Entre la hipoteca del déficit tarifario y el debate nuclear

Los partidos han pasado de puntillas en sus programas sobre cuestiones como las tarifas y se centran en el debate sobre el cambio climático, el futuro nuclear y cuestiones de mercado.

Salvo en cuestiones de gran impacto mediático, como la lucha contra el cambio climático y lo que de ella se deriva (impulso a las energías renovables; reducción de emisiones de CO2 y programas de eficiencia y ahorro energético), los partidos políticos limitan sus promesas energéticas al futuro nuclear y al fomento teórico de la competencia y de la calidad del suministro.

Sin embargo, todos se olvidan de cuestiones esenciales como el grave problema del déficit tarifario o la necesidad de reforzar las áreas energéticas de Industria o, en su defecto la creación de un ministerio ad hoc. Ni que decir del debate de preservar o no en manos españolas el control de las empresas eléctricas.

El fiasco tarifario

Desde el punto de vista regulatorio, el problema más serio al que se enfrentará el nuevo Gobierno es el déficit de tarifa que, como consecuencia de una política que ha evitado recoger en su totalidad los costes de producción para no aplicar subidas tarifarias por encima del IPC, ha generado unos déficit que, en cualquier caso, el consumidor debe pagar a las eléctricas. La resistencia a la subida responde a la desconfianza del Gobierno en la formación de precios del mercado mayorista de la electricidad (pool) sobre el que pesa la permanente sospecha de la manipulación por parte de la empresas. Sobre el futuro de dicho mercado nada dicen los partidos.

El pago de los déficit acumulados, que superan ya los 14.000 millones de euros, y cuyo pago se difiere, ha hipotecado las tarifas hasta 2020.

El equipo de Joan Clos, estableció un sistema, según el cual, las tarifas eléctricas se revisan, al igual que las gasísticas, trimestralmente. Además, en un claro reconocimiento de que las subidas son insuficientes económicamente y para evitar problemas financieros a las empresas, se ha fijado el reconocimiento a priori (ex ante) de los déficit. Sin embargo, la norma que se aprobó para su financiación (la deuda la subasta la CNE entre entidades financieras) no ha convencido a los bancos a la vista de que la primera de estas pujas, que se celebró en noviembre, quedó desierta.

Pese a la política de contención de las tarifas que el Gobierno ha aplicado con fines electoralistas el último año, en 2006 el Ejecutivo socialista se atrevió a incrementar las tarifas el 5,8%. Y todo indica que, si ganara las elecciones, el PSOE está dispuesto a aplicar tarifas aditivas (recogiendo los costes), pese a que a partir de julio sólo sobrevivirán las de los consumidores domésticos y las pymes.

La detracción del CO2

Otra patata caliente a la que se enfrenta el próximo Gobierno es la de la detracción de los ingresos extras que las empresas han recibido al trasladar a los precios del pool el valor de los derechos de emisión de CO2 que han recibido gratuitamente. Un real decreto ley aprobado por vía de urgencia el 8 de diciembre puso a las eléctricas en pie de guerra, pues suponía la resta de dichos ingresos entre 2008 (sólo este año se les detraerán 1.400 millones a todo el sector) y 2012, segunda fase del Protocolo de Kioto. Para calmar los ánimos y obtener el apoyo político para su convalidación en el Congreso, el Gobierno se comprometió (es sólo un compromiso de palabra pues la norma está ya en vigor) a tramitar esta norma en el Parlamento como un proyecto de ley, lo que permitiría la introducción de enmiendas. Aunque en un principio las eléctricas contaron con el apoyo del PP, este partido se retractó al comprobar que si no se resta a las empresas los sobreingresos por el CO2, el coste lo pagarán los consumidores.

El debate nuclear

Entre el cierre de las centrales nucleares o la prolongación de su vida útil y siempre con el sacrificio por parte de algunos partidos de Santa María de Garoña discurre el debate político de la polémica energía atómica.

En algunos casos, como CiU se plantea la necesidad de un pacto de Estado para determinar qué hacer con unas centrales que, aunque tienen cada vez menor peso en cuanto a la potencia instalada (ya ha sido superada por la hidráulica) resulta esencial en cuanto a la producción. De la capacidad total instalada en España (en total, 85.00 MW), un 9% corresponde a la energía nuclear, casi un 20% a la hidráulica, un 45% a los combustibles fósiles (carbón, gas y fuel) y el 26% restante al régimen especial.

