Liberalización y competitividad de la energía
En el debate sobre cuál ha de ser la subida de la tarifa eléctrica se echa de menos una reflexión real sobre cómo afecta todo ello a la competitividad de las empresas, subraya el autor, que defiende los intereses de los grandes consumidores de energía
El análisis de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre el montante necesario de subida de la tarifa eléctrica el 1 de julio, y su informe paralelo demostrando que determinadas tecnologías obtienen beneficios extraordinarios en el mercado marginal español, ha generado un nuevo aluvión de opiniones, pero se echa de menos una reflexión real sobre cómo afecta todo ello a la competitividad de los precios eléctricos, uno de los tres pilares del desarrollo energético europeo, seguridad de suministro, sostenibilidad medioambiental y, al mismo nivel, competitividad.
Se lee muchísimo a favor del mercado, sobre el déficit de tarifa, sobre la incidencia de la subida en el IPC, pero nada a efectos prácticos sobre los efectos del precio de la materia prima eléctrica y sobre la competitividad de la economía española, por cierto no boyante según análisis del propio Gobierno. Por eso la pasada semana, ANE, Fortia, Oficemen, Unesid y la propia AEGE hicieron un llamamiento al respecto, pero es imprescindible insistir sobre el tema, porque lo que está claro es que:
Los Gobiernos no parecen dispuestos a que la energía eléctrica servicio público quede a expensas del mercado.
En España las soluciones tienen que ser coherentes con la apuesta de nuestro Gobierno por las energías renovables
Los Gobiernos, sin que Bruselas se oponga, influyen de forma desigual en el mix de generación, negando o impulsando las diferentes tecnologías disponibles. Están en su derecho, pero esto no es mercado.
Los proveedores eléctricos se someten, y producen con ese mix, aunque sea caro, porque el servicio público energía eléctrica es tan fundamental que la empresa eléctrica cobrará. A veces tarde, pero seguro.
Para las industrias, y sobre todo las intensivas en consumo eléctrico sometidas a competencia global, el esquema es implanteable porque necesitan precios competitivos a nivel mundial.
Pero como las interconexiones, que también requieren de decisión política, son insuficientes, la industria no puede comprar fuera, como hace con el resto de sus materias primas, y queda cautiva en su propio mercado regional, con lo que para ellas este mercado teórico basado en tecnología marginal a corto plazo es una trampa mortal.
Cara a la energía eléctrica servicio público, cada Gobierno está controlando la situación, pero con la energía eléctrica materia prima ha tenido que moverse la industria, y ya hay ejemplos en los que se comprueba que el acuerdo de industria-eléctricas bajo tutela, impulso o apoyo del Gobierno llega a resultados adecuados en cada caso. Finlandia lanza su nuclear financiada a la vez por industria y eléctrica, y en Francia se establecen contratos a muy largo plazo bajo duras condiciones de compromiso, también basados en el desarrollo de su tecnología nuclear. En definitiva, precios referenciados a coste de producción y no al mercado marginal.
Estos precios de largo plazo que la industria está consiguiendo en Francia, Finlandia o Rumanía hay que entenderlos como los de referencia competitiva para el resto de la UE y, a mi juicio, a nosotros, a nuestras eléctricas y a nuestro Gobierno no nos queda más remedio que actuar en consecuencia. Para ello propongo el siguiente esquema de actuación:
El camino es claro: contratación bilateral a muy largo plazo basada en costes de las tecnologías dominantes en cada país.
En España las soluciones, que tienen que conducir a precios-esfuerzos comparables, tienen que ser coherentes con la apuesta de nuestro Gobierno por las energías renovables.
Esta solución requiere complementar la regulación actual, centrada en mercados organizados cortoplacistas, con otra impulsora de la contratación bilateral a largo plazo.
Probablemente no hay tiempo antes del 1 de julio, luego hay que aplicar soluciones temporales basadas en experiencias ya probadas en nuestro país, como la gestión de demanda, tan necesaria precisamente para respaldar el impulso renovable.
AEGE presentó a finales de marzo a la CNE, al Gobierno, a los sindicatos mayoritarios, a los responsables de Industria de los Gobiernos autonómicos y a REE una propuesta concreta, que a mi juicio cumple con todo lo indicado, bajo un formato de implementación normativa posible antes de 1 de julio y con lo que la industria básica podría comprometerse a colaborar con el sistema de dos formas, bajada sistemática y planificada de nuestra demanda en horas punta, hasta un 5% de la punta de demanda peninsular, y de hasta un 10% de la punta para situaciones imprevistas, un frío polar, caída de una línea, fallo de una nuclear, etcétera.
Para centrar las ideas, dos datos: la industria básica integrada en las asociaciones indicadas genera 240.000 empleos, y la interrumpibilidad se nos ha aplicado en 38 ocasiones desde 2001, la última en noviembre 2007. A partir de aquí sobran comentarios, y el día 1 de julio es mañana.
Javier Penacho. Vicepresidente ejecutivo de AEGE (Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía)