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Columna
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Se dispara la inflación

La economía española no para de darnos sustos: a la crisis de la vivienda y la consiguiente crisis crediticia se une ahora el descontrol de la inflación. Parece ser que el optimismo de las declaraciones del Gobierno empieza también a entrar en crisis, y no se va a tratar de algo pasajero.

En octubre, la inflación ha subido nueve décimas, hasta el 3,6%, que en porcentaje supone el 33% en un solo mes. Con ser grave tal situación, lo peor es que el diferencial con la media de la Unión Económica y Monetaria ha pasado a ser de un punto, cuando en septiembre era de 0,6. No se puede echar la culpa al petróleo y a la demanda de cereales para obtener biocombustibles, porque sus efectos también los sufren los restantes países de la Unión, por lo que la justificación habrá que buscarla en otra parte. ¿No será que todo lo queremos arreglar con discursos y más discursos, sin tomar las medidas que nuestra economía requiere?

Como el diferencial de inflación se trasladará a costes, ya que nuestra productividad sigue empeorando y no puede absorber parte de ese diferencial, la consecuencia será una pérdida de competitividad de la economía española, que se traducirá en una disminución de las exportaciones y en un aumento de las importaciones, continuando en aumento el saldo desfavorable de nuestra balanza comercial.

Pero este saldo hay que financiarlo y en una situación como la actual, con tensiones crediticias a nivel mundial a consecuencia de la desconfianza derivada de la crisis hipotecaria, no será fácil si no es pagando un diferencial de interés, lo que agravará aún más el déficit de la balanza de pagos.

El aumento de las importaciones y la disminución de las exportaciones a consecuencia de la pérdida de competitividad darán lugar a una caída de nuestro crecimiento, y el paro seguirá creciendo. La renta disponible de las familias caerá por disminución del empleo, y por tanto de la masa salarial, con lo cual el consumo continuará cayendo y en consecuencia la producción; el círculo vicioso de la economía continuará su camino devastador.

Pero no paran aquí los efectos perjudiciales de tan alta inflación. Al estar indizados en la casi totalidad de los convenios los salarios a la inflación, las empresas sufrirán en sus resultados tan perjudicial mecanismo, que además afectará a la asignación eficiente de los recursos. El propio Banco de España, en su último Boletín Económico, dice que en un momento como el actual de la economía española, con un fuerte repunte de los precios de la energía, generalizar la cláusula de salvaguarda del poder adquisitivo supone perjudicar el proceso de moderación de las tensiones inflacionistas. Y para el vicepresidente económico, Pedro Solbes, 'la indización salarial, si no está justificada por mejoras de productividad, puede introducirnos crecimientos de coste que al final nos hagan menos competitivos'

Al estar ligado el aumento de las pensiones a la inflación, la Administración pública se verá igualmente afectada por el fuerte incremento del índice de precios al consumo, que según cálculos aparecidos en los medios de comunicación, podría acercarse a los 2.500 millones de euros, que disminuirá en el mismo importe el superávit previsto. Con esto y con el Presupuesto expansivo previsto para el próximo año, las Administraciones públicas entrarán en déficit.

Para salir lo más rápidamente de la crisis que tenemos encima sería prioritario incrementar la productividad. Cuando tomó posesión el actual Gobierno manifestó que era prioritario elaborar un plan para incrementar la productividad. Pero ello no es tarea fácil, ya que no se logra por decreto, sino transformando información en conocimiento, éste en innovación y ésta en crecimiento.

Los resultados del citado plan no han podido ser peores, ha continuado inclusive aumentando nuestra pérdida de competitividad. La posibilidad de alcanzar el objetivo de aumentar la productividad, fundamental para salir del hoyo en que nos encontramos, es realizar una gestión eficiente del capital humano y del tecnológico, pues de nada servirá que los Presupuestos asignen más recursos a ellos, ya que se acumularía ineficiencia sobre ineficiencia.

La gestión que se ha hecho de la educación como instrumento para aumentar la productividad ha sido desastrosa para España, como lo demuestran los informes efectuados por la OCDE, el PISA y Desde la Universidad al Trabajo. Los alumnos españoles son incapaces de transformar información en conocimiento, y sin ello es imposible la innovación, que constituye la base del crecimiento.

A mi juicio, como puse de manifiesto en este mismo diario el 27 del pasado mes de octubre, el principal factor causante de ineficiencias se encuentra en la mala organización del sistema educativo, en la falta de responsabilidad de los agentes del sistema, en la no organización de un sistema público de educación donde exista un mercado regulado competitivo de la educación entre centros públicos y privados, con libertad de elección de centro y donde el dinero público siga al estudiante. La calidad se convertiría así en el instrumento de cada centro para conseguir estudiantes, si no hay estudiantes no hay subvención pública.

En cuanto al capital tecnológico, hoy día se va por el camino de impulsar el crecimiento de las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC) por ser mayor su elasticidad sobre el crecimiento del PIB que el de las infraestructuras, aunque sin que ello suponga olvidar a éstas.

La reforma del mercado de trabajo sería otro instrumento para aumentar la productividad. Los convenios deberían negociarse a nivel de empresa, teniendo en cuenta la productividad, y el coste de las regulaciones de empleo no puede estar tan alejado de la media europea.

José Barea, Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid

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