COLUMNA

Clima a la europea

La actual presidenta de la UE, la canciller Angela Merkel, logró que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Bruselas aprobara su propuesta para hacer frente al cambio climático. El plan consiste básicamente en reducir en 2020 en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto al nivel alcanzado en 1990, porcentaje que se incrementaría al 30% si otros países siguiesen el ejemplo europeo. Para conseguir tan ambicioso objetivo la UE se propone utilizar diversos procedimientos: por ejemplo, aumentar la proporción de energía generada mediante fuentes renovables hasta llegar a un 20% en promedio; incrementar, también en un 20%, la eficiencia energética, así como obligar al sector del transporte a que un 10% de la energía consumida por sus diversos componentes proceda de biocarburos.

Todos esos objetivos son muy loables pero la experiencia de los últimos años enseña a desconfiar de que se vayan a alcanzar. Y como conviene siempre apoyar afirmaciones como ésta con razonamientos y datos se me permitirá seguir ese método con algunos casos que considero especialmente relevantes. Primero, el comercio de derechos de emisión. Aun cuando la UE no fue la inventora de este procedimiento, sus responsables se han sentido siempre muy orgullosos del aparente éxito que ha alcanzado en la Unión; sin embargo, los Gobiernos europeos han cometido un error fatal al conceder gratuitamente esos derechos a contaminar y concederlos con una desmedida generosidad. El resultado ha sido paradójico: en lugar de reducir las emisiones contaminantes las empresas menos respetuosas con el medio ambiente se han encontrado en las manos un valioso regalo. Pero hay más; como el que hace la ley hace la trampa, se ha descubierto recientemente que numerosas empresas químicas chinas, al calor de las compras de derechos por parte de empresas europeas y con unos equipos muy sencillos y baratos de reducir sus emisiones de HFC-23 (hidrofluoruro de carbono), potente productor de GEI, venden sus derechos a cambio de cientos de millones de euros.

Por otro lado, se fomentará la energía solar como alternativa sin reconocer que es mucho más costosa que la nuclear, como tampoco está claro qué tecnología se va a emplear para la captura y el almacenamiento geológico del temido dióxido de carbono (CO2), pero, eso sí, las subvenciones van a correr con generosidad. Y todo ello cuando de antemano se conoce que hay países miembros que con toda seguridad serán incapaces de alcanzar los objetivos ahora aprobados.

España es un caso curioso y por tanto digno de una referencia especial. De acuerdo con las cifras sobre emisiones equivalentes de CO2 entre 1990 y 2004, somos el país de la UE que más ha incumplido los compromisos aceptados cuando firmamos el compromiso de Kioto pues hemos aumentado las emisiones nada menos que un 49% -¡o sea, que en los 13 años que nos separan de 2020 deberemos reducirlas en un 69%!-.

Tarea nada fácil si se tiene en cuenta que somos el décimo mayor productor mundial de CO2 -con 427 millones de toneladas- y que según un índice internacional elaborado por las universidades de Yale y Columbia conjuntamente con la Comisión Europea y el Foro Económico Mundial de Davos sobre respeto al medio ambiente, España ocupa el puesto 23 entre los 100 países analizados. Pero lo grave es que ocupamos el puesto 20 entre los 29 países ricos analizados; o sea, que estamos a la cola gracias a nuestra apuesta de crecer a costa del medio ambiente. Todo ello acaso sea la razón que ha movido al Gobierno a solicitar un informe que con el título Estrategia española de cambio climático y energía limpia. Horizonte 2012 ha hecho público el Ministerio de Medio Ambiente y que está lleno de buenas intenciones e interesantes promesas. Queda por ver su efectividad y los costes que empresas y consumidores soportaremos para lograr el objetivo.

Esa referencia a los costes permite enlazar con una cuestión vital: las consecuencias económicas del cambio climático. El Gobierno británico ha publicado el trabajo de un grupo de expertos dirigidos por Nicholas Stern en el que se estudia esa cuestión. Las conclusiones son aterradoras: si no se toman medidas para contener las emisiones de CO2, los costes equivaldrían a una reducción anual y permanente del orden del 5% del PIB mundial; por el contrario, si para 2035 mantuviéramos las emisiones de CO2 en 450-550 ppm (partes por millón) de CO2 -actualmente estamos en un nivel de 430- el coste equivaldría al 1% anual del PIB mundial. ¡Conviene ir echando cuentas!

Raimundo Ortega. Economista