Bruselas ataca el fraude tributario
El fraude fiscal es una lacra con efectos nefastos para cualquier erario público. Las vías de los defraudadores son múltiples, aunque cuando el contribuyente alcanza un altísimo nivel impositivo recurre a los llamados paraísos fiscales, países a veces con casi más bancos que ciudadanos y con sistemas financieros altamente permisivos.
Desde la Comisión Europea se ha procurado atajar la huida de capitales hacia estos países; una tarea ardua, entre otras cosas porque países miembros como Austria, Luxemburgo o Bélgica tienen algunos métodos propios de paraísos fiscales. En 2005 se negoció con ellos, y con otros paraísos, la desaparición del secreto bancario que permite el anonimato de los defraudadores garantizándoles impunidad ante sus Haciendas nacionales. Pero la capacidad de persuasión de la UE es escasa, entre otras cosas porque las decisiones sobre fiscalidad requieren unanimidad, y estos tres países mostraron resistencia al cambio. Al final, la Comisión Europea se conformó con obtener una escueta retención sobre los depósitos bancarios de los no residentes en los bancos de los paraísos fiscales. Fue una victoria pírrica que ha aportado 400 millones en 2006 a repartir entre todas las Haciendas de la Unión Europea.
Aprovechando el escándalo del fraude fiscal en Liechstenstein de diversas fortunas europeas, la UE quiere presionar para intentar que las retenciones no se limiten a los intereses bancarios, sino que se amplíen a otros productos financieros como hedge fund, seguros de vida, derivados o estructurados. Si se consigue será un nuevo avance que además aportará una cantidad nada desdeñable de millones a las Haciendas comunitarias. Caminar hacia la armonización fiscal comunitaria es, aunque ímprobo, un objetivo deseable. Lo ideal sería acabar con el secreto bancario dentro de la UE, pero la negociación que ahora se abre es muy probable que se alargue en el tiempo y los resultados sean, una vez más, escasos. A pesar de ello, es primordial para llegar a una verdadera Unión.