La UE se pertrecha contra el posible colapso de un banco transfronterizo
La creciente integración del sistema financiero europeo ha obligado a Bruselas a pertrecharse para la hipótesis de una crisis transfronteriza a gran escala. Aunque la UE considera 'bajo' ese riesgo, los 27 países han pactado las normas de actuación ante una catástrofe de ese calado.
Las colas ante las puertas del Northern Rock tienen, al menos, un componente tranquilizador. Se trata de un banco que opera en el mercado británico, con ahorradores británicos y supervisada y regulada por las autoridades británicas. El Banco de Inglaterra, además, ha sido el único encargado de mantener a flote la entidad tras la crisis de pánico entre sus clientes y accionistas.
Pero el escenario hubiera sido mucho más alarmante si la crisis de ansiedad se hubiera producido ante las sucursales o las filiales de alguno de los 41 grupos bancarios que, según Bruselas, operan en varios países europeos. Y mucho más si la hemorragia de fondos afectara a una de las 21 entidades cuyo negocio se realiza, en gran parte, fuera de su país de origen.
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE, conscientes de que la quiebra de uno de esos grupos puede acontecer, por remota que la hipótesis parezca en estos momentos, pactaron el sábado en Oporto los nueve principios que deberían regir el rescate transnacional de una entidad paneuropea.
El punto de partida es evidente, según el informe presentado a los ministros por el Comité económico y financiero de la UE: 'los actuales mecanismos para la estabilidad financiara, creados cuando los bancos actuaban sobre todo dentro de las fronteras nacionales, no pueden garantizar una solución puntual, eficiente y de bajo coste en un contexto transfronterizo'.
Con ese ordenamiento trasnochado, 'los conflictos de interés entre las autoridades de los diferentes países puede dar lugar a una cooperación inadecuada cuando haya que gestionar una crisis financiera', advierte el documento, elaborado por un grupo de expertos entre los que figura José Viñals, del Banco de España, y Lucas Papademous, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Para evitarlo, los expertos han consensuado las pautas de actuación que deberían prevalecer en caso de una crisis transfronteriza. Y el punto más polémico gira en torno a la utilización o no de recursos públicos para socorrer a un banco.
El Banco Central Europeo se ha negado a la aprobación de cualquier mecanismo que pueda dar la sensación al mercado de que existe un fondo preparado para acudir al rescate. Fráncfort temía que una señal en ese sentido alentase conductas irresponsable o demasiado arriesgadas.
'En caso de crisis', señala el segundo principio pactado en Oporto, 'se dará siempre prioridad a las soluciones que aporte el sector privado'. El tercer principio concreta que 'nunca podrá darse por garantizado que habrá dinero público', un remedio que sólo se utilizará para evitar 'un grave percance en la economía'.
La posibilidad de una crisis en la Unión Europea es baja
El informe del Ecofin (consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE) de Oporto recomienda que si se utilizan fondos públicos para solventar la crisis de un grupo bancario paneuropeo 'se comparta entre los Estados miembros afectados el impacto presupuestario de los costes'. El documento pide que el reparto se establezca 'en base a criterios equitativos y equilibrados, tomando en cuenta el impacto económico de la crisis en cada Estado'.Los expertos señalan que la posibilidad de una crisis de ese alcance es 'baja' en la UE. Pero advierten que 'a medida que la integración financiera progrese, será más probable que la crisis que afecte a un banco tenga significativas repercusiones transfronterizas'.El documento también recuerda que el impacto de ese tipo de crisis es considerable. Desde los años ochenta, las intervenciones en algunos países de la UE, EE UU y Japón han tenido un coste para el erario público de entre el 2 y el 16% del PIB, según el FMI.