El nuevo modelo de crecimiento en España

Desde el ingreso en la Unión Monetaria, España adoptó un modelo de crecimiento condicionado por los bajos tipos de interés y la estabilidad de la economía, principio básico del Tratado de la Unión. Dicho modelo ha estado fundamentado en la demanda interna, por un lado de la vivienda y por otro del consumo de las familias a consecuencia del fuerte aumento del empleo del sector construcción.

El modelo ha dado lugar al más largo periodo de desarrollo de la economía española, una década con crecimiento medio cercano al potencial de desarrollo. Sin embargo, este modelo empieza a dar ya señales de fatiga: caída de los precios de la vivienda, fuerte déficit exterior y de competitividad que hace que no sea ya sostenible a medio plazo. El pase a otro modelo de crecimiento es lento, no se consigue por decreto, sino por cambios estructurales que a veces son dolorosos a corto plazo. En la economía moderna el cambio en el modelo de desarrollo discurre transformando conocimiento en innovación, lo que requiere la calidad de la enseñanza. ¿Cuál es esta calidad en España, después de cuatro leyes aprobadas para su reforma?

El informe PISA de la OCDE muestra que España se encuentra significativamente por debajo de la media de los 42 países participantes en las áreas de matemáticas, ciencias, lectura y resolución de problemas básicos, que fueron las áreas objeto de estudio, en las que participaron alumnos de 15 años. El informe pone de manifiesto que los alumnos españoles no son capaces de comprender y valorar lo que leen y por tanto no podrán construir el conocimiento, que actualmente es el factor básico del crecimiento.

Es inconcebible que los padres de los alumnos de menor renta financien la educación de los ricos o de estratos de renta elevada

Para alumnos universitarios la OCDE realizó el informe Desde la educación al trabajo, en el que participaron 25 países, y España se encontró en una situación desastrosa: más de un 25% de los jóvenes han abandonado sus estudios, siendo difícil, por su bajo nivel de educación, entrar en el mercado de trabajo.

Para que la educación se convierta en el principal motor que haga posible esa transformación, su proceso productivo debe funcionar con eficiencia. No es cuestión de leyes. Llevamos cuatro con resultados de mal en peor. Se trata de reformas estructurales que modifiquen en profundidad el proceso productivo. ¿Qué reforma sería necesario efectuar para cambiar a un proceso productivo eficiente? Este es el verdadero quid de la cuestión.

Si la regulación pública lo que ha hecho ha sido perjudicar la calidad de la enseñanza, por qué no ensayamos introducir competencia entre centros públicos y privados, con libertad de elección de los usuarios ya que la educación reúne las características de los bienes privados, aunque se financian públicamente, aspecto que continuaría sin variación. En la economía de mercado la competencia es el principal instrumento para ganar eficiencia, expulsando del mercado a los no eficientes, y no las regulaciones públicas y el monopolio público tanto para controlar la oferta como la demanda.

Mantenga el Estado lo que debe constituir su función, financiar la educación para lograr equidad y fijar los objetivos de calidad, pero no asumir la producción que, como ha ocurrido, ha dado lugar a un deterioro total de la calidad de la enseñanza, lo que incide en la capacidad de los alumnos para transformar conocimiento en innovación, y por tanto en un mayor crecimiento de la economía.

En la enseñanza universitaria sería necesario introducir una reforma estructural radical, tanto para ganar equidad como eficiencia. Es inconcebible que los padres de los alumnos de menor renta financien la educación de los ricos o de estratos de renta elevada, como han mostrado los estudios realizados.

En el nuevo sistema todo el mundo pagaría su educación, excepto el porcentaje que se fijara por las externalidades positivas que la educación universitaria genera, que se estima en el 30% del coste. Para los alumnos de familias de renta baja o medio baja se implantaría un sistema de becas generosas, que podría llegar a cubrir en determinados casos hasta el 70% del coste, con lo cual, en este supuesto, la educación universitaria le resultaría totalmente gratuita. En el supuesto de que el alumno no pudiera ir a la Universidad por ser absolutamente necesaria su incorporación al trabajo para ayudar al mantenimiento de la familia, se le concedería una beca salario que sustituiría tal ingreso, que estaría obligado a devolver cuando, terminada la carrera, se incorpore al mercado de trabajo. Todas las ayudas enumeradas estarían condicionadas al rendimiento de los alumnos en sus estudios.

Para ganar eficiencia, a las universidades no se les financiaría el coste en que incurren, sino exclusivamente el 30% del coste de los alumnos que elijan la correspondiente universidad, en razón, como he dicho, de las externalidades positivas que genera la educación universitaria. El resto del coste tendría que ser financiado por los alumnos con la renta familiar y, en su caso, con la beca concedida.

Al establecerse la libre elección de centro universitario, público o privado, las universidades competirían entre sí para captar alumnos, ya que será ésta la única financiación que tengan. La competencia estimulará la mejora de la calidad de la enseñanza, pues si no serían expulsadas del mercado.

Las infraestructuras han jugado un papel esencial en el desarrollo de los países a consecuencia de la correlación entre capital público y productividad. La OCDE ha procedido a revisar esta correlación, resultando que la elasticidad del producto respecto a las infraestructuras se encuentra en el entorno de 0,02, en tanto que para los activos englobados en las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC): software, hardware y telecomunicaciones, dicha elasticidad es casi el doble.

Esto ha llevado a la UE a efectuar una distinción entre capital riqueza y capital productivo, aconsejando a los Estados un desplazamiento del gasto en infraestructuras al gasto en tecnologías de la información y el conocimiento, especialmente a España, gran beneficiadora de fondos comunitarios para infraestructuras, pues ello impulsará nuestro desarrollo de forma más equilibrada.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid