Saneamiento de RTVE
La Comisión Europea comunicó en 2003 al Gobierno español que, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, RTVE se considerará como un organismo administrativo del Estado a efectos de la imputación de su déficit y deuda, ya que el aval del Estado sin límite a sus préstamos se ha considerado como ayuda pública, que interfiere la competencia, y es desproporcionada a la noción de servicio público de RTVE. Su pérdida anual sobrepasa los 750 millones de euros, tiene una deuda acumulada de más de 7.000 millones de euros y el coste para la sociedad española ha sobrepasado los 10.000 millones de euros.
Cuando en el mercado existen ya bastantes operadores privados actuando en competencia, y en el futuro seguirán aumentando con las televisiones digitales, ¿no existirán razones políticas para mantener una televisión comercial, cuando las funciones de servicio público podrían continuar realizándose por la sociedad pública Servicio Público de Televisión?
El Gobierno ha adoptado la estrategia de mantener bajo su control tanto la televisión de servicio público como la televisión comercial de RTVE. Dado que el vicepresidente económico puso como condicionante para asumir la deuda de RTVE el equilibrio de sus cuentas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha presentado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) que ha sido aprobado en la forma siguiente: la plantilla objetivo de RTVE se fija en 6.400 trabajadores, más del doble de televisiones privadas de rango análogo, con un recorte de 4.150 empleos, el 39% de la plantilla total, que se llevará a cabo a través de prejubilaciones de trabajadores que actualmente tengan 50 años y hayan estado contratados como fijos durante seis años.
El acuerdo sobre prejubilación está en contra de lo dispuesto en el acuerdo de las pensiones ratificado por el Gobierno
Las condiciones económicas están situadas entre el 80% y un 90% del salario neto, que será actualizada anualmente por el índice de precios al consumo previsto y nunca por debajo de los incrementos que se decidan para la plantilla que siga en activo. Las prejubilaciones se completarán con bajas voluntarias incentivadas y RTVE se compromete a transformar en fijos a 450 de sus actuales temporales y crear 1.358 nuevas plazas. El saneamiento propuesto no eliminará el déficit de RTVE.
El acuerdo sobre prejubilación está totalmente en contra de lo establecido en el acuerdo de las pensiones ratificado por el Gobierno, en el que se ponen cortapisas a las prejubilaciones con cargo a la Seguridad Social. Además, la cuantía que se garantiza a los prejubilados la consideramos muy generosa. Prácticamente van a seguir cobrando lo mismo, con actualización por la inflación, sin realizar trabajo alguno. El coste de las prejubilaciones se estima entre 145 y 194 millones de euros anuales, teniendo en cuenta la actualización por el índice de precios al consumo del 3% y una duración media de 10 años antes de pasar a jubilación a los 65 años. El valor actual a una tasa del 3% estará entre 1.455 y 1.940 millones de euros.
El acuerdo adoptado para sanear RTVE lo que hace es trasladar al sistema de pensiones públicas el coste de dicho saneamiento, agravando la falta de sostenibilidad del sistema en perjuicio de los actuales cotizantes. A esto ha conducido el que todos los Gobiernos hayan mantenido la caja tonta y quieran seguir manteniéndola sin enfrentarse a los problemas reales. ¿Por qué se empeñan los Gobiernos en mantener una televisión comercial con las cuantiosas pérdidas que genera, cuando hemos privatizado tantos servicios públicos esenciales para el desarrollo (comunicaciones, energía...)? Se ha dicho en la sección de opinión en este mismo diario, el 14 de julio pasado, que 'la intervención pública debe limitarse a la defensa de la libertad de mercado, la competencia, la seguridad jurídica y los derechos del consumidor'; estoy totalmente de acuerdo.
Una cuestión previa para el futuro de la televisión pública es la definición del servicio público de la misma. La Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para 2002 definió el servicio público de televisión diciendo que 'comprende la producción y emisión de un conjunto equilibrado de programaciones y canales generalistas y temáticos de radio y televisión, que integren programas diversificados, de todo tipo de géneros, con el fin de atender las necesidades democráticas, sociales y culturales del conjunto de los ciudadanos, garantizando el acceso de la ciudadanía a información, cultura, educación y entretenimiento de calidad'.
La definición es vaga e imprecisa, lo contrario de lo dispuesto en la Comunicación 2001/C320/04 de la Comisión. La finalidad es que pueda entenderse como servicio público toda la programación de RTVE. La citada comunicación establece que la definición de servicio público debe ser tan exacta como sea posible, ya que a falta de una definición clara y precisa de las obligaciones impuestas al organismo público de radiodifusión, la Comisión no estaría en condiciones de llevar a cabo las tareas para determinar la compatibilidad de las ayudas estatales, y no podría por lo tanto aceptarlas. Hay que tener en cuenta que todo recurso público transferido a una empresa pública, incluso cuando cubra costes netos derivados de las obligaciones de servicio público, se considera ayuda estatal.
La elección del sistema de financiación de la televisión pública es competencia de cada Estado miembro, si bien se establece el condicionante de que no afecte a la competencia en los mercados pertinentes (publicidad y adquisición o venta de programas) en una medida contraria al interés comunitario, a cuyo efecto la Comisión efectuará las oportunas comprobaciones para ver si la medida adoptada no es desproporcionada.
Igualmente, si hay financiación pública, su razón de ser se encuentra (número 44 de la comunicación) en las obligaciones de servicio público que se imponen a los servicios de radiodifusión públicos, que pueden justificar una compensación en la medida en que generen costes suplementarios en los que el organismo de radiodifusión no habría incurrido en condiciones normales.
Si no se redefine la función de servicio público de la televisión en la forma dispuesta en la mencionada comunicación de la Comisión vamos a tener multitud de problemas por la falta de transparencia en la financiación. Pero los efectos perversos de la televisión pública no acaban aquí, aún queda que el Estado asuma su deuda, haciendo recaer sobre los contribuyentes una carga fiscal de más de 200 millones de euros anuales. Todo lo expuesto, por no haber querido privatizar los servicios comerciales de la televisión pública. A los políticos no hay quien los entienda.