Corrupción urbanística y sistema crediticio
La solución a los problemas derivados de la corrupción urbanística debe venir de los gestores públicos, según el autor. En su opinión, los ingentes compromisos que el sistema crediticio español tiene con el sector inmobiliario exigen medidas prudentes que eviten la paralización abrupta de la actividad
Durante los últimos meses han engordado, como una bola de nieve, los problemas de los desafueros urbanísticos y los escándalos de corrupción municipal y autonómica. El caso del Ayuntamiento de Marbella y las presuntas responsabilidades de la Junta de Andalucía, como titular de las competencias de ordenación del suelo de la región, son paradigmáticos de lo que viene sucediendo en ésta y otras partes de España. Sin embargo, hasta la fecha, no ha aparecido propuesta alguna de carácter general para atajar un mal que corroe el crédito del poder público y, lo que es peor, puede causar perturbaciones graves en el desenvolvimiento del sector de la construcción que, junto con el consumo, son los motores que mueven la economía española.
Desde que en los años 1995 y 1996 se remontó la crisis económica, que también afectó al sector inmobiliario, se ha impuesto en España un modelo de crecimiento basado en la llamada política del ladrillo, que se traduce en el lanzamiento al mercado de un mínimo de 500.000 nuevas viviendas al año, cuyo incremento de precios anual es notoriamente superior al de la inflación. Tales viviendas son adquiridas con el concurso necesario del sistema crediticio que, a través de políticas cada vez más agresivas en la concesión de préstamos hipotecarios, se ha convertido de facto en el primer comprador de viviendas del país. Y esta circunstancia, que puede gustar más o menos, es una realidad que conviene tener presente cuando se agitan las aguas, muchas de ellas turbias y pantanosas, de la construcción en España.
Los ayuntamientos españoles, siempre deficitarios en recursos para hacer frente a las exigencias de sus vecinos, han utilizado la demanda de suelo urbano como fórmula para resolver sus problemas financieros y no siempre en beneficio del interés general. La corrupción, en mayor o menor medida, se ha ido asentando allí donde la demanda era fuerte y las plusvalías más importantes. La costa y las grandes ciudades han sido los objetivos más apreciados, sin que en todos estos años hayan existido iniciativas gubernamentales para ordenar y reconducir las desmesuras que se han producido.
Más allá de actuaciones judiciales concretas, algunas con gran acompañamiento mediático, los problemas siguen intactos, porque los jueces no son los llamados a resolverlos. Son los gestores públicos los obligados a ello y, por el momento, no parecen estar por la labor. Se limitan a agregarse al coro mediático y a proclamar su fe en la justicia.
Por eso no es de extrañar que quienes conocen el problema y el alcance futuro de los sucesos que estamos viviendo empiecen, aunque sea tímidamente, a expresar su inquietud. A este propósito, las declaraciones del presidente de la mayor caja de ahorros de Andalucía pidiendo prudencia y objetividad en el tratamiento de estos asuntos son indicativas de lo que digo: el sistema crediticio español tiene ingentes compromisos con el sector inmobiliario y nutre sus propios activos con las miles de operaciones hipotecarias que ello conlleva.
Cualquier asomo de paralización abrupta entre las grandes compañías que operan en la construcción podría tener consecuencias negativas, sobre todo en regiones como Andalucía, en la que no existen alternativas sólidas a la política del ladrillo. Porque eso no se resolvería con incrementos del PER, que tanto juego ha dado en la región. De ahí, la responsabilidad de la Junta de Andalucía para evitar el desbordamiento.
Dejando a salvo las actuaciones judiciales, que tienen un ámbito perfectamente definido, parece urgente salir de la lamentación y de las acusaciones recíprocas entre los responsables públicos, para buscar la salida a un problema que parece, como tantos otros, que está fuera de control. La debilidad del poder central y la maraña de competencias de las Administraciones locales y regionales han convertido a la primera industria de España, la construcción, en un campo de Agramante. La proximidad de las elecciones locales no debería excusar la puesta en marcha de iniciativas que traten de poner orden, siendo quizá la principal recuperar competencias que el poder central nunca debió dejar en manos de otras Administraciones que ya han demostrado su falta de capacidad para ejercerlas.