos. A este protagonismo se refieren los mandatos comentados y, de forma específica, las referencias a los que venimos conociendo como interlocutores sociales. Desde su título preliminar, la Constitución les reconoce expresamente como sujetos activos de la vida social, cuando señala que sindicatos y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios.
La Constitución no se limita a resaltar este papel de los interlocutores sociales, porque también les dota de un estatus jurídico que asegura la libertad en su creación y actuación y, concretamente, garantiza la negociación colectiva, instrumento que mejor caracteriza esta capacidad de actuación.
Este marco constitucional permite que en España se pueda desarrollar lo que en la ciencia política se viene caracterizando como democracia participativa. La democracia participativa es una forma de profundización de la democracia representativa, y nunca una forma de sustituirla, y está basada en que los ciudadanos organizados en las asociaciones que defienden sus intereses puedan influir en las decisiones políticas. Y si hablamos de la aplicación de la democracia participativa en la vida social y económica, será oportuno recordar que cuando la ciencia política teoriza sobre la democracia participativa, lo hace a veces hablando de la democracia deliberativa, para subrayar la importancia del debate y el diálogo para hacer efectiva la participación.
Decía más arriba que para el CES el aniversario de la Constitución es también conmemoración propia, y quiero ver en esta coincidencia algo más que un juego de fechas. En el CES están las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, junto con otras organizaciones de la sociedad civil (consumidores, economía social o los sectores agrícolas y pesqueros). Esta representación se produce, no sólo porque la ley la haya previsto, sino, también, porque estas organizaciones se han ido asentando en la vida social, se han ido legitimando como interlocutores de los poderes públicos y de otras organizaciones, a través del ejercicio responsable de su función de representación de intereses, predominantemente con el diálogo y la negociación.
De esta forma es como estas organizaciones actúan en el CES: buscando el consenso en sus criterios, para así influir en las políticas públicas, a través de sus dictámenes sobre los proyectos de ley (han sido ya 146 los evacuados) o sus informes sobre la situación socioeconómica, que alcanzan el número de 44, la gran mayoría emitidos a iniciativa propia y sobre temas del relieve de la emigración, situación de los jóvenes, políticas de empleo o unidad de mercado y cohesión social.
El Consejo Económico y Social es así un excelente ejemplo de la democracia participativa y deliberativa que desde la Constitución española se puede construir. Y creo que es importante utilizar el término construir, porque expresa bien el sentido dinámico de la democracia participativa, la idea de que se puede ejercer la ciudadanía no sólo en momentos electorales, sino en el desarrollo de la vida cotidiana, cuando los ciudadanos son sujetos sociales y económicos. Y también expresa la idea de que, a partir del marco constitucional, los ciudadanos y sus organizaciones representativas pueden ser sujetos muy activos en hacer efectivos los principios constitucionales.
Afortunadamente, el CES no sería el único ejemplo, porque también en estos años, experiencias como los procesos de concertación social han sido buenas prácticas del ejercicio activo de derechos constitucionales. Estas experiencias de participación de los ciudadanos y de diálogo social nos muestran, en definitiva, que los ciudadanos han sabido hacer suya la Constitución, porque han utilizado las facultades que ésta les otorga, y lo han hecho para avanzar hacia el objetivo constitucional de progreso social y económico.
Marcos Peña. Presidente del Consejo Económico y Social (CES)