Corredor baraja reducir los tipos de VPO con derecho a ayudas

Comienza la cuenta atrás para la elaboración del nuevo Plan de Vivienda 2009-2012. El ministerio está barajando la posibilidad de reducir drásticamente el número de tipologías distintas de inmuebles que tienen derecho a recibir ayudas con el fin de hacer el programa más fácil, ágil y, sobre todo, más eficiente.

Después de haberse reunido con todos los agentes del sector, así como con las regiones y los ayuntamientos, la ministra y su equipo han celebrado varias sesiones donde se ha discutido qué funciona y qué no del plan cuatrienal actual y cómo mejorarlo para conseguir el nuevo objetivo: iniciar cada año la construcción de 150.000 VPO.

La titular de la cartera, Beatriz Corredor, lo ha anunciado en varias ocasiones: 'Queremos simplificar el plan, para que sea más eficaz'.

En esa línea, todo apunta que una de las primeras medidas que propondrá adoptar el Ministerio a las 17 comunidades autónomas que participan mañana en la primera conferencia sectorial de esta legislatura es la reducción del número de tipologías de viviendas protegidas (VPO) o actuaciones susceptibles de recibir ayudas.

Los 6.000 euros al propietario que alquile pueden verse reducidos al ámbito autonómico

Según ha podido saber CincoDías, no se trata de un recorte de derechos, sino de una reforma más bien de carácter formal de cómo se estructura el plan.

'Se persigue reducir el número de tipologías y dejarlo en sólo las más frecuentes a nivel estatal. Después, si finalmente hay consenso, las comunidades autónomas serán las que adapten la normativa del Ministerio a la realidad de su territorio', explican las fuentes consultadas.

La experiencia de todos los planes anteriores y el todavía en curso 2005-2008 ha revelado que 17 tipologías distintas, como las que se reconocen en la actualidad, no tienen mucho sentido cuando las ayudas destinadas a algunas de ellas son mínimas y además se concentran en muy pocas regiones.

Es el caso por ejemplo de las actuaciones relativas a la vivienda rural, que en muchas comunidades no tienen apenas demanda y, sin embargo, en otras están muy solicitadas.

También podría verse afectada por esta reducción la polémica ayuda de 6.000 euros a los propietarios de casas vacías que se decidan a arrendarlas.

Ya en la etapa de Carme Chacón al frente de este departamento se decidió reformar esta ayuda porque se reconoció que no había funcionado. Se flexibilizaron los requisitos para poder tener acceso a la misma, como suprimir el límite de superficie de la casa y elevar la renta máxima que se podría cobrar al inquilino. Aún así, en más de tres años que lleva en vigor, apenas 50.000 propietarios la han cobrado, según las últimas cifras disponibles.

Ahora, y dado que la demanda de alquileres también está fuertemente localizada, esta ayuda podría desaparecer de las tipologías estatales y circunscribirse al ámbito autonómico.

Lentos trámites

La lentitud con la que se ponen en marcha los sucesivos planes cuatrienales de vivienda es otra de las rémoras que tiene la política pública en esta materia y, sin duda, será asunto de debate en la conferencia sectorial de mañana con los representantes autonómicos y con los de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que acuden en calidad de invitados.

Valga como ejemplo que las modificaciones introducidas por el ministerio al plan 2005-2008 en enero pasado, y que aprobaron medidas para dar salida al ingente stock de casas nuevas sin vender, aún no han podido desarrollarse en casi ninguna región porque las autonomías no las han trasladado a sus normativas.

Otro caso claro de inoperancia o ineficacia es el del registro único para controlar el destino de cada subvención concedida. Todavía con Trujillo al frente del Ministerio se puso en marcha esta iniciativa, para la que la Dirección General de Vivienda exigió a las regiones el volcado de datos a un soporte informático común.

Con ello sería fácilmente controlable la gestión que hace cada gobierno autonómico de los fondos que recibe del Estado. Corredor ha anunciado que reformará este órgano para lograr que funcione.

El 60% de los jóvenes que solicitó la renta de 210 euros ya vivía de alquiler

Cara y cruz en los primeros meses de andadura de la renta básica de emancipación (RBE).La cara la constituye el volumen de solicitudes recibidas en apenas cinco meses desde su entrada en vigor este año (casi 130.000 hasta el pasado 30 de mayo). Además, en el 90% de los casos se falla una resolución positiva, aunque todavía sólo 15.000 jóvenes de todas las comunidades autónomas estén cobrando ya la ayuda de 210 euros al mes para pagar el alquiler.La cruz es que quizás la crisis inmobiliaria y económica actual y la propia idiosincrasia del mercado de alquiler español no van a permitir que esta ayuda funcione realmente para lo que se creó: incentivar la emancipación de los jóvenes menores de 30 años. Creen los expertos que actuará más como alivio en el pago de la renta de quienes ya vivían antes de enero en régimen de arrendamiento.Así lo demuestran las cifras que ha podido contrastar CincoDías. Como son las comunidades autónomas quienes gestionan las solicitudes, son ellas las que verifican que se cumplen todos los requisitos. Sin embargo, entre las nueve regiones más pobladas, sólo Madrid ha estudiado la fecha de los contratos de alquiler presentados, lo que permite llegar a la conclusión de que del total de solicitantes que ha recibido esta comunidad (es la primera con más de 31.000), el 60% ya vivía de alquiler antes, ya que adjuntó un contrato con fecha anterior a enero de este año, el 23% decidió arrendar una casa con motivo de la ayuda y el 17% restante no presentó contrato alguno.La norma que regula esta ayuda da un plazo de hasta tres meses para presentar un contrato, si se incumple, para poder cobrar los 210 euros, habrá que realizar todos los trámites de nuevo. Los expertos creen que la escasez crónica de oferta, unida a las peores expectativas de rentas y empleo pueden seguir retrasando la emancipación.