La integración financiera en Europa
La integración financiera es hoy una realidad que gana terreno en la UE y que choca con la fragmentación de los mecanismos de control, según el autor. En su opinión, es necesaria una adaptación de la supervisión que minimice los riesgos y refuerce los estímulos estructurales necesarios para el crecimiento.
La integración financiera está ganando terreno en Europa, como lo demuestra claramente la multiplicidad de operaciones recientes de consolidación transfronteriza. Es una evolución que ofrece muchas promesas para el crecimiento económico. Sin embargo, los Estados europeos deben adaptar los mecanismos de control, hoy fragmentados y orientados a economías nacionales, si su intención es minimizar los riesgos a la estabilidad financiera y reforzar los estímulos estructurales necesarios para el crecimiento en la UE.
En algunos aspectos, las perspectivas son alentadoras. La UE ha logrado grandes avances en el desarrollo de la infraestructura regulatoria necesaria para el funcionamiento de mercados integrados y competitivos. Si bien algunas actividades, como los servicios bancarios minoristas, han quedado rezagadas, otras han registrado una expansión espectacular, que se manifiesta en el número y magnitud de las operaciones de los grandes grupos transnacionales. Iniciativas recientes ofrecen la posibilidad de una mayor expansión.
Y aún hay margen para más. Sorprendentemente, los bancos de la UE siguen sin estar orientados al conjunto de la Unión. Comparados con las empresas del sector manufacturero, los bancos siguen focalizándose desproporcionadamente en su mercado nacional y en los mercados externos a la UE. Esto podría ser producto en parte del mantenimiento de barreras de entrada, basadas en el papel estratégico que los bancos desempeñan en las economías nacionales.
A medida que las entidades transnacionales y sus operaciones se han multiplicado, el supervisor se ha visto en dificultades para mantenerse en línea con la evolución de los mercados
Este panorama refleja en buena medida un enfoque dual a la integración: considerable apoyo y avance hacia la constitución de un mercado integrado, mientras se mantiene una preferencia por una orientación básicamente nacional de la supervisión. Esta preferencia no ha de sorprendernos. Después de todo, las autoridades nacionales no pueden hacer otra cosa que tratar de mantener los controles necesarios para preservar la estabilidad financiera y limitar los riesgos a nivel nacional. De hecho, estas responsabilidades forman parte del mandato del supervisor.
Pero la situación tiene desventajas. A medida que las entidades transnacionales y sus operaciones se han multiplicado, el supervisor se ha visto en dificultades para mantenerse en línea con la evolución de los mercados. La supervisión de la casa matriz y sucursales de las instituciones paneuropeas está a cargo del país de origen respectivo, mientras que la supervisión de sus compañías subsidiarias está a cargo del país receptor.
Esto lleva, a veces, a un laberinto de decenas de autoridades diferentes participando en la supervisión de diversos aspectos de las operaciones de estas entidades. Además, si bien cada autoridad tiene, en principio, una adecuada visión del conjunto de las operaciones que atañen a su esfera de competencia inmediata, su conocimiento de toda la información pertinente va desde incompleto para las operaciones de grupos transnacionales hasta terriblemente inadecuado para el conjunto del sistema.
Más aún, la supervisión de los diversos elementos tiene un enfoque estrechamente nacional. Naturalmente, cada supervisor se ocupa de los aspectos de su competencia y del cumplimiento de su mandato. En esta tarea, tiene un margen de decisión sobre si compartir información con otros supervisores, margen cuya utilización es más probable cuando existen riesgos que comprometen su mandato.
En el contexto de esta divergencia de incentivos nacionales, decisiones descentralizadas y asimetría de la información disponible existe un alto riesgo de que se pasen por alto efectos potencialmente importantes que las medidas tomadas por un supervisor podrían tener en otro país. Esto es una fuente de complicaciones, como lo muestran los serios problemas que afectan actualmente a los mercados interbancarios, que son el producto de similares anomalías de información en el sector privado. En el caso de la supervisión financiera, los riesgos sin duda se ampliarán a medida que avance la integración.
Los mecanismos actuales también obstaculizan la integración y el crecimiento. En muchos casos, los grupos transnacionales deben aceptar limitaciones geográficas en la gestión de sus diferentes actividades; y el mandato de los diferentes supervisores, por no mencionar el orgullo que les inspira la solidez de sus respectivos sistemas nacionales, crea trabas a la innovación y al desarrollo e implementación de nuevas iniciativas públicas.
Estos problemas son bien conocidos. Sin embargo, a pesar de varias propuestas presentadas, las divisiones entre Estados miembros han conducido a soluciones relativamente limitadas, y en su mayoría de carácter voluntario. Esto refleja, en parte, la preferencia por la subsidiariedad en este ámbito, pero también diferencias de opinión más irreconciliables entre países de origen y receptores y, dentro de éstos, entre países grandes y pequeños -donde estos últimos están más expuestos y, por consiguiente, son más conscientes de los riesgos de contagio-.
Los problemas de fomentar la integración en un marco tan descentralizado son múltiples, como también son múltiples las soluciones posibles. En particular, ciertamente no es necesario que haya un supervisor único en Europa. No obstante, parecería que una condición sine qua non para avanzar es crear, en el marco de la supervisión prudencial, algún mecanismo de responsabilidad conjunta y rendición de cuentas. Sólo con este realineamiento de incentivos -apoyándose en un mandato de minimizar los posibles costes de una crisis generalizada en Europa- se puede esperar un progreso significativo en el fortalecimiento de la supervisión y en el crecimiento a mediano plazo.
Michael Deppler. Director de Departamento de Europa del Fondo Monetario Internacional