Intervención y revisión de mercados
Intervenir la tasación de la materia prima es el objetivo del Gobierno con la futura Ley del Suelo para romper la cadena de encarecimiento de la vivienda. En las siguientes fases del proceso productivo, urbanización y edificación, así como la obra pública, la materia prima determinante es el cemento y, desde su liberalización en 1980, los precios no se vieron contenidos o reducidos por las leyes del mercado en la zona norte peninsular, consecuencia de la ausencia de competencia real y efectiva. Se trata de la subsistencia de un monopolio, en la medida en que incide en el funcionamiento del sector y los bienes sociales fabricados, cuestión de Estado que es preciso revisar.
El cemento, la base de infraestructuras y edificaciones, no lleva en su interior ni proyectos ni diseño ni publicidad. El bajo valor por unidad de peso, el kilo, convierte al transporte en el elemento clave para su comercialización. La industria del hormigón, industria transformadora por excelencia dentro de los materiales de construcción, lo utiliza en sus plantas como materia prima. Pese a que el hormigón es un material con poco peso en el valor total de la edificación, su importancia en la misma es desproporcionada a su valor.
El cliente del cemento es la construcción, y el principal cliente de la construcción es el Estado a través de la obra pública. En el mercado del cemento constituido como monopolio estructurado regionalmente, al quedar definidos los precios por regiones, la única forma posible de forzar a la baja los precios es que se permita la libertad de entrada a nuevos competidores. Digo posible porque los cementeros compiten en todo menos en precios para sostener el entramado del que surgen los beneficios para ellos. En esta coyuntura o en cualquier otra, los precios siempre suben, nunca bajan, y en Asturias se registran los más altos de España.
Entre el proveedor y el cliente (constructor-industrial) existe una enorme diferencia de potencial financiero. Dicha diferencia, apoyada por la nula competencia, permite al proveedor imponer sus precios, sin ningún protagonismo por parte del cliente. Y, a través de efectos secundarios, esta imposición se traslada a las grandes empresas contratistas de obra pública. Estas son las reglas del mercado, no hay otras.
Por otra parte, el proceso de integración vertical llevado a cabo por los grupos cementeros, debido a la capacidad financiera generada en estas décadas, tanto hacia atrás (canteras, áridos) como adelante (hormigón, morteros, prefabricados, etcétera), supuso que parte de las empresas consumidoras quedaron absorbidas. La fuerza de negociación por el lado de la demanda es menor respecto a los precios de suministro, ya que la oferta de cemento/hormigón se concentró, adquiriendo ésta más fuerza. Este desequilibrio, unido al coste del transporte, convierte al libre mercado, en la práctica, en un mercado cautivo, uno más de los activos del balance del proveedor; su mejor activo. De aquí, las maniobras que se ejecutan en los puertos para bloquear la entrada a competidores potenciales.
El alto precio del cemento perjudica el desarrollo de una industria más diversificada en materiales con mayor valor añadido que el cemento: la importancia de la materia prima es tal que la capacidad para reducir el precio, mejorando el proceso productivo y distributivo, es nula.
Y, en segunda ronda, a los ciudadanos doblemente. En términos generales, el valor relativo que representa el coste del cemento en el conjunto de las obras es bajo. No así el efecto multiplicador que provoca el mínimo desajuste en el precio de suministro al penetrar en la cadena de valor (industria, subcontrata, contrata principal, propiedad, comprador final) en forma de hormigón y otros materiales, acumulando un coste inflacionario diluido en las unidades de trabajo de gran volumen del producto final, que el ciudadano compra y paga como consumidor-inversor de un bien de consumo duradero (vivienda) y como contribuyente (obra pública). A mayor volumen, mayor efecto multiplicador, mayor esfuerzo fiscal para financiar la obra pública con impuestos propios o no.
El impacto que ha tenido la competencia en la zona del Mediterráneo, con el hundimiento de precios, ha supuesto una baza para presionar a la baja los precios del hormigón y la capacidad real de vender para la industria de materiales en cada punto de consumo, pese al inconveniente clásico del coste asociado al transporte.
Se apela al Estado para que cumpla con su segunda razón de ser: promover la competencia, esto es, facilitar trasvases entre mercados con situaciones distintas favoreciendo el ajuste de precios, gracias al acceso marítimo, para el bien del empleo, clientes, proveedores y del propio Estado.
Lo demás puede hacer más mal que bien, según enseña la experiencia histórica.