Una política común contra los paraísos fiscales
El escándalo de las cuentas opacas de Liechtenstein debe marcar el inicio de un cambio efectivo y real en la Unión Europea en la política relativa a los paraísos fiscales, sostiene el autor, que se suma al Debate Abierto sobre la batalla contra estos territorios
El escándalo de las cuentas opacas en Liechtenstein -de titularidad de contribuyentes de toda Europa- ha puesto en la primera página de los periódicos el problema de los paraísos fiscales. Este solo hecho, en sí mismo considerado, ya es una buena noticia. Dichos territorios y Estados no sólo dificultan la lucha contra actividades claramente delictivas -terrorismo, tráfico de drogas, de armas...-, sino que también obstaculizan la persecución del fraude fiscal y generan una competencia fiscal perniciosa que pone en tela de juicio los sistemas de bienestar desarrollados. Por tanto, es positivo que los ciudadanos tomemos conciencia del peligro que suponen los países o territorios que basan toda su riqueza en el secreto que proporciona su sistema financiero. A su vez, el mismo hecho de que hayan salido a la luz tales datos puede contribuir a quebrar la confianza del inversor en tales territorios.
Mejor noticia es la reacción agresiva del Gobierno alemán, anunciando medidas de presión sobre Liechtenstein, como la de vetar su entrada en el espacio Schengen. Ello es lógico, si se tiene en cuenta la proximidad de este pequeño país con Alemania y el hecho de que tiene suscrito un acuerdo económico con la Unión Europea. Decimos que se trata de una buena noticia porque esperamos que este incidente suponga el inicio de un cambio efectivo y real en la Unión en la política relativa a los paraísos fiscales.
Ante todo, debe resaltarse el cambio operado en la misma noción de paraíso fiscal. Así, los trabajos desarrollados en el ámbito de la OCDE y de la propia Unión Europea han trazado una línea divisoria entre los paraísos fiscales cooperativos y no cooperativos. Los primeros serían aquéllos que, con independencia de que tengan un sistema fiscal prácticamente inexistente, al menos intercambien información de manera efectiva con el resto de países. Los segundos, que son aquellos contra los que se puede y deben adoptar medidas defensivas, ni siquiera acceden a este intercambio de información. De esta forma, puede afirmarse que los Estados desarrollados han admitido el perder parte de su recaudación con la esperanza de obtener, al menos, información acerca de los recursos de sus residentes allí depositados. Esto es, se ha disminuido el estándar de exigencia, limitándolo a la transparencia. Fruto de todo ello ha sido la suscripción de diversos acuerdos de intercambio de información con estos países o territorios y su consiguiente salida de los listados de paraísos fiscales no cooperantes.
Sin embargo, la realidad ha demostrado que la firma de tales convenios no constituye ninguna garantía real de que dicha información vaya a ser suministrada. En la mayor parte de los casos y salvo escasas excepciones, estos territorios y países suscriben el acuerdo y, con posterioridad, dificultan y ponen infinidad de trabas al intercambio de información. Esta realidad debería llevar a la OCDE a replantearse su política.
La situación es muy grave, como hemos dicho, cuando el paraíso es un Estado europeo como Liechtenstein. Pero no es el peor de los casos. La situación más lesiva se produce, a mi juicio, cuando es un Estado o territorio, no ya europeo, sino comunitario, el que no cumple las reglas de juego limpio. Y ello ya que, en esta situación, las posibilidades de reacción del resto de Estados se encuentran limitadas. Así, tales países o territorios quedan bajo la salvaguarda del Derecho comunitario, que impide prácticas discriminatorias. En teoría, estos países o territorios aceptan las normas comunitarias de intercambio de información. Sin embargo, dicha asunción es sólo formal, porque no cooperan cuando son requeridos para ello. El resultado es la integración en nuestro espacio jurídico y económico de un territorio o Estado no cooperante -los ejemplos son conocidos por todos- pero protegido por estas mismas normas que incumple.
Es necesario, por tanto, que las instituciones comunitarias, impulsadas por los países perjudicados por estas prácticas -como Alemania, pero también España- pongan en marcha una política seria y coherente, en una doble dirección. La primera, en el plano exterior, donde la Unión Europea, como tal, debe intensificar la presión contra los denominados paraísos fiscales no cooperantes, ya sean de hecho o de derecho.
La segunda dirección o mirada, tal vez más importante, debe dirigirse hacia el interior. Se trata de detectar aquellos países o territorios que incumplen el Derecho comunitario e iniciar los correspondientes procedimientos contra los mismos. De no hacerse así, los Estados serios -desde luego, nuestro país- se verán desarmados y sometidos a una competencia imposible de atajar. Es mucho lo que nos jugamos todos, incluidos los ciudadanos de a pie.
Jesús Rodríguez Márquez. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario