Techo de gasto para 2008
El Consejo de Ministros aprobó el 25 de mayo pasado el techo de gastos no financieros del Estado y organismos autónomos para 2008, en términos de contabilidad nacional, fijado en 153.920 millones de euros, que supone un aumento de 6,8% sobre el aprobado para 2007 y por encima del previsto para el PIB nominal. Como los ingresos, también en términos de contabilidad nacional, se estiman en 156.807 millones de euros, resulta un superávit de la Administración central de 2.887 millones de euros, equivalente al 2,26% del producto interior bruto.
Partiendo del gasto en contabilidad nacional se efectúan los ajustes correspondientes, que ascienden a -1.360 millones de euros, de lo que resulta un límite de gasto presupuestario para 2008 de 152.560 millones de euros, con un aumento de 9.633 millones de euros sobre el Presupuesto 2007.
El objetivo de estabilidad presupuestaria sobre el conjunto de las Administraciones públicas se fija para el próximo año en el 1,15% del PIB, distribuido en la forma siguiente: Administración central, 0,30%; Seguridad Social, 0,60%; comunidades autónomas, 0,25%, y entidades locales, 0,00%. Esta distribución permanece sin variación para el bienio siguiente, 2009-2010.
La Ley General de Estabilidad Presupuestaria establece que para el Estado, comunidades autónomas y entidades locales el objetivo de estabilidad será el equilibrio entre ingresos y gastos a lo largo del ciclo, fijándose el objetivo individualmente para cada Administración, exigiendo un superávit en las situaciones en las que la economía esté por encima de su potencial de crecimiento (3%), que permitirá compensar los déficit cuando la economía esté en la situación contraria.
Para la Seguridad Social, el objetivo de estabilidad será el equilibrio entre ingresos y obligaciones a largo plazo, es decir, el objetivo es la sostenibilidad del sistema, cosa que como he dicho varias veces no se ha conseguido, ya que no se han efectuado las reformas estructurales para conseguir a largo plazo dicho objetivo.
Por tanto, el superávit de la Seguridad Social no debe computarse para cuantificar en un ejercicio el cumplimiento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Por otra parte, la Ley General de Estabilidad Presupuestaria permite a las comunidades autónomas incurrir en déficit de hasta el 0,25% del PIB, cuando éste se dedique a la financiación de incrementos de inversión destinados a atender actuaciones productivas.
En el primer trimestre del corriente año el crecimiento del PIB ha sido del 4,1%, por lo que a juicio del ministro de Economía es posible que el Gobierno se plantee una revisión al alza. Sin embargo, la OCDE ha rebajado su previsión de crecimiento de la economía española para 2008 al 2,7%, estimación que ha sido totalmente rechazada por el ministro de Economía, asegurando que la economía crecerá el próximo año un 3,3%.
En la intervención que tuve en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas sobre ¿Es sostenible la financiación del déficit exterior español? (14-11-2006), puse de manifiesto que la sostenibilidad de la financiación del déficit exterior español dentro de la Unión Monetaria no es un problema macroeconómico, sino microeconómico, relacionado con la percepción que los prestamistas tengan de la calidad de los activos financieros que les ofrecen los prestatarios.
Parece que los temores que entonces expuse sobre un fuerte deterioro del crecimiento de la economía española a consecuencia de que los inversores extranjeros cambiaran la dirección de sus flujos de inversión hacia otros países, bien porque empezaran a dudar de la calidad de los activos que se le ofrecen en garantía o porque tuvieran la percepción de un cambio en la sostenibilidad del modelo de crecimiento español, empiezan a convertirse en realidad.
La duda en la calidad de los activos ha sobrevenido del continuo crecimiento de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios a las familias, que da lugar a un fuerte endeudamiento de las mismas, con la consiguiente dificultad para hacer frente a los reembolsos.
Este hecho pondría en duda la sostenibilidad del modelo de crecimiento español, basado en la construcción de viviendas, sector gran generador de empleo y, por tanto, de la renta disponible para el consumo. En cualquier caso, una retirada de los flujos financieros del exterior es evidente que tendría consecuencias muy graves, al no poder seguirse financiando nuestro actual modelo de desarrollo basado en la construcción de viviendas y en el consumo interno.
Según la OCDE, en 2008 comenzará a percibirse con mayor rotundidad la ralentización en el sector de la vivienda. La bajada del ritmo de crecimiento de sus precios, la disminución de los permisos de edificación y la caída significativa en la trayectoria bursátil de los grandes grupos inmobiliarios tienden a indicar una disminución de la construcción residencial.
La OCDE plantea un escenario muy inquietante: elevado endeudamiento de las familias y de las empresas, tendencia a la elevación de los tipos de interés, una ralentización en el consumo, un repunte en la inflación en 2008, que alcanzará el 2,7%, y un déficit creciente en la balanza de pagos por cuenta corriente: 10,1% del PIB en 2007 y un 10,5% en 2008.
Según hemos leído últimamente, la banca británica ha cambiado de estrategia y se está retirando de la financiación de inmobiliarias españolas, y en poco tiempo podría verse un contagio de este comportamiento en bancos de otros países. Si a ello se une la crisis habida en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la desconfianza en la economía española está a la orden del día en los mercados financieros del exterior.
Después de lo que acabamos de exponer, formulamos la siguiente pregunta: ¿el exceso de demanda interna, causante del doble desequilibrio de la economía española -balanza de pagos e inflación diferencial con los países de la Unión Europea-, se corregirá con los parámetros fijados para elaborar el Presupuesto para 2008 o, por el contrario, se agudizará?
José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid