TRIBUNA

La defensa de la competencia

Cuando una opa puede provocar abuso de posición de dominio, la intervención de los poderes públicos está justificada, según el autor. Pero, en su opinión, en casos como las opas sobre Endesa el debate se empobrece al girar excesivamente en torno a la polémica político-partidista

Los economistas han identificado numerosas razones por las que, en el libre ejercicio de la actividad mercantil, una o varias empresas pueden estar interesadas en hacerse con el control de otra. Las explicaciones más benévolas incluyen la búsqueda de sinergias y la posibilidad de que la empresa adquirente mejore la gestión de la adquirida. Otras explicaciones aluden a los beneficios obtenidos a costa de terceros. Por ejemplo, algunas opas generan valor para los accionistas cuando, pasando por encima de acuerdos tácitos entre los anteriores gestores y los trabajadores, se efectúan reestructuraciones reductoras de salarios o destructoras de empleo. Otras opas mejoran la posición de mercado de las empresas afectadas, permitiéndoles obtener beneficios adicionales a costa de sus competidoras, los consumidores o el regulador.

De todas estas fuentes de valor, las más preocupantes son las últimas, pues el abuso de una posición de dominio en el mercado y las prácticas restrictivas de la competencia pueden causar importantes pérdidas de bienestar a los consumidores (o a los contribuyentes, en un sector regulado). Esto justifica la principal intervención de los poderes públicos frente una opa: la evaluación de si la operación perjudica a los consumidores y, en su caso, la propuesta de condiciones (incluida la prohibición total) que ayuden a limitar tales perjuicios.

Ante esta intervención, no es extraño que los diferentes contendientes en disputa por el control de la empresa objetivo ofrezcan argumentos que empujen la decisión de las autoridades en el sentido que les sea más propicio.

Idealmente, esos argumentos deberían combinarse con otros más independientes que favorecieran una evaluación ecuánime de las implicaciones de la operación para el bienestar de los consumidores tanto a corto como a largo plazo. En la batalla por Endesa, la temprana politización del debate público y la justificación de la intervención de las autoridades aludiendo a vagos intereses nacionales y al resbaladizo carácter estratégico del sector eléctrico han dificultado que tenga lugar una discusión más desapasionada y concreta sobre las pérdidas y ganancias de bienestar que están en juego.

En la situación de actual segmentación de los mercados eléctricos europeos, ¿acaso no es Gas Natural un competidor potencialmente más relevante para una Endesa independiente que la alemana Eon? ¿No debería entonces deducirse que la operación inicialmente planteada por Gas Natural podía dañar más los intereses de los consumidores españoles que la operación posteriormente planteada por Eon? ¿Qué factores concretos hacen que la nacionalidad de una de las empresas eléctricas que operan en España despierte tantas dudas y no así la presencia de empresas extranjeras en tantos otros sectores de la economía? ¿Acaso no es también estratégico el sector de las telecomunicaciones? ¿Por qué la compra de la española Amena por la francesa France Télécom (Orange) no ha despertado los mismos recelos que la posible compra de Endesa por Eon? Si existe el riesgo de que, en los sectores regulados, las empresas establecidas influyan en las decisiones del regulador, ¿no deberían alegrarse los consumidores españoles de tener como suministrador de electricidad a una empresa extranjera mirada con recelo por el regulador y la opinión pública? Y, por último, ¿cómo alteraría el diagnóstico la todavía lejana posibilidad de que algún día se interconectaran la redes de alta tensión de los países europeos?

En la España de hoy, el debate público gira excesivamente en torno a las cuestiones y opiniones que generan una polémica político-partidista casi inmediata. Esto fomenta el desinterés de los medios de comunicación hacia cuestiones igual o más importantes pero menos susceptibles de producir enfrentamiento entre los principales partidos políticos y, además, desanima a participar en los debates a quienes pudieran dar visiones sin un cariz partidista. La pobreza del debate público vuelve a la sociedad vulnerable a la manipulación. Así, cuando una empresa adquiere a otra de mutuo acuerdo, la operación puede pasar casi desapercibida. En cambio, ante una operación hostil, basta que una de las dos apele a un aspecto políticamente polémico del proceso para que surja un debate agrio y difícilmente objetivo sobre la cuestión.

Con un debate empobrecido, es fácil dejarse llevar por argumentos simplistas que, apoyándose en la popularidad de defender aspectos tales como la españolidad de la empresa en liza conduzcan a un intervencionismo poco fundamentado. Faltan voces expertas que recalquen que, en el ámbito de la regulación y organización de un sector como el eléctrico, el principal interés a defender desde los poderes públicos es el de los consumidores. Y que si esto pasa o no por dejar a los actuales operadores bajo el control de empresas de unas u otras nacionalidades es absolutamente secundario.

Javier Suárez. Profesor del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi), y premio de la Fundación Banco Herrero para investigadores menores de 40 años