3/20 en la UE para el año 2020
Los objetivos energéticos y medioambientales marcados en el denominado acuerdo 3/20 del Consejo Europeo son modestos, pero difíciles de cumplir, según el autor, que se suma al Debate Abierto sobre el cambio climático. En su opinión, sólo una fuerte presión de la opinión pública puede ayudar a los Gobiernos a recuperar el tiempo perdido
Para celebrar el 50 aniversario del Tratado de Roma y empezar a preparar el post-Kioto, el pasado Consejo Europeo decidió aumentar la producción de energía renovable hasta el 20% del consumo energético de la UE, reducir un 20% las emisiones de CO2 y aumentar un 20% la eficacia energética... en 2020. El acuerdo de los 3/20 ha sido saludado enfáticamente por Angela Merkel, Jacques Chirac y José Manuel Barroso como un gran momento de la construcción europea, que da a la UE el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Se diría que la Europa de la energía está por fin en marcha, pero lo más difícil está por hacer.
El carácter 'obligatorio', y no meramente indicativo, como algunos querían, del objetivo de energías renovables y la consideración de la energía nuclear eran los grandes obstáculos que ha debido superar el Consejo.
El segundo ha sido sorteado hábilmente, dando satisfacción a un Chirac que se despedía del Consejo sin por ello considerar a la energía nuclear como una energía renovable. No entrará pues explícitamente en el cómputo de ese 20%, pero se reconoce su papel en la reducción de las emisiones y de ello se derivará una menor exigencia en el reparto entre países del esfuerzo necesario para conseguir el objetivo global.
Y eso será lo más difícil. La Comisión deberá proponer ese reparto de forma 'justa y apropiada', teniendo en cuenta las circunstancias de cada país. Los que recordamos cuán difícil fue acordar la evolución de las emisiones de CO2 hasta 2012 para cumplir con el objetivo global de reducción del 8% impuesto por Kioto sabemos que no será nada fácil.
Sobre todo en una UE que, a la espera de la nonata Constitución, no dispone de competencias en política energética. Ni siquiera se sabe si las propuestas que presente la Comisión deben aprobarse por unanimidad o por mayoría. Lo primero será muy difícil de conseguir y lo segundo, de aceptar por muchos países. Tampoco se sabe en qué consiste el carácter 'obligatorio' del objetivo ni sobre quién recaerían ni cuáles serían las consecuencias de su incumplimiento. Hasta la fecha sólo un país, Reino Unido, ha preparado una legislación nacional que da carácter obligatorio a los objetivos de reducción de emisiones, acompañándolos de las correspondientes sanciones.
La situación actual, 6,5% de energías renovables para el conjunto de la UE, está muy lejos del objetivo propuesto y con enormes diferencias entre países, desde el 1,5% de Bélgica y Reino Unido al 40% de Letonia o el 30% de Suecia, pasando por una horquilla central del 5%-6% en la que se sitúan Alemania, Francia, España, Italia y Polonia.
La previsión más optimista para 2010 no rebasa el 9%, lejos también del objetivo del 12% que fue proclamado en su día con igual entusiasmo que el de ahora. Parece como si ante la imposibilidad de alcanzar un objetivo propuesto para una fecha que se aproxima se anuncia otro mucho más ambicioso para una fecha más lejana. Puede ser una huida adelante para hacer olvidar el incumplimiento de compromisos pasados o una forma de intentar compensar mañana lo que no se consiguió ayer.
La propuesta de reducir el 20% las emisiones de CO2 sería razonable si la UE cumpliese en 2012 el objetivo de reducirlas el 8%, siempre con relación a 1990, al que le obliga el Protocolo de Kioto. Pero hasta 2004 las emisiones de la UE a 15 sólo se han reducido un 0,6%. El esfuerzo para cumplir en el tiempo que queda es enorme y hasta hace poco la Comisión consideraba que sólo Suecia y Reino Unido lo conseguirían.
El espectacular éxito de Reino Unido (-14% contra los -12,5% previstos en el Protocolo de Kioto) es debido al cambio de carbón a gas del mar del Norte, menor emisor de CO2. Alemania (-17%) aún no alcanza sus compromisos de Kioto (-21%) pero la reducción de sus emisiones se debe en gran medida al hundimiento de la muy contaminante industria de Alemania del Este. Francia (-0,8%) cumple el objetivo (muy modesto) de estabilización de las emisiones que le asignó Kioto.
España ha aumentado sus emisiones el 49% hasta el 2004. El actual Gobierno ha tomado medidas desde el principio de la legislatura, traducidas en precios más realistas de la electricidad o el Código de la Edificación, y está elaborando la estrategia nacional del cambio climático. Por primera vez se ha reducido el consumo energético a pesar del fuerte crecimiento económico pero será difícil reducir ese aumento hasta el 15% en 2012, salvo que se haga un importante uso del 'mecanismo de desarrollo limpio', invirtiendo en proyectos que reduzcan emisiones en países en desarrollo.
El conjunto de los países desarrollados han reducido el 3,3% sus emisiones con relación a 1990, lejos del 5,2% previsto por el Protocolo de Kioto, y esa reducción se debe fundamentalmente al colapso de las economías del bloque soviético. Rusia y Polonia emiten actualmente un 30% menos que en 1990, pero con la reciente recuperación económica sus emisiones han empezado de nuevo a aumentar.
Las emisiones de los países del Sur, a los que no se les aplicó ninguna restricción en Kioto, crecen por encima de toda previsión. Entre 1990 y 2004, las ocasionadas por los combustibles fósiles aumentaron en un 76%. En China, un 108% desde 1990, 15% sólo en 2004. Las emisiones chinas eran en 1990 dos veces menores que las emisiones norteamericanas, pero las sobrepasaran este año, como ya han sobrepasado las europeas...
En realidad Europa generó en 2004 sólo el 14% de las emisiones mundiales de CO2. Por ello, su propuesta de reducción sirve sobre todo como elemento inductor de la moderación del comportamiento de los demás, dentro de las tremendas consideraciones de equidad que se hacen patentes cuando se sabe que en un país como el Congo sólo el 6% de la población tiene acceso a la electricidad.
Los objetivos aprobados por el Consejo son pues a la vez modestos y difíciles de cumplir. Convertirlos en realidades y recuperar el tiempo perdido será muy difícil y ningún Gobierno lo conseguirá sin una fuerte presión de una opinión pública coherente.
José Borrell Fontelles. Eurodiputado, miembro de la Comisión de Energía del Parlamento Europeo