_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

El año agrícola y... lo que viene

Con su veranillo y la correspondiente feria, San Miguel nos ha traído un nuevo año agrícola. Se ha cerrado la primera campaña tras la puesta en marcha de la nueva Política Agraria Común (PAC), el pasado 1 de enero, y también primera campaña después de la severa sequía de 2005. En promedio nacional el año ha sido suficiente en precipitaciones (596 mm), aunque no permite recuperar las reservas hidráulicas tan notables de que disponíamos a principios de 2005. No obstante, la actual década está mostrándose más generosa (640 mm de promedio 2000/2006), que la de los noventa (551 mm de media entre 1990/1999). Térmicamente los calores primaverales contribuyeron a recortar la producción de cereales. En consecuencia, el balance nacional de cosechas y previsiones viene más influido por los cambios políticos que por el año meteorológico, independientemente de las circunstancias locales o regionales.

La cosecha de cereales es similar al promedio ya secular de los 20 millones de toneladas. De nada sirven los 1.800 millones de euros que se reparten en subvenciones a los agricultores de estos cultivos, ni la tercera parte del regadío español que a ellos se dedica. Seguimos teniendo que importar una tercera parte de las necesidades nacionales de cereales. Lo único significativo es la disminución de las superficies dedicadas a trigo duro (-17%), maíz (-13%) y arroz (-9%), como lógica respuesta de los agricultores al desacoplamiento de las ayudas que les orienta hacia producciones con menores costes de producción, mayores rendimientos o más sencillos de cultivar. Estas son también las razones que justifican el incremento de superficie de girasol (+19%) y los retrocesos de algodón (-21%), remolacha y tabaco.

La normalidad de la campaña se refleja también en las estimaciones para vino (42 millones de hectolitros) y aceite (1,2 millones de toneladas). El notable avance de ambas producciones permite que España sea primer exportador mundial en cantidad, aunque no en valor en el caso del vino. Es posible que en los próximos años el almendro siga la trayectoria expansiva y de intensificación productiva del viñedo y del olivar. La previsible crisis de algunos cultivos anuales, grandes consumidores de agua, puede permitir la profesionalización en la producción de almendra y otros frutos secos, con plantaciones mecanizables y riego por goteo, aproximándonos a los sistemas utilizados en California. De hecho, en los dos últimos años se están registrando notables incrementos de producción en Aragón, Cataluña y Valencia. No hay que olvidar que, tras EE UU, España es el segundo productor mundial de almendra.

En promedio nacional, las producciones de frutas y de hortalizas se han visto más afectadas por causas ligadas a los mercados que a las circunstancias climatológicas, y ello tanto en 2005 como en 2006, gracias al capital hidráulico y de regadíos de este país que permite mantener el potencial exportador a pesar de las crecientes dificultades en los mercados.

En cualquier caso, la agricultura española deberá enfrentarse en los próximos años a un complejo proceso de profesionalización empresarial que le permita competir en mercados cada día más abiertos. Esta situación obliga a modificar drásticamente la estructura empresarial, históricamente basada en la explotación familiar, para incorporarse a la dinámica de la economía actual, que impulsa la concentración, integración intersectorial y la externalización de funciones.

El desmantelamiento de la Política Agraria Común y la nueva orientación de la política rural europea hacia ayudas de carácter territorial, y no productivas, no admite otra estrategia que la de la competencia en los mercados. La alternativa sería consolidar un modelo basado en la dependencia permanente de unas ayudas públicas que, en el futuro, van a ir reduciéndose y serán cofinanciadas por los países y regiones, orientándose hacia zonas frágiles, marginales o de especial interés medioambiental.

Este proceso no va a demandar nuestra aceptación o rechazo. La lógica de la economía actual implica que, donde no hay lucro privado, o existe gasto público o el territorio se abandona. En consecuencia, ante la insuficiencia del presupuesto público para atender al conjunto del territorio y evitar su abandono, sólo un modelo empresarial competitivo en los duros mercados que se intuyen en el escenario de futuro puede garantizar la pervivencia de un sector tan estratégico para cualquier país que no haya perdido la brújula.

Carlos Tió.Catedrático de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid

Archivado En

_
_