TRIBUNA

Modelos de competencia

La Comisión Europea (CE) basa su política de telecomunicaciones en la premisa de que el mercado es el mejor garante de la innovación, la adopción y uso de los nuevos servicios y la creación de riqueza directa e inducida. Por ello, su objetivo es potenciar la competencia en todos los segmentos del mercado. Sin embargo, la estructura sectorial de eslabones interdependientes hace imposible alcanzar los mismos niveles de competencia en cada eslabón, y consecuentemente se hace necesario optar por uno entre varios modelos de competencia.

Los servicios necesitan de las redes para llegar a los usuarios. Pero éstas, especialmente las fijas por cable, requieren de infraestructuras físicas enterradas, muy costosas y lentas de desplegar, que generan importantes costes fijos por terminación activa.

La CE pudo actuar sobre las redes si al liberar los mercados -coincidiendo con la tendencia a la privatización de operadores- hubiera regulado su separación estructural y quizá jurídica, si hubiera potenciado las redes basadas en la radio unificando bandas y promoviendo habilitaciones, si hubiera favorecido a aquellos que invirtieran en redes diferenciando sus costes de interconexión... Pero por motivos de tiempo-efectividad sobre los mercados, escogió la competencia en servicios, obligando a compartir la red de los operadores con poder significativo del mercado, dominantes en el eslabón de red.

Todo parece indicar que ese modelo desincentiva la inversión en redes alternativas. ¿Por qué invertir en costosos activos, no reutilizables, para un mercado futuro, pudiendo operar con gastos corrientes e inversiones menores y reubicables más unidos al mercado actual? Esa desincentivación, junto con el coste aún disuasorio de replicar las inversiones con fibra óptica, hacen intuir que vamos hacía una red monopolística, legalmente bendecida en contra de la premisa citada, de ahí la importancia de asegurar el acceso por terceros.

Creemos que la CE no considera suficientemente los efectos de sus decisiones sobre el medio/largo plazo. Por ello necesita ir adoptando constantemente decisiones que perfeccionen el mercado. Ahora quiere evitar las posibles distorsiones del doble papel -proveedor de red y competidor en servicios- desempeñado por los incumbentes, forzando un modelo de integración horizontal -separación organizativa y funcional de las redes y los servicios-, sin valorar adecuadamente, a nuestro juicio, las consecuencias futuras de tal decisión. El garantizar la neutralidad del proveedor de red es renunciar definitivamente a las redes alternativas, al hacer casi imposible poder mejorar su eficacia de gestión, economías de escala, tiempos de retorno y rentabilidades.

No es que esa decisión no sea buena para el mercado, es que quizá se esté hipotecando la modernización de la red única. El operador de red decidiría la mejor opción tecnológica para su país, pero, ¿invertiría en una red más moderna sin obtener con ello ventajas competitivas?, ¿invertiría en activos cuya rentabilidad fuera fijada reglamentariamente y no por uno mismo o por el mercado?, ¿se arriesgaría a innovar para beneficiar desde ya a todo el mercado? Recordemos que los operadores están obligados a consolidar sus cuentas anuales, ¿apoyarían sus accionistas esas inversiones frente a otras oportunidades en mercados de alto crecimiento?, ¿cómo actuaría el regulador si el negocio, regulado, de red generara un ROI disuasorio?

Paradójicamente la CE reconoce que el desarrollo de la banda ancha es más eficiente en los países con competencia en infraestructuras, pero sólo existe en un 20% de la UE por el desarrollo temprano de redes de cable ahora modernizadas, como en Dinamarca y Holanda, donde el incumbente moderniza su red para competir sin exigir vacaciones regulatorias, al contrario que el alemán.

Para definir una política comunitaria globalmente optima habría de considerarse no sólo el mercado, también las inversiones de capital, el marco innovador concebido, la riqueza transferida a consumidores y usuarios, los excedentes creados por los agentes, la competitividad inducida en otros sectores, y la situación comparativa internacional previsible a 10 años. Pero la CE considera aisladamente al sector, sin importarle los efectos inducidos necesariamente distintos en cada miembro. ¿No es posible una regulación flexible, basada en objetivos y no en obligaciones restrictivas? Es sintomático que, lejos de dejar mayor libertad a los Estados, quiera establecer un regulador único sin considerar que la situación europea no es ni mucho menos uniforme.

Emilio Lera

Analista del sector de tecnología de la información emiliolera@terra.es