Cataluña fijará las zonas más proclives a los alquileres forzosos
La Generalitat está elaborando un decreto que determinará en qué zonas de Cataluña existe una mayor demanda de alquiler de vivienda. En esos lugares y en virtud de la Ley de Derecho a la Vivienda, que entró ayer en vigor, los poderes públicos podrán expropiar temporalmente viviendas vacías cuyos propietarios se niegan a alquilar.
La secretaria de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla, avanzó ayer en una entrevista a Catalunya Ràdio que el Gobierno trabaja en un Plan Territorial que delimitará aquellas zonas urbanas con una mayor demanda de alquiler de pisos. Probablemente, el decreto se apruebe a finales de este año o, como muy tarde, a principios del siguiente, informaron fuentes de su departamento.
Sin embargo, Trilla aseguró que la 'expropiación temporal de usufructo' de la vivienda -así reza el texto de la ley- es una medida extrema. 'Esperamos que no se tenga que utilizar nunca', dijo. Y aclaró su funcionamiento: 'Durante cinco años la administración pone un inquilino y lo que hay no es una expropiación, es una privación temporal de uso por parte del propietario, pero no de la propiedad'.
Es decir, el propietario sigue siendo dueño de su piso pero no puede hacer uso de él. En su lugar, la Generalitat administra la vivienda. 'Eso sí, los beneficios del alquiler son para el propietario', señalaron desde el departamento de vivienda. E insistieron en que, como contrapartida, la ley establece garantías que protegen al propietario de posibles impagos del alquiler, se fomenta mediante subvenciones la rehabilitación de viviendas y se permite que el propietario ceda a la Generalitat la gestión del alquiler. Finalmente, como paso previo a la expropiación temporal, la administración entabla un diálogo con el propietario.
Para el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Joan Ollé, la Ley de Derecho a la Vivienda llega tarde y supondrá 'una nueva carga' para el sector. Si bien Ollé dice que la norma era necesaria para poner orden en el sector', sostiene que entra en vigor en un momento complicado. 'Ojalá hubiera llegado hace tres años'.
Con todo, Ollé advirtió que la entrada 'en vigor de la ley no quiere decir que todo cambie ya que todavía hay una serie de reglamentos pendientes y, además, se dará un periodo de carencia. Ollé prevé que la crisis financiera provocará más cierres en el sector de la intermediación.
Tantos metros cuadrados, tantos inquilinos
Para reforzar la Ley de Derecho a la Vivienda, la Generalitat también aprobará un decreto que establecerá las condiciones para que una vivienda obtenga la cédula de habitabilidad. Ese decreto precisará 'cuántas personas pueden vivir por metro cuadrado', dijo la secretaria de vivienda de la Generalitat, Carme Trilla. Aunque precisó que habrá excepciones en caso de relaciones familiares'. La medida persigue acabar con los llamados pisos patera, donde se en un piso se hacinan un numeroso grupo de personas. Trilla considera que la Ley de Derecho a la Vivienda es una pieza clave para que se puedan construir los 160.000 pisos de protección oficial que se prevén en el Plan Nacional de la Vivienda hasta 2016, aprobado por la Generalitat catalana. A la vez, la ley pretende incentivar el alquiler, cuyo precio medio en Barcelona es de 1.000 euros al mes.