De los números rojos al superávit presupuestario

El ingreso en las instituciones europeas ha favorecido una disciplina fiscal, vital para no estrangular inversiones

El brutal cambio registrado en los últimos 30 años por la economía española en general se puede aplicar en particular a las finanzas públicas, con mayor énfasis si cabe. Dos son las claves fundamentales paramedir esta evolución: un largo proceso de saneamiento presupuestario, que ha durado más de dos décadas, y la paulatina reducción del peso del gasto público en relación a la actividad económica global.

Respecto a la primera clave, el proceso de consolidación fiscal ha sido espectacular, tal y como reconocen instituciones como la Comisión Europea, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Hay dos fases bien diferenciadas en este largo proceso. La que va desde finales de los años setenta hasta 1994, y la que se desarrolla desde esa fecha hasta nuestros días.

En la primera fase, el patrón de los Presupuestos Generales del Estado quedó marcado por una necesidad permanente de recurrir al déficit fiscal para financiar las cuentas públicas, dado el importante número de personas en paro (por encima de los dos millones) y los aún escasos recursos tributarios.

Se ha pasado de un déficit perenne a un excedente público superior al 2% del PIB

El ministro de Hacienda Francisco Fernández Ordóñez (1977-80) dio un impulso tributario modernizador con la gran reforma del IRPF de la democracia, adaptándola a los estándares europeos. Por su parte, los Pactos de la Moncloa sujetaron, en 1979, la sangría exponencial del gasto público. Aun así, el déficit presupuestario siguió siendo el sello de referencia de la economía española, llegando a superar el 7% del PIB en etapas de crisis económica y de destrucción de empleo como la de 1993 (la tasa de paro llegó al 24,1% en 1994). El IVA, impuesto que se implantó con el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, no fue suficiente para sacar de los números rojos a la contabilidad nacional.

A partir de 1995, y con el objetivo de superar los criterios de Maastricht para que España pudiera ser socio fundador del euro, el Gobierno impulsó una estrategia de ahorro público y de eficiencia en el gasto que ha llegado hasta la actualidad, con independencia de su color político. En las dos legislaturas de Gobierno del PP (1996- 2004), el déficit fiscal se redujo fuertemente, del 7% al 0,2% del PIB. En la última legislatura, el Ejecutivo socialista ha conseguido alcanzar el primer superávit fiscal en 30 años (2005) e, incluso, aumentarlo en los últimos ejercicios (el excedente ha llegado al 2,23% del PIB en 2007 para el conjunto de las Administraciones públicas).

Una de las principales consecuencias de esta política de consolidación fiscal, que no han guardado siempre economías centrales en la UE como Francia o Alemania, es el impacto que ha tenido sobre el saldo vivo de la deuda pública. En España, la menor necesidad de financiación por parte del Estado, junto a unos tipos de interés descendentes desde la llegada del euro, han provocado que se pueda ir reduciendo el endeudamiento público en relación al PIB, desde porcentajes superiores al 68% (1996) hasta situarse por debajo del 40% (en Italia este ratio supera el 100%).

Este descenso ha permitido liberar recursos ­otrora dedicados a pagar ingentes intereses de la deuda­ para políticas sociales y de inversión en infraestructuras.

Importante ha sido también el enorme colchón de los fondos estructurales y de cohesión procedentes de la Comunidad Económica Europea desde 1986, fecha del ingreso español en el club. A razón de 6.000 millones de euros de media anual, han ¢regado¢ con dinero fresco a las tres Administraciones (Estado, comunidades y municipios) y han permitido construir una red de carreteras de primer nivel, sin tener que acudir masivamente a la inversión privada. Los próximos años estarán marcados, en cambio, por la paulatina desaparición de este colchón y la necesidad de acudir a la iniciativa privada para financiar infraestructuras.

La gestión del superávit fiscal por el Gobierno surgido de las elecciones de marzo es otro de los asuntos a debate entre los que piensan que se debe gastar de inmediato en inversiones productivas para atajar la actual desaceleración económica y los que desean seguir aumentando esta hucha para etapas de auténtica crisis económica. De momento, el Gobierno ya ha gastado 10.000 millones este año en estímulos para reactivar el consumo.

El creciente gasto autonómico

La reducción del peso del gasto público en la economía para dejar más hueco al sector privado ha sido otra seña de identidad en los últimos decenios, al igual que la descentralización del mismo. La Administración central ha ido traspasando protagonismo a las territoriales, de tal forma que, hoy por hoy, sólo administra el 20% del gasto público, si se excluye la Seguridad Social, mientras que comunidades autónomas y municipios aglutinan más del 40%. La descentralización del gasto ha ido paralela a las reformas de los estatutos de autonomía y los sucesivos cambios en el sistema de financiación autonómico. El modelo actual de financiación regional se antoja desfasado, tanto por los Ejecutivos autónomos como por el propio Gobierno central.

Sin embargo, hay poco margen para que se produzcan futuras transferenciasmasivas de recursos (vía cesión de impuestos) desde el Estado central al autonómico, como ha ocurrido hasta ahora. Eshora de que estas Administraciones se acostumbren también al valor de la disciplina fiscal, heredado de la experiencia económica de los últimos 30 años.

Salto cualitativo. Una de las economías más abiertas del mundo

Parece ciencia ficción, pero el grado de apertura de la economía española (importaciones y exportaciones sobre el total de producción) era de apenas el 27,9% del PIB en 1978. Hoy alcanza el 65%, configurándose como una de las estructuras productivas más abiertas del todo el planeta. Este salto cualitativo ha sido promovido por la paulatina incorporación de España a las instituciones multilaterales, sobre todo la Comunidad Europea.No obstante, este mayor grado de apertura, junto a la menor competitividad respecto a los principales socios comerciales, ha provocado un gran agujero comercial que en la actualidad supera los 100.000 millones de euros (el 9,5% del PIB). El desequilibrio es aún mayor en términos relativos si se compara con países emergentes como China.El Ejecutivo ha lanzado planes de exportación hacia mercados dinámicos, pero el hecho de contar con mayores costes laborales respecto a estas economías en desarrollo está frenando las posibilidades de expansión. Al contrario, el mercado nacional está llenándose de productos extranjeros. Sólo queda, según reconocen la Administración y los propios empresarios, dirigir la mirada hacia la producción de bienes de mayor valor añadido, en donde a las economías emergentes les es difícil competir. Mucho más si se va hacia mayores reducciones arancelarias a escala mundial en el seno de la OMC.