Endesa niega su apoyo a Iberdrola en el pleito con la UE por la ayuda fiscal
Iberdrola ha pedido a sus competidoras que Unesa, en la que están integradas, presente alegaciones como tal en el expediente que la Comisión Europea abrió ayer contra las ayudas fiscales de que gozan las empresas españolas al comprar sociedades en el extranjero y que beneficiará, entre otras, a la eléctrica por la compra de Scottish Power. Endesa ya ha advertido que no la apoyará.
El anuncio la semana pasada de la Comisión Europea de que preparaba una investigación (que se inició ayer) para dilucidar si el régimen español de incentivos fiscales a la inversión en el extranjero viola las normas europeas sobre ayudas de Estado ha movilizado a las compañías más afectadas, que están buscando refuerzo. Así, Iberdrola, que obtendría una deducción de entre 1.000 y 1.500 millones de euros por la compra de Scottish Power, según información de la propia CE, ha pedido que Unesa (patronal que integran las grandes eléctricas) presente alegaciones como patronal en el procedimiento que se inició ayer y para las que tienen un mes de plazo.
Aunque la cuestión se planteará en la junta directiva de esta asociación de este mes, tras el correspondiente informe de los servicios jurídicos, Endesa ya ha advertido que no apoyará una defensa colectiva a su rival, según fuentes de la misma. La propuesta, por tanto, no prosperará ya que en Unesa hace falta unanimidad. Endesa estaría afectada, pero escasamente, por las compras de activos en Grecia y Portugal. En el caso de Hidrocantábrico, filial de EDP, dice desconocer la propuesta, aunque el presidente de su matriz, Antonio Mexía, se opuso en su día a las ventajas de Iberdrola. Otro tanto señaló Unión Fenosa.
La CE había comenzado a recibir quejas sobre los incentivos de forma paralela a la creciente expansión de las empresas españolas en Europa. La gota que aparentemente colmó el vaso fue, precisamente, la compra de Scottish Power por parte de Iberdrola, una operación anunciada en noviembre del año pasado, que desató las iras de los nacionalistas escoceses del SNP. Los eurodiputados de ese partido instaron entonces a la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, a investigar las supuestas ventajas fiscales que disfrutan las empresas españolas cuando se van de compras a otros países.
Respecto a la investigación ahora abierta, Kroes señaló ayer en un comunicado que 'va a permitirnos determinar si esta inquietud está justificada'. Tras un análisis preliminar, la comisaria teme que el régimen en cuestión, puesto en marcha desde el 1 de enero de 2002 el artículo 12 de la ley del Impuesto de Sociedades, pueda ofrecer a las empresas españolas 'una ventaja selectiva' e, incluso, incitar a que sociedades de otros países se domicilien en España para acogerse a ese privilegio. Bruselas también considera probablemente punible el hecho de que las ayudas fiscales sólo se apliquen para la internacionalización de las empresas y no para la creación de grandes grupos nacionales.
La CE advierte que si el expediente determina la ilegalidad de los incentivos, España podría verse en la obligación de exigir a las empresas la devolución de las ayudas. Un veredicto que colocaría en una incómoda tesitura tanto a Economía como a la decena larga de empresas que en los últimos cinco años han realizado multimillonarias inversiones en el extranjero. El secretario de Estado de Economía, David Vegara, defendió ayer la ley española, al asegurar que 'no es discriminatoria' no 'distorsionan la competencia' ni incumple la normativa comunitaria.
La AEB reacciona
Los servicios jurídicos de las empresas implicadas en la denuncia de la CE consideran que el caso es 'importantísimo', según fuentes de los mismos. De hecho, también la patronal bancaria, AEB, se ha puesto manos a la obra. Además del Santander, hay otras entidades, como el BBVA o el Sabadell, con deducciones fiscales por compras en el exterior. De hecho, según fuentes cercanas a la misma, la AEB ha ofrecido su apoyo al Ministerio de Economía (dirección de Tributos) en la presentación de alegaciones del Reino de España en el expediente.
Un incentivo para invertir fuera, no en España
La principal objeción de la Comisión Europea al impuesto de sociedades español es que incentiva la internacionalización de sus compañías, pero no concede los mismos beneficios para la creación de grandes grupos nacionales. Esa supuesta discriminación o selectividad justificaría, desde el punto de vista de la CE, la ilegalidad de la medida.'El régimen', critica Bruselas, 'sólo se aplica a las participaciones en empresas extranjeras y se supedita a la adquisición de más del 5% de la empresa objetivo sin que sea necesario adquirir el control'.Para José Luis Buendía, socio responsable del despacho Garrigues en Bruselas, sin embargo, 'no existe ventaja selectiva si, como es el caso, una aparente diferencia responde a la lógica del sistema fiscal en su conjunto'. Buendía, reconocido en Bruselas como uno de los mayores especialistas en ayudas de Estado, advierte que si el enfoque de la CE se aceptase 'habría medidas fiscales en muchos otros Estados miembros que estarían, como mínimo, bajo sospecha'.A pesar de todo, la CE ya declaró ilegal el año pasado otra medida fiscal española que permitía una desgravación del 15% en las adquisiciones de empresas extranjeras que redundasen en un aumento de las exportaciones españolas. El Gobierno aceptó poner fin en 2010 a esa ayuda. Pero el expediente abierto ayer, que podría prolongarse dos años, resulta potencialmente más peligroso porque, en este caso, la CE puede reclamar la devolución de las ayudas.Las empresas afectadas, si llega a eliminarse la norma, pedirán que no se aplique ninguna retroactividad, ni para las deducciones ya percibidas ni para las futuras, pues la amortización del fondo de comercio se aplica en 20 años.
Deducción con mucho riesgo
1. Telefónica generó 10.300 millonesLa compañía que preside César Alierta encabeza la lista de las posibles perjudicadas por la investigación abierta ayer por la Comisión Europea sobre el impuesto de sociedades. El grupo adquirió en 2006 la operadora británica de móvil O2 con un desembolso de más de 26.000 millones. Telefónica cifró en más de 10.300 millones el fondo de comercio generado por esa operación, cifra que la compañía podrá deducirse, a razón del 5% anual, durante los 20 años de amortización que permite la ley impugnada por la CE.2 Iberdrola y la operación de ScottishLa eléctrica tuvo que pasar el trago de ser la primera española a la que Bruselas exigió un cálculos de los beneficios fiscales que podría obtener por la compra de Scottish Power. La compañía tuvo que admitir que la compra de la escocesa podría reportarle una rebaja impositiva de entre 1.000 y 1.500 millones gracias la norma española sobre la amortización del fondo de comercio, que se calcula en 6.000 millones. En otro extremo, y bajo la nueva norma, Endesa, ha generado sólo un fondo de comercio de unos 75 millones de euros por sus compras en Grecia y Portugal.3 El Santander, entre los más afectadosMás de 10.000 millones fue el fondo de comercio generado para el Santander por su compra de la entidad británica Abbey National en 2004. La transacción ascendió a 13.400 millones de euros y convirtió a la entidad que preside Emilio Botín en el cuarto banco europeo por capitalización. El Santander se encuentra ahora embarcado en otra compra del banco holandés ABN Amro, una adquisición de 19.900 millones susceptible también de generar un fondo de comercio multimillonario. El banco, como otras afectadas, critica el que otros países, como Irlanda tengan un impuesto de sociedades del 12% y en España sea del 35%.