La discusión aplazada sobre la energía nuclear

La inminente campaña electoral debería ser el momento adecuado para reabrir, en profundidad, el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España. Una discusión que habría que plantearse sin apriorismos, con profundidad y argumentos, siendo conscientes de que cualquier decisión que se tome tendrá serias consecuencias a medio y largo plazo sobre la economía del país.

Sin embargo, nada hace pensar que PSOE y PP vayan a incluir este tema en sus agendas de campaña. Uno y otro partido ya han adelantado cuál va a ser su posición en este asunto. Y lo han hecho sin entrar a fondo en la materia. El partido del presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que irá cerrando las centrales nucleares que ya están en marcha según vayan cumpliendo su vida útil. Una medida que, en la próxima legislatura, sólo afectaría a la planta de Garoña (Burgos). Desde el PP de Mariano Rajoy han apuntado que mantendrán las actuales centrales y tratarán de ampliar su vida útil. Lo que está claro es que la discusión sobre el papel que debe desempeñar la energía nuclear en la cesta energética de España no deja de ser espinosa y los partidos con posibilidades de gobernar prefieren pasar sobre ella de puntillas.

Desde que en la década de los 80 se optara por aplicar una moratoria a la construcción de nuevas centrales, probablemente el intento más serio por tratar este asunto ha sido el promovido por el Ejecutivo socialista entre noviembre de 2005 y mayo de 2006 con la llamada Mesa Nuclear, un foro de diálogo en el que participaron 43 representantes de distintos sectores, desde la política y la empresa hasta organizaciones ecologistas y el mundo académico, y que se cerró con un catálogo de conclusiones que debería servir como hoja de ruta en el debate nuclear.

La reducción de la nuclear exige un plan de sustitución realista que garantice la seguridad del suministro

Los residuos radiactivos y los riesgos de un fallo o un atentado siguen siendo retos clave para el sector

El documento recogía pocas medidas concretas, pero algunas de ellas podían haberse materializado ya y deberían ser asumidas sin ambigüedades por el nuevo Gobierno. La más clara, la reforma de la vigente Ley sobre energía nuclear, que data de 1964 y que debería tener en cuenta el actual marco institucional y los nuevos compromisos asumidos por España en distintos tratados internacionales. Además, habría que actualizar el régimen sancionador (algo en lo que ya se ha avanzado con la nueva Ley del Consejo de Seguridad Nuclear), fijar unos criterios de seguridad para la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas y eliminar el carácter promocional de la nuclear contemplado en la ley.

Entre el resto de las conclusiones del informe, más de tipo genérico, hay algunas que son clave para tratar el tema. La primera, que el actual modelo energético no es sostenible a largo plazo, ni desde el punto de vista medioambiental ni económico. Las exigencias crecientes de la Comisión Europea a la hora de reducir las emisiones contaminantes y la nueva realidad de un petróleo con precios entre los 80 y 100 dólares por barril hacen necesario el diseño de un nuevo mix energético. La segunda conclusión destacable de la Mesa Nuclear es que cualquier cambio en esta cesta energética que suponga una reducción progresiva de la generación nuclear exige un plan alternativo de sustitución 'realista' que garantice la seguridad del suministro.

En este contexto, la apuesta del Gobierno de Zapatero y de los movimientos ecologistas por el desarrollo masivo de las energías renovables tiene sus riesgos. En la actualidad, la energía nuclear en España atiende el 18% de la demanda eléctrica. Y lo hace sin generar casi emisiones de CO2, con centrales que funcionan 8.000 de las 8.760 horas posibles en un año, y que producen la electricidad más barata que se negocia en el mercado mayorista. Las renovables, que tampoco producen emisiones contaminantes, sin embargo operan de forma intermitente, un número de horas cerca de cuatro veces inferior al de una planta nuclear, y generando una electricidad el doble de cara (en el caso más favorable de la eólica).

Con estos argumentos, la industria nuclear y las grandes eléctricas defienden un mayor peso de la energía nuclear y la construcción de unas diez nuevas centrales. Su deseo: que esta energía alcance un tercio del sistema energético, tras unas inversiones superiores a los 26.000 millones de euros. Una propuesta que se enmarca en lo que parece un renacimiento de la nuclear a nivel mundial, tras el parón derivado de los accidentes de Three Mile Island y Chernobil. En la actualidad, hay unas 52 centrales en construcción o contratadas en todo el mundo, 17 de ellas en Europa, con proyectos en marcha en Finlandia y Francia. Un más que probable relanzamiento nuclear en Estados Unidos podría acelerar este proceso.

Sin embargo, los principales inconvenientes de la generación nuclear siguen sobre la mesa y no parece que vayan a poder solventarse a corto plazo. El más significativo sigue siendo el de los residuos radiactivos, un problema abierto para el que todavía no existe solución tecnológica. El estado de la investigación sobre la transmutación de los isótopos de alta actividad es muy incipiente. Mientras tanto, se opta por una medida que debería ser temporal, como es la del mero almacenamiento. En España, las autoridades no han sido capaces todavía de fijar un emplazamiento para un almacén centralizado de residuos. Como recuerda Greenpeace, seguir generando residuos con una vida que supera en 20 veces la de toda civilización conocida es una carga 'inaceptable' para las generaciones futuras.

En materia de seguridad, son indudables los avances registrados en las centrales de nuevo diseño (tercera generación), pero el riesgo de un fallo, técnico o humano, y la posibilidad de un ataque terrorista no podrá nunca eliminarse al cien por cien, con unas consecuencias mucho más graves que cualquier circunstancia similar en otro tipo de central.

Desde el punto de vista económico, la energía nuclear tampoco es la panacea. Las reservas mundiales de uranio no son ilimitadas (se cifran en unos 80 o 100 años) y las fuertes inversiones que exige la construcción de una central (más de 2.000 millones por una planta de 1.000 megavatios) obligan a los gobiernos a dar incentivos (rebajas fiscales, garantías para créditos, seguros) a las empresas promotoras. O se opta por trasladar ciertos costes a los consumidores a través de la factura de la luz, como sucede en España con la gestión de residuos o el desmantelamiento de centrales.

Winston Churchill ya advirtió de que un error de tiempos es mucho más grave en política que en gramática. El futuro de la energía nuclear en España es un debate que los grandes partidos deberían afrontar ya, con todas las consecuencias, sin ocultar pros y contras y con la máxima transparencia y participación ciudadana.