España gana el primer pulso a la CE en la pugna por el precio del ADSL

Industria fuerza a la OCDE a rehacer la comparativa de tarifas.

El cuadro que muestra la comparativa de precios de la banda ancha en los países de la OCDE en la web de esta organización ha perdido uno de sus componentes. Desde hace unos días, España ha sido eliminada del cuarto puesto como nación con las tarifas más altas y a su lado ya no aparece un coste mensual determinado, sino unos puntos suspensivos.

El Gobierno español y el Ministerio de Industria son los responsables de la desaparición, y se trata de una victoria. El Ejecutivo nacional ha ganado el primer pulso en su lucha contra las acusaciones vertidas desde la Comisión Europea de que el precio de la banda ancha es más caro en España que en la media de los países comunitarios o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Y es que los puntos suspensivos tras el nombre de España significan que esta institución se ha avenido a revisar la metodología que ha aplicado para el caso español. La importancia de la revisión radica en que informe de la OCDE ha sido una de las principales fuentes usadas por la CE para cuestionar las tarifas españolas, incluso como sustento de la multa de 151 millones impuesta a Telefónica en junio por trabar a sus rivales en ADSL. Y ahora se pone en cuestión.

Así lo aseguró ayer el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, en un encuentro organizado por la patronal Asimelec. Tras reiterar sus críticas a las comparativas internacionales, aludir a la dificultad de realizarlas y a lo delicado de equivocarse, Ros dio el golpe de efecto: 'Por primera vez, la OCDE está cambiando los indicadores que había sacado sobre España'.

Lo está haciendo, según Ros, porque 'se ha demostrado que estaba usando datos viejos', con 'medias de precios que no habían sido calculadas sobre la base de la población que compra las ofertas, sino con criterios puramente aritméticos'.

Tras la revisión, España mejorará unos '10 o 12 puntos', avanzó Ros, lo que situaría la banda ancha nacional justo en la media de la OCDE. Este salto demostraría que las acusaciones de la CE no son ciertas y, sobre todo, restaría fundamentos a la multa a Telefónica. La OCDE vuelve a tener la palabra.

La audiencia de la TDT preocupa al sector

Los españoles han comprado ya 7,5 millones de receptores de televisión digital terrestre, el 86% del total de hogares está ya en disposición de recibir la señal y el 47% de los edificios ya ha acometido la actualización necesaria para la nueva tecnología. Sin embargo, la TDT apenas tiene un 9,1% de cuota de pantalla, según los datos revelados ayer durante el II Congreso de Televisión Digital Terrestre, organizado por la patronal Asimelec.El director general de la Asociación para la Implantación y el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre en España (Impulsa TDT), Andrés Armas, aseguró que su implantación se está encontrando con barreras como los costes de adaptación tecnológica, los hábitos de consumo de TV actuales, la escasa oferta de contenidos diferenciados, la lentitud del despliegue de la red para dar cobertura y la rivalidad con las ofertas de paquetes integrados (ADSL más voz y televisión). Según el vicepresidente de Asimelec, Jesús Casado, asegura que existe cierto desinterés por parte de muchos operadores. Miguel Ángel García, gerente de Fenitel (la patronal de los antenistas), también cargó contra los propios espectadores. 'Los usuarios no son conscientes del concepto de apagón, lo que provoca falta de demanda'.El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, aseguró ayer que la transición a la TDT es, probablemente, la mayor operación logística que se puede hacer en un país, mayor que la pasada introducción del euro. Ros cifró en unos 11.000 millones de euros el volumen de negocio que moverá esta nueva tecnología, tanto por la venta de terminales como por los contenidos. Respecto de la posibilidad de introducir la TDT de pago, algo que la legislación actual no contempla, Ros aseguró que es la industria la que tiene que demandarlo, y que en ese caso, puede ser que no se acepte. 'Aún no hay nada decidido'.