Elecciones y relaciones laborales
Las cuestiones laborales parecen estar alejadas del debate ante la próxima cita electoral, cuando, según el autor, debían de estar más presentes que nunca. En su opinión, asuntos como la deslocalización y sus repercusiones son cruciales para los territorios con mayores problemas de desempleo y de desindustrialización.
El próximo domingo estará en juego la configuración del poder local y de una parte significativa del poder autonómico para el próximo cuatrienio. La distribución de competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales hace que los grandes temas económicos y sociales queden, por regla general, fuera del debate. El ámbito autonómico y local se presenta, pues, en principio, alejado de las cuestiones laborales y de todo lo referente a la ordenación de los mercados. Apenas los temas fiscales, por las propuestas de modificación o supresión de determinados impuestos transferidos, han tenido espacio destacado en los debates electorales.
Y, sin embargo, el desarrollo económico y el progreso social de los distintos territorios estará, también, influenciado por las políticas que los poderes autonómicos y locales correspondientes lleven a cabo. Políticas que ni se debaten ni se someten a la consideración de los ciudadanos y que, cuando suscitan algún pronunciamiento expreso, abren la espita de salida de los planteamientos más simplistas y demagógicos.
Veamos algunos ejemplos. Las decisiones empresariales de, por simplificar, deslocalización de actividades, o simplemente de finalización de las mismas, vienen provocando furibundas reacciones de las autoridades del territorio afectado, que suelen unirse al coro de lamentaciones sindicales. En estas últimas semanas, al hilo de algunos casos particularmente dolorosos y significativos al respecto, Gobiernos regionales y representaciones sindicales han emprendido un discurso coincidente: en un primer momento, de pura negación de la decisión empresarial (la empresa no se va, la fábrica no se cierra). Nadie explica cómo, en una economía de mercado basada en la libertad de empresa, puede impedirse que esta libertad se ejercite para salir del mercado. Cuando se comprende que la decisión es irreversible, se pasa a una segunda fase: la empresa no se va a ir de rositas. He perdido ya la cuenta de las veces que he visto reproducida esta frase en las declaraciones de líderes políticos y sindicales en los últimos tiempos.
El proteccionismo cortoplacista suele ser una fuente casi inevitable de mayor inseguridad laboral a medio y largo plazo
Estas actitudes políticas ni se debaten ni se cuestionan. Al contrario, generan una carrera demagógica para ver quién es más firme en el rechazo de la decisión empresarial y en la exigencia de penalizaciones diversas para los responsables de la misma. Y, sin embargo, deberían ser debatidas y deberían formar parte de los programas electorales. El 'no se van a ir de rositas' puede ser un planteamiento que aporte réditos electorales en el corto plazo. Y cuanta más firmeza se exhiba, más puede la ciudadanía, en ese corto plazo, valorar positivamente la actitud de los responsables políticos.
Pero en el medio y largo plazo las consecuencias para el territorio pueden ser nefastas. No se atraen inversiones ni se dinamiza la economía llamando terroristas, delincuentes y estafadores a quienes adoptan decisiones que pueden tener una implacable lógica económica aun cuando provoquen graves problemas sociales. Y propiciar un clima de enfrentamiento y de persecución, judicial, administrativa y callejera contra las empresas que se marchan no evita esa marcha y dificulta la búsqueda de cauces de colaboración para que se realice de manera socialmente responsable, minimizando los efectos negativos sobre los trabajadores y sobre el territorio.
Los poderes públicos deberían, cuidando los intereses ciudadanos en el medio y largo plazo, sin duda, pero también en el corto, lanzar un mensaje completamente distinto: bienvenidas sean todas las empresas que vengan, se instalen, creen riqueza y contribuyan al bienestar de la población. Y si circunstancias del mercado provocan que, lamentablemente, en el futuro tengan que marcharse y terminar sus actividades, lo sentiremos, trataremos de que, dentro de la racionalidad económica, puedan revisar esa decisión y, si no es posible, les pediremos que colaboren en la solución de los problemas sociales que se generen. De tal manera que quede garantizada la adecuada protección social de los trabajadores así como el mantenimiento de la actividad y del empleo en la región.
Algo parecido sucede con el ejercicio de las competencias de ejecución que de la legislación laboral tienen atribuidas las comunidades autónomas. Rara vez esas competencias se utilizan para propiciar un marco de actuación favorable para el desarrollo de actividades empresariales y la creación de puestos de trabajo. Con independencia del color político, la actitud ante los expedientes de regulación de empleo, ante las negociaciones colectivas provinciales y ante los conflictos surgidos en las empresas suele ser de apoyo decidido a las reivindicaciones laborales y sindicales y de incomprensión de los planteamientos empresariales, lo que se traduce en hostigamiento y en presión hacia las empresas. Hostigamiento y presión que conducen, en muchas ocasiones, a la firma de acuerdos que llevan en sí mismos el germen de la posterior destrucción de empleo. El proteccionismo cortoplacista suele ser una fuente casi inevitable de mayor inseguridad laboral a medio y largo plazo.
Muchos de estos temas son cruciales para aquellos territorios que tienen mayores problemas de desempleo y de desindustrialización. Y sin embargo están ausentes de los debates electorales. Y, sobre todo, están ausentes de las rendiciones de cuentas que los poderes públicos deben a los ciudadanos y que, en las ocasiones electorales, deberían, con particular intensidad, exigirse.
Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues