TRIBUNA

La electricidad en la UE: más difícil todavía

La Comisión Europea dio a conocer hace unos días su nueva fórmula de enfrentamiento al cambio climático, articulando su ya conocido 20-20-20 cara al 2020, 20% de reducción de CO2 (respecto de 1990), 20% de participación de las renovables en el total de energía consumida y 20% de mejora de eficiencia energética. A pesar de lo que se ha escrito y hablado sobre este tema, considero que todavía hay aspectos im-portantes que se deben estructurar e interrelacionar, sin entrar en la polémica de las cifras.

Como primera reflexión, creo que hay que decir que la propuesta supone una demostración del convencimiento de nuestros gobernantes, incluidos los de Bruselas, de que el calentamiento atmosférico merece que la UE dé señales internas y externas más contundentes que hasta ahora. Asumen un riesgo, pero es una decisión política seria.

También se pone de manifiesto que los gobernantes de los países miembros saben más sobre reducción de CO2 o garantía de suministro energético, incluso eléctrico, que cuando se negoció el primer 'Kioto' y su reparto. Por eso, la distribución de la car-ga entre los países miembros muestra diferencias nacionales importantes como resultado, sin duda, de duras negociaciones entre los países entre sí y con la Comisión. Y que no acabarán hasta dentro de varios meses, cuando el paquete sea aprobado por el Consejo de Ministros de la UE .

Llama la atención que cada vez que la UE afronta temas energéticos, sea directamente o por motivos medioambientales, los países miembros demuestran que no quieren perder soberanía energética, incluso aunque esa soberanía local suponga diferencias de coste de la energía según el país. Esta postura, en ausencia de líneas de transporte suficientes, conduce a costes diferenciales de una materia prima como la electricidad, que está en la base de todas las economías. Y, ¿esta situación no va en contra del origen de la UE, un mercado único accesible a todos los ciudadanos y aplicable a todos los bienes y servicios? Recordemos que lo que hoy llamamos Unión Europea hace muy poco se llamaba Mercado Común.

La Comisión ha anunciado también, sin concretar, medidas extraordinarias para evitar deslocalizaciones de empresas eficientes intensivas en consumo energético. Parece que los responsables del nuevo paquete adivinan que lo que proponen acabará penalizando de forma desigual los precios energéticos europeos. Y esto encaja muy mal en la economía globalizada que la propia UE defiende con pasión desde mucho antes de hablar de CO2, esa economía en la que los costes y los precios los fija el mercado mundial, y no las decisiones regionales.

¿Y en concreto para España? Del análisis general de algunos aspectos de la propuesta, que aún no es definitiva, surgen nuevas reflexiones.

Esta apuesta de la UE, valiente y necesaria, por las energías renovables, no supone cambios en España. En el borrador de planificación de los sectores de energía eléctrica y gas 2008-2016, elaborado por el Ministerio de Industria y ya en trámite de audiencia, ya prevé el 40% de generación renovable en el total de generación eléctrica, necesario para cumplir el 20% de energía renovable en el total de energía primaria. Como nuestra planificación acaba 4 años antes que el horizonte marcado en las propuestas UE, es obvio que las claves ya están asumidas. Tampoco para las primas supone ningún cambio, porque la Comisión respeta que cada país mantenga su esquema.

Sin embargo, no se hacen las cuentas de lo que supone ese 40% de renovables en un país eléctricamente aislado. De acuerdo con nuestra planificación 2008-2016, la potencia eólica instalada alcanzará 29.000 MW y la de ciclos combinados 30.000 MW. La eólica contribuirá de forma sensible a cubrir el compromiso del 40% de renovables, pero el coste a sumar a las primas es que los ciclos combinados sólo funcionarán 2600 h/año como media, porque tendrán que ajustarse a la intensidad del viento, ya que la eólica no puede exportar sus picos al resto de Europa. Son menos de la mitad de las lógicas para esta tecnología, porque también aquí la falta de conexión penaliza. ¿Cuánto cuestan, además de las primas, 30.000 MW de ciclos combinados trabajando muy lejos de sus óptimos de funcionamiento y de contratación de gas? ¿Cómo y quién pagará esos sobrecostes?

Para las empresas españolas intensivas en consumo energético, sometidas por un lado a la competencia en el mercado global y, por otro, a comprar la energía eléctrica en el mercado local, la primera lectura es negativa.

Y lo mismo para la subasta del CO2 a las eléctricas, donde el problema del sobreprecio se incrementará a partir de 2013, respondiendo al mix de cada país. ¿Cuánto le costará a las eléctricas francesas, o en concreto a EDF, comprar en subasta el CO2 necesario para bajar el 21%, partiendo de un parque al 80% nuclear, y con proyectos ya en marcha para ampliarlo? Desde luego, mucho menos que a las eléctricas españolas, pero como podrán trasladar ese sobrecoste sin problemas, ya que seguiremos aislados, volvemos a lo mismo. El ajuste del CO2 de la generación eléctrica penalizará más a la industria española, con independencia de cómo se asigne en el futuro el CO2 a los sectores industriales.

En resumen, si ahora, tras diez años de liberalización, aparecen diferencias de precio de hasta el 50% en mercados regionales mayoristas de electricidad dentro de la UE, situación insoportable para la industria intensiva dentro de la propia UE, y no digamos fuera, lo incluido en esta propuesta de la Comisión puede que mejore la emisión de CO2, pero aleja todavía más el imprescindible mercado común eléctrico. Y aunque afecta a todos, las empresas sometidas a economía global, que se han esforzado en ser eficientes, en tener la mejor tecnología disponible y en producir de forma sostenible, no lo soportarán.

Javier Penacho. Vicepresidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE)