Por un modelo meditado y sostenible en el tiempo

Los sucesivos modelos de financiación desde la aprobación de la Constitución en 1978 han adolecido del mismo mal: su escasa flexibilidad para adaptarse a las nuevas realidades económicas y su dependencia a criterios de oportunidad política por encima de los económicos. Así, a cambio del apoyo de CiU, el presidente Felipe González cedió el 15% del IRPF a las comunidades y, José María Aznar, por el mismo motivo, el 33%. En la medida que las comunidades cargan con parte de las prestaciones sociales es deseable que tengan mayor acceso a los tributos estatales y es lógico que aumente la cesión en pro de su autonomía financiera. Es más, la autonomía política es papel mojado si no va acompañada de la financiera. Para ello, más que aumentar el porcentaje de cesión, las comunidades deberían tener una mayor capacidad normativa sobre los tributos cedidos. En cualquier caso, las reformas deberían ir precedidas de un debate económico y técnico y no originarse por la caprichosa aritmética parlamentaria que ha convertido la reforma de la financiación en un cambio de favores.

Sin embargo, el modelo vigente, aprobado con la mayoría absoluta del PP en 2001 y que nació con 'carácter de permanencia' tampoco ha quedado obsoleto. Se ha mostrado ineficiente para dar una respuesta adecuada al boom demográfico que han sufrido algunas comunidades debido a la inmigración. Así, las comunidades han visto como las necesidades de gasto en servicios sociales aumentaban por encima de las necesidades de gasto estatal -interior, defensa, presidencia-. Ello no ha hecho sino agravar un desequilibrio, donde el Estado recauda más de lo que gasta y, en cambio, los ingresos de las comunidades no alcanzan para cubrir sus prestaciones. En aras a la corresponsabilidad fiscal, el próximo modelo debería mitigar -que no eliminar- ese desequilibrio y ser flexible para evitar que dentro de cuatro años se entre otra vez en el tortuoso debate sobre la financiación.