La posible exclusión del castellano
Las estadísticas sobre conocimiento y uso de las lenguas, incluidos los censos de población, muestran que las reformas del sistema educativo en Cataluña, el País Vasco y Galicia están dando sus frutos por los elevados porcentajes de alfabetización de las generaciones más jóvenes en sus correspondientes lenguas.
Sin embargo, existe un absoluto desconocimiento de lo que ocurre en esos territorios con el castellano, sin que parezca existir el menor interés en que se detecte la exclusión que pudiera estar sufriendo en esos territorios, lo que explicaría la negativa de algunas oficinas de estadística comunitarias a que los censos de 1991 y 2001 extendieran la pregunta autonómica sobre conocimiento de la lengua vernácula (entender, hablar, leer y escribir) al resto de lenguas españolas, incluido el castellano, y a las principales extranjeras. Sin que les valieran las razones que hacían deseable esta extensión que, además de aportar una información importante para la integración de los extranjeros, les hubiera permitido saber el nivel de conocimiento de sus lenguas en otros territorios del Estado español.
Esta sospecha, que en su caso debería ser confirmada o rechazada con datos estadísticos fiables, nace al observar cómo determinadas fuerzas nacionalistas parecen estar buscando en su lengua vernácula el elemento de identidad que les falta por la mezcla que ha registrado su población como resultado de la migración interior, de los matrimonios mixtos y de la siempre mayor fecundidad de las mujeres inmigrantes.
Existen indicios que no parecen apuntar precisamente a la soñada convivencia de las lenguas y de los pueblos de España
En este sentido apunta el reciente libro El Estado fragmentado, de Francisco Sosa e Igor Sosa, con prólogo de Joaquín Leguina (Editorial Trota, diciembre 2006), donde se hace un repaso de la carrera iniciada por los nuevos estatutos de autonomía en materia jurídica, financiera, lingüística y reivindicativa de derechos históricos que, según sus autores, aleja cualquier posibilidad de un federalismo escasamente deseado por nacionalistas que tienen la secesión como objetivo.
Ciñéndonos al caso de Cataluña, en tan sólo los 10 años que separan los censos de 1991 y de 2001, el porcentaje de quienes saben escribir en catalán ha pasado del 39,9% al 49,7%, lo que es razonable por la propia sustitución de generaciones viejas (en 2001 quienes tenían 85 años y más sólo sabían escribir en catalán en un 25,1% de las ocasiones) por jóvenes generaciones educadas casi exclusivamente en catalán (también en 2001, por ejemplo, eran un 85,2% los que, teniendo de 10 a 14 años, sabían escribir en dicha lengua).
Según el estudio de Usos lingüísticos que realiza el Instituto de Estadística de Cataluña, ya en 2003 el catalán superaba al castellano como lengua habitual y alcanzaba al 51% de la población de Cataluña, lo que todavía no se traduce en la audiencia de medios en dicha lengua puesto que, con datos de 2004, la de televisión en catalán se queda en el 24,9% del tiempo total que se dedica a ver televisión, la prensa en catalán es un 27,5% del total de prensa diaria y el número de títulos editoriales en catalán es sólo el 11% del total de los editados en Cataluña.
Pero las dificultades para el desarrollo de la lengua catalana que parecen mostrar estas cifras no deberían llevar a enfrentar lenguas que pueden convivir, sobre todo cuando el pueblo español, a través de su Constitución, ha superado la larga etapa histórica que llevó en 1886 al gran poeta Joan Maragall a denunciar 'el empeño de los castellanos de que no se escriba en otra lengua que la castellana, ni se hable más que el castellano'. Un buen ejemplo de esta superación se puede encontrar en el discurso de toma de posesión como director del Instituto Cervantes en junio de 2004, donde el también poeta César Antonio Molina dijo que 'España es un país lingüísticamente plural y el Instituto se esforzará en dar a conocer esta riqueza lingüística y sus respectivas creaciones culturales', promesa cumplida a la vista de los programas de actos que edita dicha institución.
Pero existen indicios que no parecen apuntar precisamente a la soñada convivencia de las lenguas y de los pueblos de España. Las sanciones a empresas por no rotular en catalán han aumentado un 63% en el último año, las amenazas nacionalistas si prosperan los recursos contra el Estatuto son serias y la fuerte reacción ante el decreto que impone una tercera hora semanal de castellano en una enseñanza primaria que se imparte totalmente en catalán parece desmesurada. No dejaría de ser lamentable que el actual consejero de Educación, Ernest Maragall, invirtiera el agravio del que se quejara amargamente su abuelo.
José Aranda. Economista y estadístico