El déficit eléctrico visto a través de un cubo de Rubik
Hace unos días un buen amigo me dio una excelente definición del déficit tarifario del sector eléctrico: 'Eso es como cuando alguien te gastaba una broma intercambiado los colores de dos piezas en un cubo de Rubik, y tú, sin saberlo, seguías intentando resolverlo'. Encontré mi viejo Cubo, casualmente resuelto, en la caja de los juguetes y tras permutar los colores de un par de piezas, comencé a girarlo. Después de un rato, me di cuenta de que aunque era mejor desarmarlo y reconstruirlo de nuevo, también era posible conseguir algunas caras del mismo color. Al cubo mágico tarifario le sucede lo mismo: es un rompecabezas tridimensional que debe combinar equilibrio tarifario con liberalización del suministro y precios finales de energía 'aceptables'. Si no podemos recomponerlo, al menos deberíamos lograr el mayor número de caras resueltas. Intentaré demostrar que si bien el Gobierno ha renunciado por el momento a alcanzar el primero de los objetivos, puede garantizar los dos últimos plenamente.
Equilibrio tarifario. El precio final de la electricidad está hecho de dos costes: energía y acceso a las redes. Cuando los distribuidores suministran directamente a consumidores finales, lo hacen cobrando unas tarifas que incluyen ambos costes. Sin embargo, los comercializadores pagan a los distribuidores un peaje por el acceso a sus redes y suministran energía a precios libres. Por lo tanto, el equilibrio tarifario requiere que los ingresos (por tarifas y peajes) y los costes de los distribuidores coincidan.
Si bien el Gobierno ha asumido en las tarifas de 2007 un coste de energía acorde con la realidad, también ha admitido que los ingresos de los distribuidores seguirán sin cubrir sus costes en unos 3.200 millones (según el Informe 39/2006 de la Comisión Nacional de Energía, CNE), dando carta de naturaleza a un nuevo déficit tarifario. Sin embargo, esta elevada cifra contrasta con un déficit cinco veces menor (612 millones de euros) si todos los consumidores fueran suministrados por comercializadores y los distribuidores sólo recaudasen peajes. Esto es así porque el déficit por kilovatio hora que durante 2007 ocasionarán los consumidores suministrados a tarifa (aproximadamente el 60% de la demanda pero el 98% de los consumidores) es mucho mayor que el que provocarían si estuviesen en el mercado libre.
Liberalización del suministro. Los consumidores que son suministrados por su distribuidor de siempre lo son no por decisión propia, sino más bien porque el Gobierno establece unas tarifas y un sistema de recuperación de déficit que propicia la predación en precios y la exclusión de los comercializadores del negocio de suministro. Por lo tanto, y en relación a estos consumidores, el ingreso que a los distribuidores les queda una vez que descuentan de dichas tarifas el coste de la energía que tienen que abonar a los generadores (es decir, lo que llamamos el peaje implícito o embebido en la tarifa) es menor que el correspondiente peaje. En consecuencia, la variable relevante para determinar el déficit que provocan los consumidores suministrados por los distribuidores no es en absoluto el peaje publicado en el BOE sino más bien el peaje implícito en las tarifas.
La conclusión es por lo tanto inmediata: mientras haya déficits y consumidores a tarifa, el Gobierno debería fijar los peajes de dichos consumidores al mismo nivel que el de los peajes embebidos en las tarifas por tres razones: porque tal medida no incrementa el déficit esperado de 3.200 millones de euros; porque permite a los comercializadores competir con los distribuidores en igualdad de costes de acceso a las redes, tal y como exige la Ley del Sector Eléctrico, y no ser discriminados; y porque restituye a todos los clientes su capacidad de elegir el suministrador que prefieran.
Precios finales de energía 'aceptables'. La existencia de tarifas insuficientes para cubrir costes se debe a que el Gobierno quiere que los consumidores no paguen hoy por su electricidad lo que realmente cuesta, aunque lo terminen pagando mañana. En otras palabras, estas tarifas continúan siendo fijadas a niveles política y socialmente 'aceptables' en lugar de ser calculadas. No obstante, sin entrar a discutir los costes financieros y medioambientales de tal medida, resulta evidente que la competencia entre comercializadores es capaz de producir el mismo resultado en términos de precios finales. Para ello basta que el Gobierno publique unos peajes equivalentes a los peajes implícitos en las tarifas y suba las tarifas lo suficiente para estimular el cambio de suministrador.
En conclusión, el Gobierno puede conseguir más liberalización a precios finales no superiores a los políticamente aceptables y con un déficit decreciente.
Alfredo Huertas. Director de Regulación de Centrica Energía