Los laboratorios farmacéuticos, a examen
La Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado una sentencia que puede cambiar el actual sistema español de patentes farmacéuticas. En este contexto, el autor analiza la investigación que la Comisión Europea ha iniciado en toda la UE por los retrasos en la salida al mercado de los medicamentos genéricos
Las razones del incremento de la litigiosidad en materia de patentes farmacéuticas en los últimos años se debe a la caducidad de los derechos de patente sobre varios de los principales medicamentos superventas y a que éstos no han sido reemplazados con nuevos e innovadores medicamentos, tal y como tradicionalmente ha venido ocurriendo en esa industria. Esta es una realidad que no ha sido negada por las grandes compañías farmacéuticas. La falta de innovación ha provocado que parte de los esfuerzos de las compañías se destinen a mantener el máximo tiempo posible unos ingresos que están abocados a una drástica reducción. Parece lógico pensar que una estructura empresarial sobredimensionada luchará por mantener su posición en el mercado y agotará en ello sus recursos. Lo necesita para convencer a sus accionistas de su solidez y garantizarles la confianza en el futuro. Ahora bien, ¿cuáles son los límites de esa actuación? ¿Qué puede tolerar un mercado en la actuación de sus operadores?
Desde la Comisión Europea saltó recientemente una noticia que pasó a llenar las páginas de los diarios en el sector farmacéutico: 'La CE lanza una investigación sobre la industria farmacéutica por retrasar la comercialización de genéricos'. El teletipo que trasladaba la noticia desde Bruselas afirmaba que 'el Ejecutivo comunitario denunció que en muchas ocasiones se observan retrasos injustificados en la comercialización de fármacos genéricos, más baratos que los protegidos por una patente. Indicó que no pretende cuestionar los derechos de propiedad intelectual existentes sino únicamente averiguar si se está recurriendo a prácticas anticompetitivas para frenar a los genéricos, como un mal uso de las patentes o de la litigación'.
A la vista de lo que sucede en esta área económica no les faltan razones de preocupación a los grandes laboratorios. En particular cuando observamos la presión constante a la que tanto las autoridades nacionales como jurídicas se han visto sometidas. Acusaciones a la Administración sanitaria en materia de patentes, reproches de incumplimiento de normativa internacional, propuestas de modificación legislativa, propuesta de inversiones a cambio de incremento en la protección de patentes, etcétera.
La utilización de las patentes se ha intentado llevar no sólo a la salida de genéricos al mercado, sino incluso a su propia autorización por parte de las autoridades competentes. Los medicamentos, a diferencia de cualquier otro producto presente en el mercado, precisan de esa autorización administrativa previa, que garantiza a los ciudadanos su calidad, seguridad y eficacia. Lo óptimo no sólo para impedir su salida al mercado sino también para retrasar incluso la posibilidad de hacerlo pasaba por atacar además su obtención por el Estado. Y fracasados los intentos de impedir ya esa mera gestión administrativa previa, actualmente se plantea por esos laboratorios tratar de impedir la fijación de un precio para la futura financiación pública del medicamento, lo que retrasaría en unos meses la entrada de los genéricos a pesar de haber caducado una determinada patente.
Por otra parte, desde hace ya un año hemos sido testigos a través de la intensa publicidad mediática de determinadas compañías de la enorme maquinaria desplegada en el ataque a la ley española, que preveía que no se pudieran patentar productos farmacéuticos hasta el 7 de octubre de 1992. Un cambio en esta materia supone alterar sustancialmente las previsiones de la política sanitaria en materia de gasto farmacéutico para los próximos años.
Toda esta innovación (jurídica a falta de resultados en la innovación técnica) se lleva a cabo a través de instituciones aparentemente independientes. Han sido creadas y se utilizan para soportar jurídicamente las nuevas pretensiones de obstaculización de la entrada de genéricos al mercado; ya mediante la publicación de libros y revistas, ya a través de la impartición de cursos y seminarios formativos dirigidos a jueces y magistrados, químicos que puedan actuar como eventuales peritos judiciales, autoridades administrativas o políticas. Es decir, actividades dirigidas a quienes han de tomar decisiones en esta materia, dando siempre una visión parcial de las normas de patentes en aquello que interesa a las compañías que mueven los hilos de esos eventos. Nunca se invita a quienes puedan presentar las posiciones defendidas por los genéricos.
¿Es lícito actuar de esa manera para condicionar el mercado? Eso es precisamente lo que está investigando la Comisión Europea. Ciertamente en este caso, y por las reacciones que empiezan a aparecer en los medios, parece que los acosadores empiezan a sentirse acosados. Dentro de unos meses tendremos la respuesta por parte de la Comisión.
Miguel Vidal-Quadras Trias de Bes. Profesor de la Universidad Ramon Llull y abogado