COLUMNA

Otra ley de educación, y van...

El Gobierno acaba de aprobar un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Universidades para su remisión a informe del Consejo de Estado y posterior aprobación por el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes. En los últimos 25 años han sido promulgadas siete leyes, a las que se unirá la que vamos a comentar, que se espera verá la luz este año. El producto que resulta de una nueva ley de educación tarda en conocerse, transcurren de 10 a 15 años, por lo que me parece una ineficiencia que la duración media de estas leyes esté situada en España ligeramente por encima de tres años.

A pesar de que la educación reúne las características de los bienes privados, por razones de equidad los hacendistas consideramos que la integración social y la cohesión que se derivan de que los jóvenes reciban un acervo común, sin distinción del nivel de renta ni la categoría socioeconómica a la que pertenecen, justifica que la enseñanza básica sea gratuita y así lo consagra nuestra Constitución. A la educación universitaria se ha trasladado en la práctica el principio de gratuidad, ya que los estudiantes universitarios sólo pagan, a través de las tasas, entre el 15% y el 20% del coste de la educación que reciben; el resto se financia con fondos públicos a través de los impuestos generales. Dado que la educación universitaria no es un bien público puro, sino que es un bien preferente que genera externalidades positivas, su financiación en la forma que actualmente se realiza produce falta de equidad en el sistema, así como ineficiencia en su gestión.

No se garantiza la equidad, ya que los fondos públicos que financian la universidad provienen de impuestos que son pagados por todos los españoles, ricos y pobres, en cambio los alumnos universitarios provienen proporcionalmente en mayor número de familias de renta media alta y muy alta y de familias con estudios universitarios, generando efectos distributivos perversos, ya que se redistribuyen recursos desde las familias más pobres a las más ricas.

En cuanto a la eficiencia, en el informe de la OCDE Desde la educación al trabajo, dedicado al abandono de los estudios por jóvenes de 25 países comprendidos entre 20 y 24 años, España se encuentra en una situación desastrosa, situándose en el grupo de países en los que más de un 25% de los jóvenes han abandonado su educación. A mi juicio, el principal factor causante de ineficiencias se encuentra en la mala organización del sistema educativo, en la falta de responsabilidad de los agentes del sistema (centros, profesores, alumnos y familia), en la no organización de un sistema público de educación donde exista un mercado competitivo regulado de la educación entre centros públicos y privados, con libertad absoluta de elección de centro y donde el dinero público siga al estudiante. La calidad se convertirá así en el instrumento de cada centro para conseguir estudiantes, si no hay estudiantes no hay subvención pública.

Los principios de la reforma aprobada son los siguientes:

una mayor autonomía de la universidad para establecer qué títulos se impartirán y para la contratación de profesores;

como contrapartida deberán rendir cuentas del trabajo realizado a la Agencia Nacional de Educación, que examinará la calidad de los estudios superiores;

modificación en el acceso de los profesores a las plazas universitarias, que deberán acreditar una serie de méritos ante un tribunal, sustituyendo al actual sistema de habilitación;

fomento de la investigación universitaria, favoreciendo la movilidad de los investigadores y la creación de institutos mixtos de investigación;

aprobación de los siguientes estatutos: del profesorado universitario, del personal investigador y del estudiante universitario, así como un Consejo del Estudiante Universitario para promover la igualdad entre hombres y mujeres en los órganos de gobierno de las universidades;

desdoblamiento del Consejo de Coordinación Universitaria en dos organismos: una Conferencia Sectorial en la que estarán representados el Gobierno central y las comunidades autónomas y un Consejo de Universidades, del que formarán parte los rectores, el ministerio y personalidades destacadas.

Pretende resolverse el problema de la ineficiencia en la gestión de la educación con nuevas intervenciones públicas, que no conseguirán otra cosa que agravar los problemas. Es justamente lo contrario de lo que debería hacerse. En cuanto a la mejora de la equidad, parece que al Gobierno socialista no le preocupa este problema, que tanto perjudica a los estudiantes universitarios de baja renta. La falta de equidad en la financiación de la educación universitaria nos enfrenta al problema de efectuar una propuesta que la corrija. El coste de la educación universitaria demandada por los estudiantes se financiaría por los presupuestos públicos en un 30% en razón de las externalidades positivas que genera la educación, y el 70% restante se pagaría por los estudiantes.

Por razones de equidad, a los estudiantes de familias de renta baja y media baja se les concedería una beca que cubriría el mencionado 70%. La beca se financiaría con cargo a los presupuestos públicos, a cuyo efecto se entregaría a los estudiantes un bono acreditativo del importe de la beca, que cederían a la universidad donde se matriculen.

Con independencia de lo expuesto, cuando un estudiante de estrato socioeconómico de baja renta se matricule fuera de su provincia, los gastos de desplazamiento se financiarían por el presupuesto, y cuando en razón de su entorno familiar no pudiera cursar estudios universitarios, aun teniendo capacidad para ello, a causa de tener que incorporarse al mercado de trabajo, se le concedería un préstamo-salario que se instrumentaría a través de las entidades financieras, avalado por el Estado, y el interés se subvencionaría por el presupuesto.

El modelo propuesto daría lugar a que las universidades, al tener que luchar para captar alumnos, sin los cuales no tendrían financiación, modificarían sus estructuras organizativas y sus procesos de toma de decisiones para hacerlos más eficientes, y al mismo tiempo adoptarían su oferta de titulación y su calidad a lo que la sociedad demandase. En el mercado competitivo de la educación universitaria se daría entrada a las universidades privadas en las mismas condiciones de las públicas.

Las universidades que tuvieran una petición de estudiantes superior a su oferta efectuarían la selección en función del aprovechamiento de los alumnos en los estudios de bachillerato y en el ingreso en la universidad. La competencia traería eficiencia y no las crecientes intervenciones públicas, y el cambio en la financiación introduciría equidad en el mercado público regulado de la educación.

La función del Estado debe centrarse en la financiación pública de la educación, en la forma expuesta, y en establecer un mercado competitivo regulado público-privado de la educación. Pasó ya la hora de pensar que todo se arregla a través de intervenciones públicas.