COLUMNA

La conservación del patrimonio natural

España es un país con un importante patrimonio natural y una rica y variada biodiversidad. Dada nuestra posición geográfica, la extensión del país, su estructura física y su variada climatología, disponemos de un amplio abanico de ecosistemas y especies de fauna y flora silvestre, incluyendo las aves que nos visitan estacionalmente a lo largo del ciclo anual.

Conservar este valioso patrimonio se ha convertido en un importante objetivo colectivo nacional por muchas razones, entre las cuales destacaría por ahora dos. En primer lugar, porque ello significa avanzar en el establecimiento de un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible y respetuoso con la naturaleza, de la que dependemos en mayor medida de lo que imagina la sociedad actual. Pero también porque se trata de un patrimonio que puede generar actividad económica mediante un aprovechamiento sostenible que no atente contra su conservación.

Un objetivo social a largo plazo y de esta magnitud requiere un complejo proceso de transparencia que le garantice el apoyo de la sociedad. Al fin y al cabo, va a exigir un compromiso costoso financieramente, que restringirá los derechos de propiedad individuales y la capacidad de planificación de infraestructuras por parte de las Administraciones públicas. Sin duda que no partimos de cero en esta tarea pero el momento actual seguramente exige un amplio debate nacional, ante la tramitación en las Cortes del proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recientemente aprobado por el Gobierno, que viene a sustituir la Ley 4/1989.

Desde aquella fecha se han producido importantes acontecimientos de todo tipo, destacando la adopción por la Unión Europea de la directiva sobre hábitats (92/43). Dado su carácter orientativo, como toda directiva comunitaria, con ella se inició en todos los países miembros un largo proceso de elaboración de la denominada Red Natura 2000 (Red Ecológica Europea) que incluye los 'hábitats naturales y de especies' de interés comunitario.

La discusión de la nueva ley es una oportunidad para revisar lo hecho hasta ahora, vía decisiones autonómicas y reales decretos (1997/1995 y 1193/1998). Dentro de la Unión Europea de los Quince, España aporta a la Red Natura 2000 el 28,6% de la superficie a proteger, aunque su superficie geográfica sea el 15,6% de la comunitaria a quince. La superficie española incluida en la Red es el 23% de la total nacional, siendo el promedio comunitario del 12%. La recomendación de la última cumbre de la biodiversidad celebrada en Curitiba era de 'al menos' un 10% en cada país. Los grandes países comunitarios, Francia, Alemania y Reino Unido, no pasan del 7% de su superficie nacional. No existe ningún país comunitario que ni siquiera se aproxime al 23% español, quedando Italia en el 14%. La misma directiva sobre hábitats, en su artículo 4.2, reconocía la necesidad de aplicar los criterios con cierta flexibilidad en los casos en que los hábitats prioritarios superaran el 5% del territorio de un país.

Para España someter a protección tan extensa superficie va a exigir cuantiosas inversiones y obligará a conceder muchas indemnizaciones y compensaciones. Además la superficie elegida se caracteriza por su continuidad que, por ejemplo, impedirá cruzar las zonas montañosas. De cualquier modo, va a ser necesario extremar la prudencia en la gestión de un instrumento tan sensible, no sólo medioambientalmente, sino también desde una perspectiva social, económica y territorial.

Las cifras siempre son frías, pero cuando se constata un liderazgo tan notorio en el contexto europeo es lógico hacer una llamada a la prudencia y la reflexión. En la delimitación de los espacios a proteger tal vez no se haya extremado la prudencia, especialmente al establecer el tamaño de la muestra de cada ecosistema más allá de lo razonable. De todas formas nada habría que objetar si la sociedad española fuera plenamente consciente de los gastos y las servidumbres que va a imponerle la nueva ley. No obstante, mi experiencia me indica que más bien existe un elevado nivel de desconocimiento social y un notable temor en las Administraciones frente a la presión ideológica de los grupos e intereses ecologistas. Y todo ello arropado por esa corriente mediática dominante de lo políticamente correcto.

No obstante, habría que valorar el riesgo que se asume con este tipo de decisiones que pueden generar un efecto bumerán sobre el propio objetivo conservacionista, cuando la población, los municipios y las empresas tengan que valorar en su justa medida su aportación concreta a la defensa del patrimonio natural y la biodiversidad.

Carlos Tió. Catedrático de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid