Las reformas estatutarias abren la puerta a una nueva financiación
PSOE y PP defienden que el actual modelo ha quedado obsoleto y apuestan por modificarlo.
Apoyaré el Estatuto que salga del Parlamento de Cataluña'. Son las palabras que pronunció en 2004 el entonces candidato José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin en Barcelona y que abría la puerta a las reformas estatutarias. Tras la victoria -contra todo pronóstico- de Zapatero, se inició una legislatura marcada por la elaboración de nuevos estatutos que desencadenaron en encendidos debates en torno al modelo territorial y a la financiación autonómica, tema susceptible de provocar agravios comparativos.
Como ya sucedió con el Estatut de 1979, el Parlamento catalán dedicó su mayor esfuerzo a lograr una mejor financiación y propuso un sistema propio y fuera de la Lofca. También como sucedió en 1979, el Congreso lo rechazó en 2005. Sin embargo, Cataluña obtuvo del ministro de Economía, Pedro Solbes, el 'compromiso de mejorar la financiación de Cataluña dentro de la Lofca'. Ello implica reformar el sistema vigente desde 2002 y por el que se rigen todas las comunidades autónomas a excepción de las forales, País Vasco y Navarra. Las sucesivas reformas estatutarias impidieron que durante esta legislatura se reformara el modelo de financiación pero tanto PSOE como PP plantean elaborar una nueva Lofca si ganan las elecciones al considerar que la actual ley de financiación no da respuesta a la nueva realidad económica y social de España.
Si bien el Estatuto catalán no incluyó un sistema de financiación propio, en sus disposiciones adicionales señala que el Estado aumentará el porcentaje de cesión del IRPF y del IVA hasta el 50% desde su nivel actual del 33% y del 35% respectivamente. En los impuestos especiales, el porcentaje de cesión pasará del 40% al 58%. En la medida que Cataluña forma parte del régimen común, este incremento, si termina por producirse, afectará a todas las comunidades.
Mayor recaudación
La recaudación de tributos propios y cedidos ha aumentado a un ritmo notable en paralelo al crecimiento económico del que ha gozado España. Así, los ingresos por tributos cuya recaudación está totalmente cedida -el impuesto sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, y el que grava las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados- han aumentado en los últimos cuatro años un 77,8%. Según las estimaciones de la Agencia Tributaria, los tributos propios habrían alcanzado un volumen de 25.836 millones en 2007. Buena parte de este incremento se debería a la fiebre inmobiliaria que ha registrado a España en los últimos años. De 2002 a 2007, el impuesto de transmisiones patrimoniales -que grava la venta de vivienda de segunda mano- aumentó un 73,7%. Lo que supone un ingreso, siempre según las estimaciones de 10.358 millones de euros en 2007. Aún así, está tendencia ya se ha revertido por la desaceleración inmobiliaria.
En cuanto a los impuestos que recauda el Estado y cede parte de la recaudación a las comunidades (IRPF, IVA e impuestos especiales) el crecimiento ha sido menor. De 2003 a 2007, el ingreso tributario por estos impuestos subió un 49,4%. Con todo, estos impuestos suponen la mayor fuente de financiación para las comunidades autónomas. Hacienda calcula que el año pasado los ingresos alcanzaron los 53.748 millones de euros, más del doble que los procedentes de los tributos totalmente cedidos.
Dentro de la reforma del sistema de financiación en la próxima legislatura se deberá discutir la fórmula para compensar los ingresos que obtienen las comunidades autónomas por el impuesto de patrimonio, que tanto socialistas como populares han prometido eliminar. En 2007, este tributo reportó a las comunidades autónomas 1.515 millones de euros, algo menos que el impuesto de sucesiones y donaciones.
En cualquier caso, es innegable que desde la transición el aumento de la autonomía financiera de las comunidades ha aumentado significativamente. Hasta el punto que comunidades como Madrid y Baleares ya no precisan del fondo de suficiencia, que sirve como mecanismo de cierre. El fondo de suficiencia cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada comunidad y los recursos tributarios que obtienen.
La hacienda local
A finales de esta legislatura Pedro Solbes vinculó la reforma de la financiación autonómica con la de los entes locales. Así, el cambio en la financiación municipal quedó pospuesto para la siguiente legislatura. En los últimos cuatro años, los ayuntamientos se han beneficiado del boom inmobiliario en la medida que cobran por el impuesto de bienes inmuebles y por la cesión de suelo. Con los datos liquidados de 2005, el IBI alcanzó un importe de 6.780 millones de euros, lo que implica un 15,11% del total de ingresos locales.
En una ciudad como Barcelona o Madrid, el IBI representa el 50% del los ingresos tributarios. La legislación vigente desde 2004 establece que las capitales de provincia o de comunidad autónoma y los municipios de más de 75.000 habitantes tendrán derecho a un 1,6% del IRPF, a un 1,78% del IVA y al 2,04% de los impuestos especiales. Dentro de los impuestos cedidos, la mayor parte de los ingresos en 2005 -último año liquidado- procedieron del IRPF (48,9%) y el IVA (38,4%). Ello supone unos 355 millones de euros para los ayuntamientos procedentes del IRPF y unos 279 millones por el IVA. Las ciudades ya han reclamado un mayor peso en la participación de los tributos cedidos. En Barcelona, los impuestos cedidos suman el 11% del total de ingresos previstos en los presupuestos de 2008.
