No hay presupuestos sin concesiones
Recordaba hace unos días, a propósito del inicio de la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 (PGE), unas frases del escritor e historiador francés André Maurois en su Historia de Inglaterra y los ingleses sobre el origen y desarrollo del Parlamento. En su opinión, el rey comprendió pronto que un impuesto se acepta de mejor grado si aquellos que deben pagarlo están presentes cuando se establece y que convenía, al tiempo y debido a la imposibilidad de conocer el estado de la opinión pública, exponer de vez cuando la condición del reino a unos cuantos notables llegados de todos los condados quienes después podrían, con sus opiniones e informes, crear un ambiente favorable a los designios reales. Han pasado muchos siglos pero me pregunto si, a la vista de lo que otoño tras otoño sucede con la discusión parlamentaria de los PGE, la situación ha mejorado o empeorado respecto a tan vetusto precedente. Y para que nadie se sorprenda expondré sucintamente los fundamentos de mis dudas.
Cuando a finales de septiembre el ministro Pedro Solbes entregó al presidente del Congreso los PGE, varios grupos parlamentarios se apresuraron a difundir la noticia de que presentarían una enmienda a la totalidad. Dada la mayoría relativa en que se apoya el Gobierno, ello suponía un serio contratiempo, si bien mirado Solbes contaba con un margen de maniobra notable. Por descontado, el PP se opondría por principio; los grupos de izquierda, ERC o IU, por estética -las cuentas no son suficientemente sociales e ilustran el viaje al centro del Gobierno Zapatero-, pero las amenazas relevantes no eran éstas sino las de los representantes de los nacionalistas consolidados en Cataluña y País Vasco; o sea, CiU y PNV.
Durante unos días se mantuvieron frecuentes conversaciones entre sus más destacados miembros con representantes del partido del Gobierno, y probablemente del Ministerio de Hacienda, de las que poco o nada ha trascendido a la opinión pública. Pero el caso es que el día antes de la presentación de los PGE en el pleno del Congreso ambos grupos daban su apoyo al Gobierno. ¿Por qué? Según la prensa, CiU consiguió que la inversión pública destinada a Cataluña se discuta en una comisión bilateral y no en el Parlamento, y en cuanto al PNV, asegura unos 70 millones de euros adicionales para inversiones en esa región y la renovación del Cupo 'de forma continuista'; es decir, manteniendo el escandaloso privilegio que supone.
Eso es lo que se dice, pues ninguno de los interesados ha revelado nada y menos el Gobierno, quien parece instalado en la costumbre de desdeñar la máxima parlamentaria de luz y taquígrafos. Ha sido siempre evidente que la discusión de los PGE es ocasión propicia para el regateo y la negociación de ventajas -'votos a cambio de millones', como ha afirmado un prestigioso historiador- con el Gobierno, y más si éste se encuentra en una posición delicada. Pero lo que, año tras año, sucede con los grupos nacionalistas es algo diferente porque su falta de integración en la política nacional explota cualquier situación convirtiéndola en una pugna contra los intereses generales del país y en un instrumento de confrontación con el Gobierno de la nación o sus instituciones representativas. Se trata en ésta como en anteriores ocasiones de obtener ventajas financieras o competenciales para sus respectivas comunidades con olvido absoluto del interés público.
Los hacendistas ingleses, al hablar de las discusiones presupuestarias, solían decir que 'el papel del Gobierno consiste en proponer; el del Parlamento, en disponer', pero mucho me temo que hoy en día ninguno de ambos preceptos se cumpla, pues el Gobierno también suele disponer y, además, los textos que constituyen los PGE son cada vez menos informativos del papel y los objetivos que aquél se propone realizar.
Pero a estas dificultades que compartimos con otros regímenes parlamentarios se han añadido en España los efectos de un sistema electoral que otorga un poder desmedido en el sistema de partidos a los representantes de los nacionalismos, de tal forma que no sólo gobiernan en sus comunidades a base de una confrontación permanente con los intereses generales del país sino que, además, actúan en el Parlamento nacional como auténticos grupos de presión que defienden descarnadamente sus privilegios y no los intereses de todos los españoles.
Raimundo Ortega. Economista