El Gobierno estudia mantener la tarifa industrial a partir de julio
El Ministerio de Industria baraja la posibilidad de mantener alguna de las tarifas de alta tensión que utilizan las empresas industriales y cuya desaparición está prevista para el 1 de julio. Dicha tarifa podría ser la llamada de larga utilización. La medida responde, según fuentes del sector, a las presiones de la industria y de las comunidades autónomas.
Ante la inminente desaparición de las tarifas generales de alta tensión, de las que disfrutan las empresas industriales, se ha desencadenado un gran revuelo entre los representantes de éstas, los suministradores eléctricos y el propio Ministerio de Industria.
Fuentes del sector eléctrico aseguran que el ministerio está barajando la posibilidad de ¢mantener una tarifa industrial que serviría de protección¢ frente a los riesgos del mercado libre, donde las empresas se ven obligadas a comprar la electricidad a precios superiores a la tarifa. Esta decisión se explicaría, según las mismas fuentes, por las presiones que Industria está recibiendo directamente de las empresas afectadas e, indirectamente, a través de las comunidades autónomas donde están ubicadas. El propio titular del departamento, Miguel Sebastián, ya advirtió en su primera comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso, que no abandonaría a las empresas a su suerte. La opción que se baraja es mantener alguna de las tarifas de alta tensión de larga utilización (hasta 24 horas al día), que se dividen, según la potencia contratada, en 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. De alta tensión existen tres tipos de tarifa: las generales, que se clasifican según su utilización (corta, media y larga); las específicas, como la del alumbrado público, que ya desapareció, o la del riego agrícola; y las especiales, como la G-4 para grandes consumidores.
Esta última, que afecta a cinco fábricas de Alcoa, ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, se mantendrá, si Bruselas no lo impide, hasta el 1 de enero de 2009, tras acordarse una moratoria de seis meses antes de su desaparición. Desde el punto de vista legal, el mantenimiento de alguna tarifa industrial más allá del 1 de julio podría incluirse en la orden ministerial de revisión trimestral de tarifas que entra en vigor ese día. Sin embargo, la cláusula de interrumpibilidad de estas tarifas sólo podrá mantenerse si se aprueba a través de un real decreto, pues fue una norma de igual rango la que fijó su desaparición. Por el momento, los grupos industriales están intentando asegurar su suministro energético, bien mediante la firma de contratos bilaterales con las comercializadoras eléctricas, bien a través de Fortia, la central de compras que han impulsado para operar en el mercado libre de la electricidad y tomar posiciones ante lo que se les avecina en julio. De momento, la sociedad ya aprovechó la subasta virtual de electricidad efectuada la semana pasada para cubrir el 10% de sus necesidades energéticas en los próximos meses. En paralelo a estas actuaciones, las empresas siguen tratando de recabar el apoyo del ministerio en su negociación con las eléctricas.
Por su parte, Industria está solicitando información entre las suministradoras independientes, como Centrica o Gas Natural, para averiguar si ya han firmado contratos importantes con la industria. Esta información es una herramienta útil en la negociación para demostrar que los contratos son posibles. Un ejemplo es el acuerdo que renovó hace pocos meses la comercializadora de Unión Fenosa con el grupo público Navantia. La negociación entre los grupos industriales y las comercializadoras eléctricas tropieza en dos puntos: el precio y los avales. En el primer caso, las empresas aseguran que no han recibido ninguna oferta por debajo del precio de mercado. En el segundo, denuncian que las eléctricas exijan avales por la mitad del valor del contrato.
Navantia ahorra un 2,5% tras pactar con Fenosa
La negociación bilateral entre los grandes grupos empresariales y las comercializadoras energéticas ante la próxima desaparición de la tarifa eléctrica industrial está dando sus frutos en algunos casos concretos. Así, el grupo público de construcción naval Navantia ha conseguido reducir su factura energética un 2,5% tras la reciente firma de un nuevo contrato de suministro de electricidad y gas natural con Unión Fenosa. El acuerdo, que tendrá validez hasta el año 2011, se ha establecido para un consumo anual aproximado de 126 gigavatios (GW), con un coste que ronda los 11 millones. El contrato suscrito entre las dos empresas incluye, además, el compromiso por parte de la compañía que preside Pedro López Jiménez de realizar un estudio de eficiencia energética en todos los astilleros del grupo público, de forma que la empresa pueda tomar medidas para reducir el coste de sus consumos de electricidad y gas.Durante años, Fenosa suministró a los astilleros gallegos y en 2007 se extendió a todos los de Navantia. Fuentes de la eléctrica, aseguran que es un buen contrato porque se firmó hace tres meses. Navantia cuenta con una plantilla de más de 5.000 trabajadores que se reparten entre los astilleros de la Ría de Ferrol, de la Bahía de Cádiz y de Cartagena, así como en el centro corporativo de Madrid.