Un canon con claroscuros

A partir de hoy, cualquier MP3, MP4, móvil o PDA con reproductor de música e, incluso, una simple memoria USB que se venda estará gravado con el canon digital. Ayer se publicó en el BOE la orden ministerial que incluye el pago por estos dispositivos y actualiza las tarifas con que se venían gravando otros muchos.

El objetivo del canon es compensar económicamente a los creadores de contenidos que ven mermados sus ingresos por las copias piratas de sus producciones. Defender la propiedad intelectual es una tarea compleja, pero que merece apoyo incondicional. La piratería pone en peligro la pervivencia de muchos productos culturales -libros, música, cine, videojuegos, etcétera-, pero sobre todo del hecho mismo de la creación. Unos y otra deben ser protegidos.

Pero la fórmula elegida del canon digital tiene claroscuros. El principal es el de la no discriminación, porque gran parte de los soportes y dispositivos gravados no se usan para hacer copias ilegales. Y aunque faciliten la labor de los piratas, tiene que prevalecer el principio de la presunción de inocencia.

Lo que se ha hecho no es adoptar la fórmula más sencilla, sino sólo la más simple: que paguen todos para remediar los daños que causan quienes disfrutan de la propiedad cultural ilícitamente. Es necesario indagar en sistemas más sofisticados, que discriminen entre los que usan la tecnología de forma ilegítima y aquellos que no. No será fácil, pero sí más justo, y más cuando no hay duda de que los piratas sí deben pagar.

Para vadear el manifiesto malestar de los consumidores, el Gobierno reitera que el canon no lo pagarán los compradores, sino los fabricantes. Es, como poco, un alarde de ingenuidad. ¿Acaso supone que los fabricantes no repercutirán el coste del gravamen en el precio final, como las mismas empresas afectadas reconocen de soslayo? Es una pobre explicación para aquellos que hacen uso lícito de unos dispositivos que les ayudan, por ejemplo, a trabajar o a estudiar.