Los municipios consideran que su autonomía financiera es claramente deficiente. Las transferencias del Estado son una de las principales fuentes de ingresos. Con la liquidación de 2005, alcanzaron los 7.492 millones, el 16,6% del total de los ingresos locales ese año. Algo que tendrá que mejorar a partir de ahora.
El déficit fiscal como arma negociadora
Una vieja reclamación de la mayoría de partidos catalanes es la de publicar las balanzas fiscales, es decir, conocer qué aporta cada comunidad a las arcas del Estado y qué recibe. Desde Cataluña se defiende que la publicación demostrará que el déficit fiscal catalán es de los más altos de la UE y ello permitirá tener argumentos de peso para pedir una mejora de la financiación y una mayor inversión del Estado.El ministro de Economía, Pedro Solbes, formó el pasado mes un equipo para publicar las balanzas pero ya ha avanzado que ello no condicionará la reforma de la Lofca. Manuel Pizarro, número dos por Madrid del PP, también se ha mostrado partidario de la publicación.A pesar de que no hay datos oficiales, multitud de estudios han realizado estimaciones. Sin embargo, el debate técnico queda desvirtuado por el ideológico. Uno de los últimos trabajos fue de la fundación BBVA y mostró que Madrid era la comunidad que soportaba un déficit fiscal mayor. Desde Cataluña se matizó que el método utilizado -enfoque del flujo del beneficio- no era el idóneo ya que omite los beneficios económicos que Madrid obtiene por su capitalidad. Así, proponen el enfoque monetario, donde se tiene en cuenta el territorio donde se realiza el gasto público. En cualquier caso, Solbes manifestó que se utilizarán ambos métodos para conocer las balanzas fiscales.
Los Estatutos ponen a prueba al Gobierno
El nuevo Estatuto de Cataluña establece que la inversión del Estado en Cataluña se deberá equiparar a la participación relativa del PIB catalán en relación al PIB estatal por un periodo de siete años. La Generalitat calcula que ello supone una inversión de alrededor de 30.000 millones de euros hasta 2013. Esta disposición fue duramente criticada por el Partido Popular con el argumento que una comunidad no podía unilateralmente decidir cuál sería la inversión del Estado. Sin embargo, tras Cataluña, el resto de Estatutos, todos ellos aprobados con el apoyo del Partido Popular, han seguido el ejemplo catalán. Cada comunidad ha tomado las variables que más les beneficiaban para condicionar la inversión del Estado. Así, Andalucía prima el peso de la población, Castilla y León, la extensión del territorio, Baleares y Canarias -cuyo estatuto aún está en trámite parlamentario- exigen que se tenga en cuenta el hecho insular.Esta disparidad provocó que Solbes comparara en el Congreso, la financiación con un sudoku. Habrá que ver como los sucesivos Presupuestos Generales del Estado logran armonizar todas las demandas de inversión. Siguiendo el Estatut, Gobierno y Generalitat han pactado que el Estado invierta en 2008, más de 4.000 millones, lo que, para la Generalitat supone reconocer el déficit de infraestructuras que padece Cataluña.
Programas de los partidos
PSOE. Mayor espacio fiscal para las autonomías El programa electoral del Partido Socialista huye de las concreciones y aborda la reforma de la financiación basándose en unos principios genéricos. Sin embargo, establece que la nueva Lofca se hará con 'respeto a los criterios establecidos en los distintos Estatutos'. Además, la nueva financiación deberá aumentar la corresponsabilidad fiscal con el fin de consolidar un espacio fiscal propio para las comunidades y la suficiencia de sus ingresos. En este sentido el programa apuesta por la creación de 'consorcios entre la Agencia Tributaria y las comunidades que así lo deseen'.Ello implica una mayor participación de las comunidades en la gestión de impuestos y dotar de contenido la creación de agencias tributarias propias que la mayoría de nuevos estatutos prevén. Desde la Agencia Tributaria se ha matizado que los consorcios se limitarán al IRPF.PP. Una agencia de gestión de crisisEl programa del Partido Popular, como el del Partido Socialista, defiende la elaboración de un nuevo modelo de financiación. Este deberá responder a 'los principios de multilateralidad y de equidad', algo que según el PP se ha olvidado en los últimos años. Sobre los elementos del nuevo modelo de financiación, el PP indica que se deberá adaptar al aumento de la población en algunas comunidades y a la realidad geográfica de España. Más en concreto, el programa electoral propone la creación de una Agencia de Gestión de Crisis para coordinar los medios y esfuerzo de la administración general y autonómica en momentos delicados. También prevé la creación de un consejo de Cooperación Estado-Comunidades Autónomas, que se reunirá trimestralmente para evaluar los mecanismos de cooperación y que podrá exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en su seno.
