El debate político de los impuestos
æscaron;ltimamente se escribe mucho en los medios acerca del impuesto sobre el patrimonio y el debate sobre su procedencia es tema de actualidad. El debate nos enriquece a todos pero ¿cuál es el verdadero alcance de esta controversia?
Las razones a favor y en contra de la supresión de este impuesto son siempre las mismas. Entre las razones a favor se encuentra la doble imposición que supone gravar la renta en el momento de su obtención (a través del IRPF) y, si el contribuyente decide convertir esa renta en ahorro, el gravamen adicional que implica el impuesto sobre el patrimonio.
En contra de su supresión se argumenta que este impuesto grava la riqueza acumulada por las clases altas. Sin embargo, los expertos en materia impositiva saben que esto no es del todo exacto. Los grandes patrimonios eluden el pago de este impuesto a través de fórmulas tan variadas y conocidas como las Sicav, las sociedades empresariales exentas o las sociedades constituidas en el extranjero (paraísos fiscales incluidos); fórmulas que son de difícil control para las autoridades tributarias.
Al final, son unos pocos los que soportan el pago del impuesto sobre el patrimonio y se dividen en dos grupos. Por una parte, los que han tenido la suerte de obtener un pequeño patrimonio cuyo importe no justifica una planificación fiscal. æpermil;stos, desde luego, no pertenecen a las clases altas del país. Y por otra, están los directivos con un volumen elevado de ingresos, de los que destinan parte al ahorro. Estos contribuyentes, con su esfuerzo, generan riqueza y puestos de trabajo y por eso ganan lo que ganan y, también, pagan lo que pagan en el IRPF. Pero, a fin de cuentas, son trabajadores por cuenta ajena para unas empresas que no suelen regalar nada.
Los impuestos son hoy un ingrediente más de la oferta política de las comunidades autónomas. Han asumido sus competencias en esta materia y la ley de la oferta y la demanda comienza a regir sus decisiones. Cuando se echa un vistazo en los presupuestos de las comunidades autónomas se observa que el volumen de ingresos por el impuesto sobre el patrimonio no llega al 2% del total de sus ingresos y en muchos casos se sitúa en torno al 1%.
¿Estamos discutiendo por calderilla? ¿Es esto redistribución de la renta o una pataleta de los políticos para quitarnos tres euros por cada euro que dicen darnos? ¿Existen otros temas prioritarios sobre los que debatir?
Las arcas del Estado y las de las comunidades autónomas se siguen nutriendo de los impuestos sobre el trabajo, porque son los más fáciles de controlar ya que las empresas que nos contratan tienen la obligación de informar puntualmente a la Agencia Tributaria sobre el dinero nos pagan. La última reforma del impuesto sobre la renta fijó un tipo único del 18% para rendimientos de productos financieros y ganancias de patrimonio. Felicidades a los rentistas, pero las rentas del trabajo pueden llegar a tributar al 43% y, excepto para los mileuristas, que en este país son muchos, casi todos los trabajadores están muy por encima de ese 18%. Según la información suministrada por la OCDE, poco más del 60% de lo que pagan las compañías a sus trabajadores acaba en sus bolsillos. ¿Es esto redistribución de riqueza?
El tema de la vivienda también debería ser prioritario. Los incrementos de precios en los últimos años han supuesto un aumento de los ingresos de las comunidades autónomas y del Estado, que han seguido cobrando su 7% sobre el precio de la vivienda y el 1% sobre el importe de la hipoteca. Los impuestos por estos conceptos han crecido al mismo ritmo que el precio de la vivienda, esto es, más del 50%. El impacto de este coste en las economías familiares es claro. Y no se está gravando precisamente una manifestación de riqueza; no se compran casas más caras porque se tenga más dinero; pero el dato resulta alarmante: el nivel de endeudamiento de las familias españolas se ha duplicado desde 1998.
Otro debate que merece también la pena, y sin embargo pasa desapercibido por mucho que nuestro Gobierno alardee de su reforma fiscal, es el incremento de la presión fiscal que supone no actualizar respecto a la inflación las deducciones y los tipos impositivos previstos en el IRPF. Los precios suben y la capacidad adquisitiva baja, pero el importe de las cantidades no gravadas por destinarse al consumo básico se mantiene casi intacto.
Y mientras todo esto permanece en el olvido, en los medios continúa la oferta política de los grandes partidos de cara a las próximas elecciones. El Partido Popular ofrece eliminar el IRPF para todos aquellos que obtengan unas rentas inferiores a 16.000 euros y el PSOE propone eliminar el impuesto sobre el patrimonio.
Discutamos, señores, pero que tampoco nos despisten. Hacienda somos todos.
Paula Gámez. Abogada de David Arnold Cooper