TRIBUNA

Derrota del Tratado de Lisboa en las urnas

Los irlandeses han dicho no al Tratado de Lisboa torpedeando el último intento de la Unión Europea por salir del atolladero del fracaso de la reforma constitucional. Según los datos definitivos, la victoria del no es rotunda y por un margen más amplio del que anticipaban las encuestas, incluso en las ciudades. Y esto pese al apoyo al sí de todo el arco parlamentario, con la sola excepción del Sinn Fein, y de todas las grandes organizaciones empresariales, sindicales, de agricultores, y de la prensa.

La derrota del sí no debería ser tan sorprendente ya que no es la primera vez que los irlandeses rechazan un tratado europeo, ya lo hicieron con el de Niza en 2001. Una vez más, los que apoyaban el no se han beneficiado de las dificultades del público de entender un tratado muy complejo y difícil de explicar. Al mismo tiempo se han aprovechado de los temores de los ciudadanos, explotando magistralmente el miedo al impacto que el tratado podría tener sobre la soberanía del país (los argumentos nacionalistas han sido claves), y sobre las preferencias de los irlandeses en temas como los impuestos, la política de defensa, el aborto, al matrimonio homosexual, la prostitución y las drogas duras (temas que el tratado no trataba).

Unos de los asuntos más discutidos durante la campaña ha sido el impacto que el Tratado de Lisboa podía tener en la habilidad de Irlanda, uno de los países pequeños de la Unión, en defender sus intereses nacionales, y sobre la posible pérdida de peso del país en la UE. La creación de la figura del presidente de la UE y de un nuevo zar encargado de la política exterior de la Unión, así como la eliminación del derecho automático de los países miembros a tener un representante en la Comisión, han sido explotados por los oponentes del tratado. Muchos votantes también han aprovechado para dar un voto de castigo al Gobierno preocupados por la crisis económica y la inmigración.

El otro tema que ha originado gran preocupación entre los votantes irlandeses ha sido la posibilidad de que Irlanda perdiese su derecho a poder seguir fijando sus propios impuestos. La campaña del no ha sostenido vehementemente que el modelo de bajos impuestos corporativos que ha sido clave en la habilidad del país de atraer inversión extranjera, y por tanto es uno de los ejes del modelo (y del éxito) económico de Irlanda, estarían en peligro si se ratificaba el tratado.

Pese a que el Gobierno, las asociaciones empresariales, e incluso la Comisión Europea, han tratado de explicar en repetidas ocasiones que ése no sería el caso y que Irlanda mantendría su derecho a veto en temas fiscales, la semilla de la duda ha tenido un efecto muy negativo, ya que los impuestos (como antes lo fueron el aborto o la neutralidad) se han convertido en un símbolo importante de la identidad irlandesa dentro de la UE. Irlanda obtuvo el año pasado 6.400 millones de euros en impuestos corporativos, lo que representó casi la mitad de sus ingresos totales por impuestos (en Alemania los ingresos por impuestos corporativos sólo representan un 5% de todos los impuestos, y en el Reino Unido el 9%).

Irlanda es el único país Europeo que sometía el Tratado de Lisboa a referéndum. El no coloca a la UE en un profundo atolladero y sin un plan B definido. Tras ocho años tratando de trabajar en un nuevo marco institucional que facilitase el proceso de decisiones tras la ampliación, y el rechazo de los votantes franceses y holandeses al Tratado Constitucional que precedió al Tratado de Lisboa, la UE se encuentra ante la tesitura de encontrar un nuevo arreglo jurídico entre Irlanda y los otros 26 países miembros.

El próximo 19 y 20 de junio se reúnen en Bruselas los líderes europeos y tendrán que discutir posibles soluciones. La situación es particularmente complicada en este caso. Con el Tratado de Niza el tema de la neutralidad del país fue la razón clave del rechazo de los irlandeses, lo que permitió negociar concesiones de la UE tras las cuales se volvió a someter a referéndum y se aprobó un año más tarde. Sin embargo, no está claro que componentes del Tratado de Lisboa han motivado el rechazo de los irlandeses, y por tanto qué se tendría que modificar para poder volver a someterlo a un referéndum.

Una opción sería mantener el statu quo, prorrogando el Tratado de Niza, e intentar implementar las reformas de Lisboa en un momento más propicio. Este ha sido precisamente uno de los argumentos de los que se oponen al Tratado de Lisboa. En contra de los augurios que preveían que el Tratado de Niza, que fue diseñado para una UE de 15 miembros, llevaría a la parálisis institucional y de decisiones dentro de la Unión, las instituciones de la UE se han adaptado a la ampliación y han seguido funcionando.

No parece, sin embargo, que esta opción sea sostenible a medio plazo dados los retos económicos, y de política exterior y de seguridad a los que se enfrenta la Unión, que requieren unos procesos de decisiones más ágiles.

Otra posible opción sería que Irlanda volviese a celebrar un referéndum en unos meses, que permita desarrollar una labor pedagógica más profunda sobre el impacto y significado real del Tratado de Lisboa, que ayude a disipar los temores y malos entendidos que han llevado a cientos de miles de irlandeses a rechazarlo.

El voto negativo de los irlandeses debilita a Irlanda y a Europa. Una vez más se demuestra la dificultad de reconciliar la participación ciudadana, que es clave si queremos profundizar en la democratización del proceso de integración europeo, con el reto de explicar tratados técnicos muy complejos.

Sebastián Royo. Decano en la Universidad de Suffolk en Boston, director de su campus en Madrid, y codirector del seminario de EstudiosIbéricos de Centro de EstudiosEuropeos de la Universidad de Harvard (sroyo@suffolk.edu).