Pese a todo, tanto la eólica como la hidráulica están sometidas a los vaivenes del tiempo y las térmicas a los precios de los combustibles.

En el debate nuclear los partidos más reacios, como IU, plantean el cierre paulatino de las plantas en funcionamiento y, el resto, el aplazamiento del cierre. Más escabrosa resulta la cuestión de la apertura de nuevas instalaciones que, dadas las multimillonarias inversiones y los plazos tan largos de construcción, casi todos coinciden en la necesidad de un pacto de Estado (las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen mucho que decir en este caso) para garantizar una estabilidad regulatoria a largo plazo que permita la recuperación de las inversiones.

El futuro nuclear tiene además aspectos medioambientales que, según los expertos, son difíciles de superar, como la contestación social.

Interconexión en marcha

Un importante proyecto que el actual Gobierno ha conseguido impulsar es el de la interconexión eléctrica con Francia, que llevaba 15 años empentando. Tras acordar Nicolás Sarkozy el soterramiento del tramo más conflictivo de la línea que atraviesa los Pirineos, las partes pactaron un plazo de seis meses para poner en marcha el proyecto.

Aunque la capacidad de interconexión está lejos de la que la UE declaró como necesaria (el 10%), es un importante paso para el fin del aislamiento energético de España.

Programas de los partidos

PSOE: Cierre nuclear al final 'de la vida útil'De las 10 páginas que el programa electoral del PSOE, que supera las 300, dedica al sector de la energía, la mayoría se centran en el cumplimiento del Protocolo de Kioto, que España firmó en su día. En este sentido, los socialistas 'garantizarán que en el año 2020, 'al menos el 40% de la energía eléctrica producida y consumida en España proceda de fuentes renovables'. Para ello avanzará en medidas que ya están aprobadas como una mejora de la gestión de la demanda, con la progresiva implantación de limitadores de potencia y contadores con telemedida.El PSOE se compromete, dentro del impulso a la política energética comunitaria a fortalecer 'la seguridad del suministro' y a minimizar los riesgos derivados de la dependencia energética 'mediante la diversificación de energías primarias, tecnologías y orígenes geográficos'. En este sentido, se promoverán nuevas regasificadoras y almacenamientos subterráneos. Otra promesa, que ya está en la ley, es el establecimiento de 'tarifas de último recurso' para consumidores domésticos, pymes y administraciones públicas.En cuanto a las nucleares, el PSOE mantiene el compromiso de 'sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras, limpias y menos costosas', con el cierre de las centrales 'al final de su vida útil'. Una vida útil que, en cualquier caso, es prorrogable.Otros partidos a la izquierda, como IU, prometen el cierre de la central de Santa María de Garoña, la más antigua del parque español.Partido Popular: Un pacto de Estado y apertura del mercadoEl primer partido de la oposición se adentra mucho más que el PSOE en cuestiones de mercado, aunque con promesas retóricas como la que señala que 'eliminaremos las incertidumbres existentes en la actualidad sobre el modelo regulatorio' u otras muy técnicas, como la articulación de mecanismos de gestión de demanda entre horas puntas y horas valle'. El PP propone un sistema de retribución único para todo el territorio para la distribución del gas y la electricidad; la unidad de mercado en política energética; la libertad de contratación con contratos bilaterales a plazo; agilizar los trámites administrativos para las nuevas infraestructuras; incrementar los recursos para nuevos almacenamientos subterráneos y el impulso de las interconexiones internacionales.En materia nuclear quiere mantener los actuales emplazamientos y 'gestionar la vida útil', en línea con las tendencias internacionales (esto es, alargar dicha vida) y propone un consenso político sobre energía nuclear.

El papel del regulador sectorial

En las anteriores elecciones generales, el PSOE hizo una promesa que, finalmente, no ha cumplido: el nombramiento por el Parlamento de los miembros de la Comisión de la Energía. En esta ocasión, ya en el Gobierno, los socialistas han evitado en su programa cualquier mención a la CNE: ni sobre los citados nombramientos ni sobre una mayor autonomía del regulador.Por su parte, el programa del Partido Popular, pese a lo anunciado públicamente por su secretario de Política Económica, Miguel Arias Cañete, en relación al nombramiento de los consejeros por dos tercios del Congreso y a la mayor autonomía reclamada por este organismo (que ha pedido el fin de los recurso de alzada sobre sus decisiones) se limita a señalar que 'reforzaremos el papel como órganos de control, regulación y consulta de la Comisión Nacional de la Energía y el Consejo de Seguridad Nuclear'.