¿Rebajas fiscales para los combustibles?

Como viene sucediendo cada pocos años en los últimos tiempos, comienzan a extenderse las protestas sectoriales ante las subidas de los carburantes. Hoy, sin ir más lejos, comienza en España un paro indefinido del transporte por carretera. El precio del petróleo se ha duplicado en sólo un año, y en el último decenio se ha multiplicado por diez. Los efectos sobre los precios de gasolina y gasóleo en las estaciones de servicio (que ni siquiera han repercutido completamente las subidas) están afectando gravemente a los bolsillos de profesionales y ciudadanos en general.

Las principales organizaciones agrarias, como Asaja, UPA y COAG, ya han iniciado negociaciones con la Administración para buscar una solución al aumento de costes del gasóleo, con la amenaza de posibles movilizaciones. En el lado del transporte, las patronales Confedetrans, Fenadismer y Antid han ido más lejos con una huelga indefinida. Las protestas de los sectores profesionales más afectados (entre los que se incluye también el pesquero) no son exclusivas de España, sino que se extienden por toda Europa.

El Gobierno español parece dispuesto a aprobar compensaciones sectoriales, a la manera de las iniciadas hace año y medio, con motivo de otra escalada energética. Pero, esta vez, debido a las dimensiones del avance del crudo, las quejas van más allá de los profesionales. Una vez más, ha sido el efectista presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien ha abierto el debate en la Unión Europea al proponer una reducción generalizada del IVA de los carburantes. La tesis es que este impuesto, de carácter proporcional, está aumentando a medida que lo hace la materia prima gravada. Para salir adelante, la propuesta de Sarkozy requeriría la unanimidad de los 27 Estados miembros expresada en el Consejo Europeo, algo que la experiencia ha demostrado como más que complicado.

Los partidarios del recorte destacan que los impuestos suponen el 55% del precio que se paga en el surtidor

Una rebaja generalizada supondría que los Estados asumieran las subidas, lo que podría exacerbarlas

La propuesta francesa no está exenta de un tufillo populista: el grueso de la fiscalidad sobre el gasóleo se centra en el impuesto especial, que en Francia supera el umbral mínimo exigido por Bruselas. El gobierno francés podría, pues, reducir la carga sin necesidad de abrir debates europeos.

Más allá de posibles demagogias, lo cierto es que el tirón de los carburantes está poniendo en jaque a la inflación en toda Europa. Amén del propio componente energético del IPC, el sobrecoste del transporte o el funcionamiento de las máquinas se traslada a la cadena productiva en general. Desde este punto de vista, una ayuda estatal que recortase el precio final sería bienvenida.

Para el caso concreto de España, hay que tener en cuenta que los impuestos especiales sobre el gasóleo siguen por debajo de las exigencias comunitarias, y se encuentran por debajo de la mitad de los vigentes en el Reino Unido. Antes del 1 de enero de 2012 deberá llegarse a 330 euros por cada 1.000 litros, frente a los actuales 302 euros. La pésima coyuntura apunta a que el Ejecutivo apurará el plazo para no agudizar el problema del alza de los precios. De forma similar, el 16% de IVA que aplica España a los carburantes es el tercero más bajo de la Unión Europea, y queda muy lejos del 25% que aplican Dinamarca y Suecia. El margen de maniobra español es, así, bastante limitado.

El Eurogrupo (ministros de Economía y Finanzas de la zona euro) se comprometió la semana pasada a estudiar medidas para aliviar el impacto de la subida del crudo en ciertos sectores y también para las 'personas más afectadas'. Eso sí: el punto de partida será el pacto sellado en Manchester tres años atrás, por el que cualquier ayuda será temporal, delimitada y 'sin efectos distorsionadores del mercado'.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, ha mostrado su rechazo a recortes fiscales generalizados: 'En vez de forzarnos a consumir menos, lo que hacen es darnos una especie de narcótico, que persigue que no reaccionemos ante el shock de precios'.

La fiscalidad especial comunitaria sobre hidrocarburos se implantó en 1992 con la armonización a la baja (un baremo mínimo) aunque permitía discriminar la venta de gasóleo al público en general frente a la destinada a profesionales. En España, el precio de venta antes de impuestos apenas alcanza el 45% de los cerca de 1,2 euros que paga el cliente en el surtidor. El resto se distribuye entre el impuesto sobre hidrocarburos, el impuesto de venta minorista o céntimo sanitario que se aplica en seis comunidades autónomas, y el IVA, que supone un 16% sobre el montante conjunto.

Las autoridades explican el fuerte componente impositivo del precio de los carburantes por su impacto ambiental. Los hidrocarburos pertenecen a la categoría de productos económicos con externalidades negativas: al margen de su usuario principal, su utilización supone un menoscabo para el conjunto de la sociedad. Aunque se trata de productos de demanda inelástica (pequeñas variaciones del precio no inciden en ella), cuando esas variaciones alcanzan los niveles de los últimos meses sí que se observa una cierta contención, como ha sucedido últimamente. El consumo de productos petrolíferos aumentó en marzo sólo un 1,3% respecto al ejercicio anterior, prácticamente la mitad del avance del PIB, y la recaudación del impuesto sobre hidrocarburos cayó un 0,7% en el primer trimestre del año.

Cabe contraargumentar que en España sí se subvenciona el consumo de electricidad (con un abultado déficit de tarifa), que también conlleva efectos nocivos para el medio ambiente. Sin embargo, y salvando las situaciones de colectivos cuyo sustento depende en buena medida del precio de los combustibles (los mencionados sectores del transporte de mercancías, agricultura y pesca), parece recomendable dejar actuar al mercado.

Si se confía en él, habrá que permitir que la subida de precios determine ajustes de demanda. De otro modo, se producirían los 'mensajes erróneos' que con razón teme la Comisión Europea: si son las haciendas estatales las que asumen las subidas de precios, los productores creerán que tienen margen alcista sin que el consumo se resienta'. Eso incentivaría nuevas subidas, con lo que el impacto final para el consumidor sería dudoso. En tiempos de cambio climático y amenaza de crisis energética global, no parece un panorama deseable.

Las soluciones de largo plazo pasan por mejorar la eficiencia energética en España (muy escasa en comparación con los estándares europeos) y promover el uso de energías alternativas a las fósiles. Con entusiasmo, en el caso de las limpias y, mientras éstas no sean suficientes, también la nuclear.